Los pasados 2 y 3 de julio, en Avilés, Iberoamérica aprobó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Cuidados y Apoyos, un documento que busca construir una hoja de ruta común para que el trabajo cuidar deje de depender exclusivamente de las familias, y en especial de las mujeres.
Estructurada en cinco ejes temáticos, los 22 países trabajan para redefinir qué significa cuidar en el siglo XXI. Durante décadas, tareas domésticas como hacer la compra, limpiar la casa, cocinar, alimentar a las niñas y los niños, asear a los mayores han recaído principalmente sobre las mujeres. Y no solo tareas dentro del hogar, sino también trabajo comunitario como sacar barro de las carreteras trás una inundación o ayudar con los deberes en zonas rurales o barrios periféricos. Con todas estas labores, hablamos de la economía de los cuidados, una responsabilidad privada hasta hace muy poco.
El próximo paso, elevar este documento a la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Madrid en noviembre.
Inclusión, igualdad y tecnología
La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Cuidados y Apoyos propone una nueva forma de entender los cuidados. Los reconoce como un derecho, una necesidad, un trabajo y un bien público esencial, cuya importancia radica no sólo en responder a necesidades sociales, sino también en su contribución al bienestar colectivo, la sostenibilidad de la vida y el desarrollo económico. Entre sus principales novedades destaca el compromiso de reducir la carga desproporcionada que siguen asumiendo las mujeres, garantizar el acceso a los cuidados de colectivos históricamente excluidos y ampliar el concepto de apoyos más allá de la asistencia humana, incorporando tecnologías, transporte y herramientas que favorezcan la autonomía de las personas.
Estos son los cinco ejes temáticos que plantea:
Eje 1. Los cuidados dejan de ser un asunto privado para convertirse en un derecho.
La Carta parte de una idea sencilla pero con profundas implicaciones políticas: cuidar y recibir cuidados es un derecho humano. El texto afirma que «los cuidados y apoyos son una necesidad universal que atraviesa todas las etapas del ciclo de vida» y reconoce que el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, «sostiene el funcionamiento de las sociedades y de las economías«. Por ello, los países iberoamericanos se comprometen a avanzar hacia sistemas públicos que garanticen el acceso universal a los cuidados y apoyos durante toda la vida, integrándolos en las políticas de protección social, salud, educación y apoyo a las familias. Además, una de las ideas más distintivas de la Carta es conectar la agenda de cuidados con la transición ecológica, el empleo y el futuro tecnológico al afirmar que “los cuidados constituyen un bien público esencial con baja huella de carbono y difícilmente sustituibles por la inteligencia artificial”.
La novedad es situar la inversión en cuidados como una política estratégica de bienestar, igualdad y desarrollo económico
Eje 2. Reducir la carga que soportan las mujeres y cerrar las brechas territoriales.
Las necesidades de cuidado cambian a lo largo de la vida y no afectan por igual a todas las personas ni a todos los territorios, dondes las brechas de desigualdad se acentúan. La Carta reconoce que «hasta el 70,2 % de las mujeres de entre 20 y 59 años que no buscan empleo remunerado en América Latina y el Caribe aducen razones familiares como motivo principal», lo que limita su acceso al empleo, la educación y la participación pública. También identifica desigualdades que afectan especialmente a zonas rurales, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes, personas migrantes y hogares vulnerables. Los países se comprometen a construir sistemas integrales de cuidados accesibles durante todo el ciclo vital y adaptados a las realidades locales. El objetivo: reducir las desigualdades de género, sociales y territoriales que hoy determinan quién puede cuidar y quién puede ser cuidado.
Eje 3. Gobernanza y financiación para que los cuidados funcionen.
Uno de los desafíos históricos de las políticas de cuidados ha sido su fragmentación. La Carta plantea que «la gobernanza intersectorial y multinivel es condición indispensable para la coherencia y eficacia de los sistemas integrales y las políticas de cuidados y apoyos», hablando de que los cuidados deben coordinarse con áreas como salud, educación, vivienda, movilidad, empleo y protección social. Para ello, los países se comprometen a fortalecer los mecanismos de gobernanza, impulsar la participación de organizaciones sociales y garantizar una financiación suficiente y sostenible. La novedad es situar la inversión en cuidados como una política estratégica de bienestar, igualdad y desarrollo económico, y no como un gasto secundario.
Eje 4. Profesionalizar el sector y reconocer el valor del trabajo de cuidados.
La Carta pone el foco en quienes cuidan. Reconoce que el trabajo remunerado de cuidados suele estar marcado por la informalidad, los bajos salarios y la falta de reconocimiento social, afectando especialmente a mujeres, trabajadoras domésticas, migrantes, indígenas y afrodescendientes. Los países se comprometen a mejorar las condiciones laborales, reforzar la protección social, impulsar la formación y reconocer las competencias profesionales del sector. La Carta incorpora además una visión más amplia de los apoyos, entendidos como una red de personas, productos y servicios que incluye tecnologías digitales, herramientas de asistencia y soluciones de movilidad para favorecer la autonomía de las personas. Al mismo tiempo, los países firmantes afirman que la tecnología puede complementar los cuidados, pero no reemplazar la dimensión humana del cuidado.
Eje 5. Compartir conocimiento y construir una agenda común iberoamericana.
La Carta apuesta por reforzar la cooperación iberoamericana en materia de cuidados y apoyos, promoviendo el intercambio de experiencias, la asistencia técnica y el aprendizaje mutuo entre países. Los Estados se comprometen a mejorar la producción de datos, estadísticas y evidencia sobre los cuidados, así como a desarrollar herramientas de seguimiento que permitan medir su impacto social y económico. El objetivo es avanzar hacia políticas basadas en información comparable y visibilizar una realidad que durante décadas ha permanecido fuera de las estadísticas y de las decisiones públicas.
Países latinoamericanos como Uruguay ya cuentan con un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC), que consagra el cuidado como un derecho social, articulando la corresponsabilidad entre el Estado, las familias, la comunidad y el mercado para quienes necesitan cuidados. También está el caso de Chile con Chile Cuida, el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, que entiende el trabajo de los cuidados como un pilar fundamental de la sociedad y la economía, creando así una responsabilidad compartida. En España se encuentra la Ley de Dependencia, que compensa económicamente a los familiares cuidadores y financia servicios profesionales directos.
¿Por qué los cuidados se han convertido en el gran tema político de la próxima década?
La economía del cuidado se ha transformado en una prioridad política por una doble condición: sostiene la vida y es un motor financiero sustancial. Según datos de Naciones Unidas, en América Latina y el Caribe, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado equivale al 21% del PIB regional. Es decir, los cuidados tienen más valor económico que muchos de los sectores que ocupan titulares diariamente, desde la minería hasta el turismo.
Por ello que los gobiernos de Iberoamérica y del mundo empiezan a ver a esta economía de los cuidados como motor de desarrollo. Detrás de este reconocimiento hay una realidad difícil de ignorar: millones de mujeres no trabajan (de forma remunerada) porque alguien tiene que cuidar. Según la Organización Internacional del Trabajo, a escala global, sin excepción, las mujeres realizan las tres cuartas partes del trabajo de cuidados no remunerado. En términos prácticos, y según las estimaciones de la CEPAL de 2024, las mujeres dedican en torno a 200 días laborales al año al trabajo de cuidados no remunerado, frente a los 63 días laborales que dedican los hombres. En otras palabras, más carga de trabajo, implica menos opciones laborales y posibilidad de elegir, lo que conlleva menos acceso a seguros de salud, a licencias de maternidad o jubilación, entre otros derechos. Esta situación perpetúa el empobrecimiento de las mujeres que hacen trabajo de cuidados o no remunerado.
A este factor de género se suma un desafío demográfico inminente. El informe de la OIT sobre los trabajos de cuidados y su relación con el mundo cambiante, advierte que si en 2015 había 2100 millones de personas necesitadas de cuidados, se prevé que en el 2030 sean 100 millones más, casi el doble de la población de España. De ahí que esta Carta acuerde una vía política para garantizar unos sistemas de cuidados más accesibles, inclusivos y sostenibles.
Del compromiso a las medidas política: la Cumbre Iberoamericana
El verdadero alcance de este cambio de mirada se medirá durante los días 4 y 5 de noviembre de 2026, momento en el que Madrid acogerá la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, uno de los foros políticos más relevantes en el ámbito de la cooperación multilateral entre los países de habla hispana y portuguesa en la península y América.
Esta Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Cuidados y Apoyos avalada por los veintidós países de la Conferencia Iberoamericana fija los principios conceptuales para próximas políticas públicas vinculantes para que los cuidados ya no sean un asunto doméstico, sino una prioridad política comunitaria.
