Sequías más largas, olas de calor más intensas, impactos sobre la energía o los alimentos. Para Juan Bello, director regional adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en América Latina y el Caribe, la crisis climática ya no es una amenaza lejana: se manifiesta en fenómenos cotidianos que afectan directamente a la economía y a la vida de las personas. Pero también abre una oportunidad para avanzar en respuestas compartidas. En esta entrevista para Somos Iberoamérica analiza los desafíos ambientales que comparten ambos lados del Atlántico y explica por qué el agua puede convertirse en una clave para entender la crisis climática.
La crisis climática, la pérdida de biodiversidad y la contaminación forman la llamada “triple crisis planetaria”. ¿Cómo puede una agenda común iberoamericana ayudar a abordarla?
Una visión regional y transfronteriza permite comprender mejor las interconexiones entre estas crisis y encontrar soluciones conjuntas. Iberoamérica comparte ecosistemas, relaciones económicas y desafíos ambientales muy similares, lo que facilita identificar impactos comunes y avanzar hacia respuestas coordinadas. La región tiene la oportunidad de impulsar estrategias que reduzcan emisiones, refuercen la adaptación al cambio climático, frenen la pérdida de biodiversidad y reduzcan la contaminación, especialmente mediante una gestión más eficiente de los residuos y los recursos naturales.
¿Cuáles son esos desafíos ambientales compartidos a los que hace referencia y qué respuestas coordinadas habría que orquestar?
Tanto en la península ibérica como en América Latina y el Caribe —a distinta escala y con características propias— se están intensificando fenómenos extremos con fuertes consecuencias económicas y sociales. Uno de los impactos más claros es la sequía y el estrés hídrico. Las estaciones secas son cada vez más largas y afectan a sectores clave como la agricultura, la energía o el abastecimiento urbano. En España, por ejemplo, las pérdidas económicas asociadas a la sequía se han estimado en aproximadamente 11.000 millones de euros. Al mismo tiempo se intensifican olas de calor, inundaciones y tormentas, con efectos sobre infraestructuras, cultivos y vidas humanas.
En algunos países latinoamericanos estos fenómenos están afectando incluso a la seguridad energética. En Ecuador, por ejemplo, el descenso de los niveles de los embalses en 2024 llegó a provocar graves cortes de electricidad durante meses a lo largo de todo el país. Otro desafío creciente son los incendios forestales, cada vez más frecuentes y devastadores. A ello se suman los impactos del aumento del nivel del mar, especialmente en el Caribe, donde muchas ciudades y economías dependen de ecosistemas costeros. Y, por supuesto, está la pérdida de biodiversidad, que afecta a toda la región. Aunque se han ampliado las áreas protegidas, los motores de degradación siguen siendo más fuertes. Un dato muy revelador es que, por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, al menos 39 se destinan a actividades que la degradan
Por cada dólar invertido en proteger la naturaleza, al menos 39 se destinan a actividades que la degradan
Defiende que el agua puede ser un eje clave para entender la crisis climática. ¿por qué?
El agua es uno de los servicios ecosistémicos más visibles y cercanos a la vida cotidiana y también la primera expresión de la naturaleza de la biodiversidad bien cuidada. Cuando hablamos de crisis climática, de sequías o inundaciones, no estamos hablando de algo abstracto. Hablamos de agricultura, de alimentos, de energía, de ciudades, de realidades que se ven y se sienten. Por eso el agua puede convertirse en una puerta de entrada para entender la relación entre cambio climático, biodiversidad y bienestar humano.
El ciclo del agua depende en gran medida de la salud de los ecosistemas. Cuando estos se degradan, ese ciclo se vuelve más inestable y aumentan los extremos: más sequías, pero también más inundaciones. Los territorios con ecosistemas bien conservados suelen tener una regulación natural del agua mucho más estable. Por eso la gestión del agua no puede basarse únicamente en infraestructura gris —presas, canales o embalses—. Necesita también necesita infraestructura verde y azul, es decir, ecosistemas sanos que regulen de forma natural ese ciclo.
Al final, la pregunta es muy sencilla y poderosa: ¿de dónde viene el agua y qué la regula? Cuando empezamos a responderla, entendemos mejor toda la crisis ambiental.
¿Cómo pueden cooperar gobiernos, empresas y sociedad civil para transformar sectores clave como la agricultura o la energía?
El primer paso es crear condiciones habilitantes que permitan a las empresas reducir su impacto sobre la biodiversidad y avanzar hacia modelos positivos para la naturaleza. Según el informe reciente del Panel Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos sobre negocios y biodiversidad, esto implica actuar en varios frentes: mejorar los marcos políticos y regulatorios; ajustar políticas económicas y financieras; promover cambios culturales y en los valores sociales; fortalecer el uso de tecnología y datos; y desarrollar capacidades y conocimiento. Por ejemplo, los gobiernos pueden incentivar prácticas empresariales sostenibles mediante regulaciones, estándares o incentivos económicos. Al mismo tiempo, el sector financiero puede utilizar datos y tecnología para evaluar riesgos asociados a la pérdida de biodiversidad e integrarlos en sus decisiones de inversión. Proteger la naturaleza no es solo una cuestión ambiental: es la clave para reducir riesgos y asegurar viabilidad económica a largo plazo.
En un contexto en el que algunas personas cuestionan el cambio climático, ¿cómo se puede generar confianza en lugar de confrontación?
Una forma efectiva es centrar el debate en problemas concretos que afectan directamente a la población. Por ejemplo, en lugar de discutir de forma abstracta sobre cambio climático, ¿por qué no hablamos de las olas de calor que se han duplicado en muchas regiones en las últimas décadas?
Es interesante ver cómo el debate del cambio climático se ha etiquetado en muchos casos como una cuestión ideológica, es decir, es algo en lo que se cree o no se cree, dependiendo de la orientación de cada uno. Sin embargo, las olas de calor están en el plano físico, las sentimos en la piel y en la salud. Cuando las personas analizan esos fenómenos concretos —por qué ocurren y qué soluciones existen— se abre un espacio para reflexionar sobre las causas y las respuestas posibles. Ocurre lo mismo con problemas locales como la contaminación por plásticos. Muchas comunidades empiezan con un simple día de limpieza de playa y terminan preguntándose de dónde vienen esos residuos y cómo evitarlos. Ese proceso genera conocimiento, participación y conciencia colectiva.
Si la agenda climática se presenta solo como un debate ambiental, es más difícil que genere apoyo social
¿Cómo se puede conectar la agenda climática con las preocupaciones cotidianas de la ciudadanía, como el empleo, la salud o la economía?
Es fundamental conectar el debate ambiental con las preocupaciones reales de las personas. Para la gran mayoría, las prioridades son el empleo, el coste de vida o la seguridad económica. Y es normal. Si la agenda climática se presenta solo como un debate ambiental, es más difícil que genere apoyo social. Pero cuando observamos el impacto de los eventos extremos, vemos que la relación es directa. Las sequías afectan a la producción de alimentos, las tormentas dañan infraestructuras, las olas de calor repercuten en la salud pública y la productividad laboral. Cada año estos fenómenos generan pérdidas económicas de miles de millones de euros en la región. Por eso hace falta explicar que adaptarse al cambio climático y avanzar hacia una economía baja en carbono, también tiene que ver con la estabilidad económica, el empleo y el bienestar.
¿Qué potencial tienen los empleos verdes en la región?
La transición hacia economías bajas en carbono no solo implica costes: también puede generar nuevas oportunidades laborales. Según un estudio del Banco Iberoamericano de Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe, avanzar hacia emisiones netas cero podría crear unos 15 millones de empleos netos para 2030, incluso tras la pérdida de 7,5 millones en sectores fósiles. La economía circular ya representa alrededor del 6,4 % del empleo en la región. Además, Iberoamérica tiene una de las matrices eléctricas más limpias del mundo, con cerca del 60% de generación renovable, lo que abre oportunidades en instalación, mantenimiento y eficiencia energética. Sectores como la agricultura sostenible, bioeconomía y restauración de ecosistemas también tienen gran potencial, dada la alta biodiversidad y extensión de bosques tropicales. Para aprovecharlo, es clave reforzar la cooperación regional en formación, innovación y alianzas. Iniciativas como el Green Jobs for Youth Pact impulsar empleos verdes y emprendimientos sostenibles para jóvenes.
¿Cuáles deberían ser hoy las prioridades ambientales para Iberoamérica en cada territorio y cómo debería evolucionar la Carta Ambiental Iberoamericana?
La Carta Ambiental Iberoamericana sigue siendo plenamente vigente. El gran desafío ahora es pasar de la declaración a la implementación: traducir esos compromisos en políticas públicas concretas, inversiones y cooperación efectiva entre países. Creo que más que una “Carta Ambiental 2.0”, se requiere una profundización en lo que ya está planteado, reforzando áreas como la protección de los océanos. Este es un tema donde Iberoamérica, definitivamente, podría empezar a tener un debate muy intenso para llegar a una agenda de acciones conjuntas.
Usted ha señalado la falta de financiación como uno de los grandes retos de la región. ¿Qué mecanismos considera clave para cerrar esa brecha?
El modelo basado únicamente en donaciones internacionales no será suficiente. La región necesita innovaciones financieras, como una mayor reorientación de inversiones públicas, alianzas público-privadas y un mayor compromiso del sector privado con su propia sostenibilidad. También es clave movilizar recursos dentro de la propia región para financiar proyectos que contribuyan a la transición ecológica. En muchos casos no se trata solo de invertir más, sino de invertir mejor, alineando los flujos financieros con los objetivos climáticos y de biodiversidad.
Para terminar, ¿puede mencionar algún ejemplo reciente de cooperación regional impulsado por el PNUMA?Uno de los ejemplos más recientes es el programa regional acordado en el Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe para reducir las emisiones de metano mediante el cierre progresivo de basurales a cielo abierto. Hay miles de ellos en cada país y son un desafío inmenso porque generan contaminación, afectan a la salud pública y producen emisiones de metano, uno de los gases de efecto invernadero más potentes. El programa combina cooperación técnica, financiación y desarrollo de estándares para acelerar su cierre y mejorar la gestión de residuos. Otra iniciativa importante busca restaurar ecosistemas a gran escala para proteger el agua, un recurso cada vez más crítico para la región. Son iniciativas que están en proceso, pero que de las que nos sentimos muy orgullosos porque, si salen bien, no solo reducirán emisiones o restaurarán ecosistemas: también mejorarán la calidad de vida de millones de personas.
