El cambio climático ya no se mide solo en grados, sino en sequías, inundaciones y conflictos. En Iberoamérica, donde se concentra una de las mayores reservas de agua dulce del planeta, el desafío es también político, económico y geoestratégico. Pero frente al riesgo de conflicto, emerge otra narrativa: el agua como excusa para comunicarse, el agua como espacio de cooperación.
El agua siempre ha estado ahí. En los ríos que cruzan fronteras, en los acuíferos subterráneos, en las lluvias cada vez más erráticas. Pero ahora ha pasado al primer plano. Un informe encargado por SEGIB al Observatorio de La Rábida —actualmente en elaboración y que se presentará en la próxima Cumbre de Jefas y Jefes de Estado en Madrid, noviembre—, la sitúa en el centro de la agenda global. Porque el agua no solo como un recurso natural, sino como palanca de poder, factor de riesgo oportunidad.
“Estamos en un momento en el que hay que hablar del agua como recurso geoestratégico”, afirma la persona encargada de ese texto, la experta mexicana Judith Domínguez, especialista en seguridad hídrica y derecho ambiental. “Es esencial para la vida, pero también para todas las actividades económicas. Y empieza a formar parte de la seguridad nacional”.
Alrededor del 75% de los efectos climáticos están vinculados a fenómenos hidrológicos
El cambio climático se manifiesta, sobre todo, a través del agua. Inundaciones más frecuentes, sequías más largas, lluvias más intensas. No es una percepción: alrededor del 75% de los impactos climáticos están vinculados a fenómenos hidrológicos.
El Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO lo describe como una crisis sistémica, donde el agua actúa como el principal canal de impacto. La alteración del ciclo hidrológico no solo pone en riesgo ecosistemas, sino también economías y derechos humanos. Alrededor del 75% de los efectos climáticos están vinculados a fenómenos hidrológicos. La alteración del ciclo del agua no solo pone en riesgo ecosistemas, sino también economías y derechos humanos.
Los datos refuerzan la urgencia. Según un informe publicado en 2025 por The Lancet, la temperatura media en América Latina ha pasado de 23’3 °C (2001-2010) a 23’8 °C (2015-2024), alcanzando un récord de 24’3 °C en 2024. Países como Bolivia (+2 °C), México (+1,6 °C) o Brasil (+1,2 °C) muestran aumentos sostenidos, con extremos aún más pronunciados. Las consecuencias son claras: sequías que ya afectan a dos tercios del territorio mexicano, ciudades costeras amenazadas por la subida del nivel del mar y fenómenos extremos cada vez más imprevisibles.
Pero el agua no es solo problema. También es parte de la solución. La UNESCO insiste en integrar su gestión en las políticas climáticas, desde la adaptación hasta la mitigación.
La paradoja iberoamericana: bancarrota hídrica
Iberoamérica concentra el 31% del agua dulce mundial. Y, sin embargo, avanza hacia una “bancarrota hídrica”. La paradoja es clara: abundancia en términos absolutos, escasez en términos reales.
El problema no es solo físico. Es también estructural. La degradación de ríos y acuíferos, la pérdida de glaciares andinos y la sobreexplotación de recursos están reduciendo la disponibilidad efectiva. A ello se suma una urbanización acelerada —más del 80% de la población vive ya en ciudades— que incrementa la demanda en contextos de déficit hídrico. “Muchas veces no es que no haya agua, es que está mal gestionada”, subraya Domínguez.
En este contexto, el líquido elemento deja de ser un recurso invisible para convertirse en un activo estratégico. Su control, su gestión y su disponibilidad condicionan la estabilidad económica y política. “El agua es muy sensible: social, política y económicamente. Tocar el agua es tocar todo”, subraya Domínguez.
Gobernanza: el desafío pendiente
Si el agua es el recurso clave, la gobernanza es el punto débil. “La crisis del agua es, en gran medida, una crisis de gobernanza”, recuerda Domínguez, en línea con los diagnósticos de la UNESCO.
Existe una brecha entre el reconocimiento del derecho al agua y su garantía efectiva
Las políticas de agua y clima no siempre están alineadas, los datos no se comparten y las decisiones se toman de forma dispersa. A ello se suma una brecha de financiación persistente. Aunque existen fondos climáticos, su acceso es complejo y su implementación lenta. El resultado es una brecha entre el reconocimiento del derecho al agua y su garantía efectiva.
En el mapa de la crisis hídrica, Centroamérica ocupa una posición crítica. Alta exposición a huracanes, sequías e inundaciones, combinada con recursos limitados. Para estos territorios, castigados con demasiada frecuencia por desastres naturales y con escasa capacidad de recuperación, la cooperación regional no es una opción, sino una cuestión de supervivencia. El Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana (CRRH-SICA) trabaja precisamente en coordinar respuestas, mejorar la información climática y fortalecer capacidades institucionales.
El agua que conecta. Las redes que construyen
Pero hay otra forma de mirar el agua. No solo como fuente de conflicto, sino como espacio de encuentro. “Es un elemento de cooperación, incluso de comunicación. Eso hay que destacarlo muchísimo”, defiende Domínguez. “En un contexto de división, tenemos que esforzarnos por posicionarlo como un bien común.
Iberoamérica no parte de cero. La SEGIB articula una red consolidada de iniciativas junto con programas de la AECID. La Conferencia de Directores Iberoamericanos del Agua (CODIA) —la red técnica que agrupa a las autoridades hídricas de 22 países de Iberoamérica— trabaja en gobernanza y acceso al agua; la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático (RIOCC) integra el cambio climático en el dialogo político al más alto nivel. En todos los casos, el diagnóstico es claro: agua y clima no pueden gestionarse por separado.
Más allá de los diagnósticos y de los problemas de gobernanza y de financiación sabidos, el futuro informe de La Rábida (que estará para presentar en Cumbre) pone el foco en iniciativas concretas que demuestran que la cooperación es posible.
Un ejemplo de lo que ya funciona es el Desafío de Agua Dulce, una iniciativa que plantea la restauración de 300.000 kilómetros de ríos y 350 millones de hectáreas de humedales para 2030, integrando conocimientos indígenas. La Organización de los Estados Americanos (OEA) impulsa proyectos como el Plan Trifinio, que une a El Salvador, Guatemala y Honduras en la gestión compartida de cuencas. Más de 30 fondos de agua —promovidos por el sector privado y organismos como el BID— financian soluciones locales, desde reforestación hasta gestión de cuencas. Y aunque el 71% de las aguas superficiales son compartidas, acuerdos como los de la Cuenca del Plata o el río Pilcomayo muestran que la gestión conjunta es posible.
