Los gobiernos locales iberoamericanos están en la primera línea de la lucha para seguir garantizando los derechos sociales, económicos y culturales de los habitantes de nuestros territorios. Sin embargo, la política de prevención y de cuidados que realizan en el día a día no trasciende de la misma manera que las decisiones que se toman a nivel de los Estados.
En prácticamente todas estas decisiones, la participación y la acción de las autoridades locales resulta imprescindible. Desde la reducción de la movilidad de los ciudadanos -con todo lo que ello implica para la economía informal- pasando por medidas extraordinarias en los servicios sociales y la sanidad, hasta el establecimiento de servicios esenciales, incluida la seguridad y el control del cumplimiento de las medidas.
Podemos comprobar que cuando ya se empieza a hablar de “desescalada” en algunos países, es el espacio territorial, más que el administrativo, el idóneo para la toma de decisiones en este sentido.
Todavía hoy, lo urgente, desplaza otras prioridades. Pero desde ya, y sin perder ni un punto de tensión en ese aspecto, los gobiernos locales han de empezar a construir el futuro que se nos viene.
Las medidas adoptadas durante la etapa de confinamiento y prevención de la pandemia tendrán relevantes consecuencias en la cohesión social y económica y en el ecosistema de nuestras ciudades y territorios.
El fortalecimiento de los servicios públicos comunitarios, una sociedad de cuidados en el que el papel de la mujer sea realzado y una economía al servicio de la vida y el bien común serán hitos en la construcción de ese futuro.
Es en el territorio donde el impacto económico y social de estas medidas se hará presente.
La reflexión habrá de ser de largo aliento, y -si no queremos reproducir las disfunciones que esta pandemia ha puesto de manifiesto en el sistema- tendremos que replantearnos nuestras prioridades, los usos sociales sin renunciar a nosotros mismos, la forma de construir el espacio público, la planificación urbana, la forma de afrontar los retos de la Agenda 2030 que siguen siendo desafíos fundamentales de nuestra razón de ser.
Una nueva estrategia urbana y territorial
La cuestión será, sin embargo, cómo habremos de hacerlo y qué lecciones aprendidas nos dejará esta crisis de salud pública, que nadie puede asegurar que no se repetirá. Por ahora ya sabemos una:
Allí donde la institucionalidad y la gobernanza del espacio urbano es más fuerte las instituciones locales han podido dar una respuesta más adecuada en la crisis sanitaria.
Luego, y en la crisis económico-social que habremos de afrontar tras esta, pasará igual.
Sin fortaleza institucional, con debilidades en el tejido administrativo, sin una adecuada gobernanza del territorio, las municipalidades tendrán menos opciones para enfrentar esos retos y menos credibilidad ante la ciudadanía para afrontarlos.
Con pesar estamos descubriendo que lo urgente no era lo importante y que lo importante se vuelve imprescindible para hacer frente a lo verdaderamente urgente.
Sin querer ser apocalíptico sobre la era post Covid19, si que me parece indiscutible que se hará preciso construir o reconstruir una estrategia, urbana y territorial, en la que habrá que contar con todos los sectores sociales y económicos que nos dote de mayor resiliencia y menor vulnerabilidad
La unidad de las fuerzas políticas en este punto se torna imprescindible y el fortalecimiento institucional de nuestros gobiernos locales una tarea inaplazable por más tiempo.
Temas como la digitalización de trámites y procesos administrativos, replantear la política pública, cómo y de qué forma construimos una política colaborativa entre las distintas esferas de gobierno y cómo y de qué forma implicamos a la ciudadanía en estos retos.
Una estrategia para evitar, como estamos viendo con más frecuencia de la que nos gustaría, que una crisis en la ciudad se torne en una crisis de ciudad.
