Las legislaciones de los países iberoamericanos han tenido profundas transformaciones para ajustarse a las necesidades de las personas con discapacidad.
Si bien ha habido avances, este colectivo demanda cada año mayor inclusión en los ámbitos del trabajo y de la atención sanitaria, además de medidas que garanticen su autonomía y combatan la discriminación en los entornos en los que se desenvuelven.
En Iberoamérica, hay dos casos paradigmáticos acciones para dar respuesta a estos reclamos.
Inserción laboral en España
La iniciativa “Inserta Empleo”, de la Fundación ONCE, es un referente en España en la gestión de la empleabilidad de las personas con discapacidad, al fomentar la capacitación laboral, la intermediación con las empresas y la captación de talento.
Nació prácticamente a la par de la Fundación ONCE y busca romper los prejuicios que existen en torno del potencial de trabajo de las personas que tienen algún tipo de discapacidad.
“Existe muy poco conocimiento de la diversidad que hay dentro de la discapacidad, y la gente que no ha tenido experiencias directas de convivir con este tipo de personas puede desarrollar miedo a esta situación”, dice Sabina Lobato, directora general de Inserta Empleo.
“El miedo conlleva a una falta de expectativas hacia esas capacidades y ese talento”, añade. “Por lo tanto, lo que hacemos es luchar contra esa barrera para que exista un mayor conocimiento del aporte que pueden hacer estas personas a la empresa”.
El programa tiene logros importantes, como la creación del primer observatorio del mundo sobre discapacidad y mercado de trabajo, Odismet, una herramienta clave para el seguimiento de políticas de inclusión laboral de este colectivo.
Desde 2000, y con la cofinanciación del Fondo Social Europeo, Inserta apoya actividades de formación para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en España.
“Existe muy poco conocimiento de la diversidad que hay dentro de la discapacidad”
Sabina Lobato, Inserta Empleo
El modelo uruguayo
En Uruguay, el proyecto “El derecho a la igualdad y no discriminación de las personas con discapacidad” se ha sumado a una serie de acciones realizadas en los últimos años en ese país para promover los derechos de las 500 mil personas que tienen algún tipo de discapacidad física o intelectual.
La iniciativa cuenta con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y es impulsada en conjunto con la ONU, instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.
Begoña Grau, directora Programa Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, señala que el proyecto “aspira a contribuir a la igualdad y a la no discriminación de las personas con discapacidad en Uruguay”.
Y precisa que buscan avanzar específicamente “en el acceso a la salud sexual y salud reproductiva de los y las jóvenes con discapacidad, en la prevención y atención a la violencia contra mujeres y en mejorar la información sobre el ámbito de la discapacidad”.
Las medidas concretas que promueve el proyecto son el fortalecimiento del sistema de salud uruguayo a través de capacitaciones a 400 agentes y la actualización de protocolos para que el personal pueda ofrecer una atención humanizada y en línea con los derechos humanos a las familias.
Para prevenir y atender las situaciones de violencia hacia las mujeres y las niñas con discapacidad, se capacitará a 300 integrantes de los equipos de respuesta interinstitucional, y se ofrecerá mayor información a los trabajadores de la salud, la educación y el sistema de protección a la infancia, entre otras medidas.
