La próxima XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”, plantea una pregunta fundamental: ¿Qué significa hoy construir comunidad en una región tan diversa, desigual y plural como Iberoamérica?
Responder seriamente a esa pregunta exige reconocer que la comunidad iberoamericana no puede edificarse únicamente desde los Estados, los gobiernos o las instituciones multilaterales. Tampoco puede proyectarse hacia el futuro dejando fuera a quienes han sido históricamente marginados de los espacios de decisión política. Construir comunidad implica asumir plenamente la diversidad cultural, lingüística, territorial y civilizatoria que caracteriza a nuestra región. Y ello supone reconocer a los Pueblos Indígenas no como actores periféricos, sino como sujetos políticos fundamentales en la construcción democrática del presente y del futuro iberoamericano.
La Declaración de Santa Marta supone avanzar hacia nuevas formas de políticas públicas entre Estados y Pueblos Indígenas
En este contexto, el proceso impulsado en los últimos años por el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), los gobiernos de la región y las organizaciones indígenas adquiere una relevancia estratégica. Particularmente, el V Encuentro de Altas Autoridades de Gobiernos y Pueblos Indígenas de Iberoamérica, realizado en Santa Marta, Colombia, constituye uno de los hitos políticos más importantes en materia de diálogo intercultural y gobernanza regional de las últimas décadas.
La Declaración de Santa Marta no es solamente un documento político más. Expresa la consolidación progresiva de un espacio iberoamericano de diálogo entre Estados y Pueblos Indígenas que, con dificultades y desafíos aún pendientes, ha logrado avanzar hacia formas inéditas de construcción compartida de políticas públicas, acuerdos regionales y mecanismos de cooperación intercultural.
Ese proceso representa un cambio profundo respecto de la historia latinoamericana e iberoamericana. Durante un largo periodo los Pueblos Indígenas fueron excluidos de los espacios de deliberación política regional. Sus demandas fueron frecuentemente reducidas a cuestiones sectoriales, sociales o asistenciales. Sin embargo, en las últimas décadas, el fortalecimiento de los movimientos indígenas, el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y la creciente conciencia sobre la importancia de la diversidad cultural han transformado progresivamente este escenario.
Hoy resulta cada vez más evidente que los grandes desafíos contemporáneos —la crisis climática, las desigualdades estructurales, la pérdida de biodiversidad, la erosión democrática, la violencia contra mujeres y niñas indígenas, la protección de los territorios, la transición energética o la cohesión social— no podrán enfrentarse adecuadamente sin la participación efectiva de los Pueblos Indígenas y sin el reconocimiento de sus conocimientos, sistemas de vida y propuestas de futuro.
En ese marco, el Plan de Acción de Iberoamérica para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas constituye probablemente una de las iniciativas más innovadoras desarrolladas en el ámbito regional iberoamericano. Su importancia radica no solo en los temas que aborda, sino en la lógica política que propone: avanzar desde las declaraciones generales hacia mecanismos concretos de implementación, seguimiento, evaluación y cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y Pueblos Indígenas.
El Plan de Acción ha permitido ordenar prioridades comunes en ámbitos fundamentales: participación política; derechos de las mujeres indígenas; juventudes; educación intercultural; salud; protección de conocimientos tradicionales; derechos territoriales; desarrollo sostenible; cambio climático; recopilación de datos; fortalecimiento institucional y combate a las múltiples formas de discriminación que continúan afectando a los Pueblos Indígenas.
Pero quizás uno de sus aportes más significativos ha sido generar una arquitectura regional de diálogo político intercultural relativamente estable. Las reuniones intergubernamentales, los encuentros consultivos indígenas, los espacios de participación de mujeres y juventudes indígenas, así como la articulación con organismos internacionales y bancos multilaterales, han ido configurando una experiencia singular dentro del sistema iberoamericano.
Hay que avanzar hacia formas de gobernanza intercultural que redefinan la forma en que nuestras sociedades toman decisiones colectivas
La Segunda Evaluación de los avances del Plan de Acción muestra precisamente que, pese a las limitaciones existentes, se han producido avances relevantes en materia normativa, institucional y programática en diversos países de la región. Al mismo tiempo, evidencia la persistencia de profundas brechas de implementación, restricciones presupuestarias, debilidades institucionales y desigualdades estructurales que afectan especialmente a los Pueblos Indígenas.
Sin embargo, uno de los aprendizajes más importantes que deja este proceso es que la implementación de derechos no puede reducirse únicamente a reformas legales o programas públicos aislados. Requiere transformar las formas tradicionales de relación entre Estados y Pueblos Indígenas. Exige construir confianza política, fortalecer mecanismos permanentes de participación, generar instituciones interculturales y reconocer efectivamente la libre determinación y la autonomía de los Pueblos Indígenas.
En otras palabras, el desafío ya no consiste solamente en incorporar la cuestión indígena dentro de las políticas públicas existentes. El desafío es avanzar hacia formas de gobernanza intercultural capaces de redefinir democráticamente la manera en que nuestras sociedades toman decisiones colectivas.
Allí reside la enorme relevancia política del proceso que hoy vive Iberoamérica, y una de las claves para dar respuesta a la pregunta sobre cómo podemos avanzar en la construcción de una comunidad iberoamericana que de manera mancomunada haga frente a los formidables desafíos del presente y del futuro. En un contexto internacional marcado por la fragmentación, los discursos excluyentes y las crecientes tensiones sociales, la experiencia iberoamericana de diálogo entre Gobiernos y Pueblos Indígenas ofrece una señal distinta: la posibilidad de construir consensos amplios desde la diversidad y no contra ella.
Esto adquiere además una dimensión global. La región iberoamericana podría transformarse en un referente internacional en materia de diálogo intercultural, implementación de derechos colectivos y construcción plural de ciudadanía democrática. No porque haya resuelto sus problemas históricos —que siguen siendo enormes— sino porque ha comenzado a desarrollar mecanismos innovadores para enfrentarlos colectivamente.
Los Pueblos Indígenas representan una posibilidad de futuro
La Declaración de Santa Marta apunta precisamente en esa dirección. Sus acuerdos y compromisos reflejan una comprensión más compleja e integral del desarrollo, de la democracia y de los derechos humanos. Reconocen la necesidad de fortalecer la participación efectiva de los Pueblos Indígenas en todos los niveles de decisión; avanzar en la implementación de los derechos reconocidos internacionalmente; combatir el racismo y la discriminación; proteger los territorios y conocimientos ancestrales; fortalecer a las mujeres y juventudes indígenas; y consolidar institucionalmente este espacio iberoamericano de diálogo político.
Todo ello conecta directamente con el sentido más profundo del lema de la próxima Cumbre Iberoamericana. Construir comunidad no significa homogeneizar nuestras sociedades ni invisibilizar sus diferencias. Significa precisamente lo contrario: construir un horizonte compartido a partir del reconocimiento mutuo, la justicia, la participación y la dignidad de todos los pueblos que conforman Iberoamérica.
Los Pueblos Indígenas no representan únicamente una deuda histórica pendiente. Representan también una posibilidad de futuro. Sus propuestas sobre sostenibilidad, cuidado de la naturaleza, vida comunitaria, equilibrio territorial y convivencia intercultural ofrecen aportes fundamentales para repensar nuestros modelos de desarrollo y nuestras democracias.
Por ello, el camino abierto desde Santa Marta hacia Madrid no debiera entenderse solamente como una agenda sectorial indígena dentro del sistema iberoamericano. Se trata, más profundamente, de una oportunidad para redefinir el propio proyecto iberoamericano desde una lógica más democrática, intercultural e inclusiva.
En tiempos de incertidumbre global, quizás una de las contribuciones más valiosas que Iberoamérica puede ofrecer al mundo sea precisamente esta: demostrar que es posible construir comunidad política desde la diversidad, mediante el diálogo, el reconocimiento recíproco y la participación efectiva de todos los pueblos.
Porque solo así podremos construir juntos nuestra comunidad. Y solo así podremos proyectarla verdaderamente hacia el futuro y hacia el mundo.
