Más allá de la creación de nuevos puestos de trabajo y destrucción de otros muchos, el avance tecnológico que trae consigo, la IA amenaza con ensanchar la distancia entre los profesionales adaptados y protegidos, y los sectores vulnerables que quedan al margen.
Mientras una abogada en Madrid resume documentos complejos con cualquiera de los modelos de IA en cuestión de segundos, un agricultor en Honduras nunca ha interactuado con una herramienta de inteligencia artificial. Son realidades que forman parte del mismo mercado laboral iberoamericano, un ecosistema que se transforma a una velocidad sin precedentes. Informes recientes del Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) muestran el avance desigual de la región. Es por ello que la urgencia hoy ya no radica en descifrar si la tecnología modificará los empleos, sino en determinar quiénes capitalizarán este avance y quiénes corren el riesgo de quedar estructuralmente excluidos.
La IA transformará más empleos de los que eliminará
Frente a las narrativas que auguran un reemplazo absoluto de la fuerza de trabajo humana por máquinas, los datos institucionales ofrecen un panorama más matizado. Javier Barbero, especialista de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), señala que el impacto principal de estas herramientas operará sobre las tareas específicas y no sobre las plazas de empleo en su totalidad.
De acuerdo con las estimaciones de la OIT, entre el 26% y el 38% de los empleos en América Latina y el Caribe están expuestos a la IA generativa. Sin embargo, los datos indican que solo entre el 2% y el 5% de los puestos presenta un riesgo de automatización completa. En contraste, entre el 8% y el 14% de las ocupaciones podría incrementar su productividad mediante su uso. «La OIT señala expresamente que es más probable que la IA generativa complemente y transforme el trabajo que sustituya completamente a los trabajadores», explica el experto.
No obstante, esta transición no afectará a todos por igual. Los análisis del organismo internacional identifican una mayor exposición en trabajadores urbanos, formales, con mayor nivel educativo y de ingresos relativamente altos, un perfil predominantemente desempeñado por mujeres y trabajadores jóvenes. Sectores como los servicios financieros, la banca, los seguros y la administración pública registran un mayor riesgo de automatización. En el extremo opuesto, áreas como la educación, la salud y los servicios profesionales presentan un mayor potencial para que la tecnología complemente, en lugar de sustituir, las funciones humanas.
La inteligencia aplicada tiende a coste marginal cero. El conocimiento deja de ser escaso, aseveran los expertos
El gran peligro de saber pedir pero no hacer
Esta dinámica introduce un cambio profundo en la distribución del poder dentro del entorno laboral. Históricamente, el manejo del lenguaje técnico y especializado funcionaba como un mecanismo de control y estatus. El filósofo y filólogo David Fernández Vítores, autor de El último salario (2026), explica que la tecnología rompe este esquema: «Por primera vez en la historia, la inteligencia aplicada tiende a coste marginal cero. El conocimiento deja de ser escaso. Y cuando un recurso deja de ser escaso, deja de conferir poder a quien lo posee. Es decir, el conocimiento está perdiendo valor».
La democratización del lenguaje especializado mediante sistemas de IA permite que un usuario sin formación técnica redacte textos jurídicos o médicos complejos, pero a su vez devalúa esa destreza como credencial profesional. «El lenguaje deja de ser un certificado de saber para convertirse en una interfaz de acceso», advierte Fernández Vítores, quien alerta sobre el riesgo de construir una generación delegativa: «Si esa función la delegamos en una máquina, no solo perdemos una competencia laboral: perdemos un mecanismo de construcción de identidad y de pensamiento crítico. El peligro es que construyamos una generación que sepa pedir muy bien pero que haya perdido la capacidad de hacer».
La infraestructura como primera frontera
El principal obstáculo para que los beneficios de la inteligencia artificial lleguen de forma equitativa a toda Iberoamérica sigue siendo la falta de infraestructuras básicas. Conviene recordar la brecha de partida: en América Latina más de 244 millones de personas, cifra que conforma el 32% de la población, no tienen acceso adecuado a la conectividad, lo que tensiona cualquier discurso sobre IA y empleo si no se habla también de inclusión digital básica.
Fernández Vítores es claro sobre el impacto de esta dinámica global: “La brecha digital ya existía antes de la IA, y la IA la va a multiplicar. Países enteros pueden quedar estructuralmente fuera de una economía que ya no los necesita ni siquiera como mano de obra barata, porque la mano de obra barata también se automatiza”.
Los informes de la OIT reflejan que hasta la mitad de los empleos que podrían beneficiarse de incrementos de productividad mediante IA no podrán aprovechar ese potencial debido a las limitaciones de acceso a internet, infraestructura digital y tecnologías. Hablamos de aproximadamente 17 millones de puestos de trabajo, equivalente a toda la población ocupada de Chile. Las variables del Panorama Laboral de la OIT constatan que las elevadas tasas de informalidad y las desigualdades de género vigentes en la región bloquean un reparto equitativo de la innovación.
Frente a este escenario de exclusión, la arquitectura normativa regional busca establecer cortafuegos. La Carta Iberoamericana de Derechos Digitales, adoptada en Santo Domingo en el 2023, recoge 58 compromisos para garantizar que la digitalización respete los derechos fundamentales y fomente un desarrollo inclusivo. Este marco conecta directamente la IA con el empleo para que la transformación tecnológica implique una verdadera reforma de las economías. El objetivo es asegurar el acceso al trabajo, la participación de los profesionales, con un foco prioritario en los grupos más vulnerados y atendiendo a la desconcentración territorial.
Desarrollar capacidades en torno a los datos en español, portugués y lenguas originarias es una cuestión de de soberanía tecnológica para la región
A esto se suma el idioma e idiosincrasia de los creadores, que conlleva un sesgo cultural en el diseño de las propias herramientas de lenguaje. «La mayor parte de los grandes modelos de lenguaje fueron entrenados mayoritariamente en inglés. El español está razonablemente representado, pero las variedades del español latinoamericano, los regionalismos, las lenguas indígenas, los códigos lingüísticos de las poblaciones más vulnerables están dramáticamente subrepresentados», argumenta Fernández Vítores.
Para revertir esta asimetría cultural y operativa, la región busca hacer valer sus ventajas competitivas. Alejandro Kawabata, director jurídico de la SEGIB y responsable de la implementación de la Carta Digital Iberoamericana, destaca a los casi 600 millones de hispanos y luso parlantes como uno de las fortalezas de la región en IA, más allá de las materias primas y la energía. El español, tercera lengua materna mundial y segunda en presencia digital, y el portugués, sexta lengua materna, constituyen un activo geopolítico clave. “Desarrollar capacidades en torno a los datos en español, portugués y lenguas originarias no es una cuestión secundaria: es una cuestión de autonomía y de soberanía tecnológica”, afirma.
El reto ya no es solo innovar sino regular los algoritmos
Para evitar que la automatización derive en precarización, los mecanismos de supervisión estatal e internacional han comenzado a actualizar sus metodologías. La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) promueve espacios de diálogo y cooperación técnica a través de la Red Iberoamericana de Inspecciones del Trabajo (REDIBIT), una plataforma virtual que conecta a 18 países para intercambiar herramientas y metodologías de inspección frente al fraude laboral digital.
Antoni Tatay Nieto, Inspector de trabajo y Seguridad Social y miembro de la REDIBIT, señala que el intercambio de buenas prácticas es indispensable para afrontar «los retos de la inteligencia artificial y los desafíos que se presentan en el mundo del trabajo» y permanecer alerta ante nuevas infracciones.
A nivel regional, las estrategias gubernamentales muestran distintos avances. En España, la Inspección de Trabajo utiliza la Herramienta de Lucha contra el Fraude (HLF), un sistema de análisis de datos con modelos predictivos diseñado para detectar indicios de irregularidades y planificar acciones de control. En República Dominicana, el Gobierno firmó un memorando de entendimiento con la tecnológica NVIDIA para impulsar su Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial (ENIA), orientada a modernizar la gestión pública y combatir la informalidad laboral. Además, en Chile, la Dirección del Trabajo aplica un modelo de interoperabilidad estatal que integra la información institucional para una inteligencia inspectiva más oportuna y eficaz.
El marco regulatorio internacional registró un hito el 12 de junio de 2026 con la aprobación del Convenio sobre el trabajo decente en la economía de plataformas de la OIT, un instrumento jurídico diseñado específicamente para dotar de derechos formales a un sector que hasta ahora carecía de legislación específica y que depende directamente de la gestión algorítmica.
Para Tatay Nieto, la prioridad de las administraciones es nítida: «Es fundamental garantizar los derechos constitucionales básicos como el respeto a la intimidad y dignidad de todas las personas trabajadoras mediante sistemas automatizados de gestión que garanticen la transparencia de todos los algoritmos utilizados». Una postura que coincide con la visión de David Alayón, experto en tecnologías disruptivas, quien sostiene que para evitar que la tecnología derive en deshumanización, la responsabilidad última siempre debe recaer en una persona. «Donde haya impacto en la vida de un trabajador, evaluación de desempeño, promoción, despido, carga de trabajo, debe haber siempre un humano responsable, identificable y auditable».
La inteligencia artificial ya forma parte del mercado laboral iberoamericano. El desafío ahora no es su llegada, sino evitar que profundice las desigualdades existentes. La diferencia estará en la capacidad de los países para garantizar formación, conectividad y políticas públicas que permitan a trabajadores y empresas aprovechar esta transformación.
El derecho a la transparencia tecnológica
La gobernanza de la inteligencia artificial en el entorno laboral ya cuenta con precedentes legislativos que buscan equilibrar la relación entre las empresas y sus empleados mediante la transparencia informativa.
En España, la normativa conocida como «Ley Rider» introdujo una modificación en el artículo 64.4 del Estatuto de los Trabajadores, la cual obliga a las compañías a informar a los comités de empresa sobre «los parámetros, reglas e instrucciones en los que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo, incluida la elaboración de perfiles».
En la misma línea, Portugal exige en su Código del Trabajo la notificación previa sobre el uso de sistemas de geolocalización, videovigilancia o IA que puedan comprometer la privacidad del personal.
Por su parte, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) de Perú implementó el aplicativo digital «Verifica tu chamba», una herramienta que permite a los trabajadores por cuenta ajena consultar directamente si están formalmente registrados en la planilla electrónica de sus empleadores, sirviendo como un canal de control accesible frente a la gestión opaca de la contratación.
