En Iberoamérica, los índices de alfabetización, escolarización y acceso al mercado de trabajo y a la salud de las personas con discapacidad son sensiblemente inferiores a los del resto de la población.
Las barreras de accesibilidad, así como la actitud de la sociedad frente a este colectivo, constituyen obstáculos que marginan a más del 80% de las personas en situación de discapacidad en Iberoamérica.
Todas estas cifras han demando abordar la discapacidad en la región con un mayor énfasis en lo social, un fenómeno que se advierte desde hace dos décadas.
“Las personas con discapacidad se enfrenta a peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad”
Iniciativas para la inclusión
En materia de instrumentos internacionales, la primera iniciativa en la región surgió en 1999 con la adopción, en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA), de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.
A ello se sumó, en 2006, la firma de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), en vigencia desde mayo de 2008 y que hasta la fecha ha sido ratificada por todos los países de la comunidad iberoamericana.
En 2011, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Grupo del Banco Mundial publicaron el Informe Mundial sobre la Discapacidad, que reúne por primera vez información actualizada sobre la discapacidad para facilitar la implementación de la CDPD.
Según este documento, en el mundo viven más de 1.000 millones de personas con alguna discapacidad. Esto significa que el 15% por ciento de la población se enfrenta a “peores resultados sanitarios y académicos, una menor participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad (…), dificultades que se exacerban en las comunidades menos favorecidas”.
En 2012 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en su Panorama Social de América Latina, presentó un análisis de la situación de las personas con discapacidad en América Latina y el Caribe.
En este documento se estima que el 12% de la población de la región tiene alguna discapacidad, con mayor prevalencia en mujeres y otros colectivos en situaciones de mayor vulnerabilidad económica y social (niños y niñas, adultos mayores, habitantes de las zonas rurales, pueblos indígenas y afrodescendientes y las personas con menores ingresos), coincidentemente con las consideraciones del informe de la OMS y el Banco Mundial.
En 2014, la Conferencia Estadística de las Américas de la CEPAL elaboró el Informe Regional sobre la Medición de la Discapacidad, en el que se señala que “debido a las diferencias conceptuales, metodológicas y operativas que se observan en los procedimientos de recolección de información y datos entre los países de la región, aún es difícil contar con una cuantificación de esta realidad, medir su evolución y conocer las tendencias en el tiempo”.
Discapacidad y la Agenda 2030
Una diferencia sustantiva en relación a la situación de las personas con discapacidad a nivel global ha sido su incorporación en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que conforman la Agenda 2030, aprobada en septiembre de 2015.
Aquí se hace referencia explícita –a diferencia de los Objetivos de Desarrollo del Milenio– a esta población en lo relativo a educación, empleo, igualdad, accesibilidad y datos.
Asimismo, el lema de la Agenda 2030 “que nadie quede atrás” destaca la necesidad de promover y garantizar la inclusión de todas las personas para hacer realidad los ODS, lo que en el caso de las personas con discapacidad se traduce en una implementación efectiva de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Al adoptar la Agenda 2030, los países iberoamericanos establecen un reconocimiento expreso de la responsabilidad de los Estados por respetar, proteger y promover los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los individuos.
Este reconocimiento se presenta sin distinción alguna y especialmente visibiliza a los colectivos de población en situaciones de mayor vulnerabilidad, entre otros las personas con discapacidad.
La Agenda 2030 supone poner en el centro de la acción el principio de “no dejar a nadie atrás”, transversal a toda la agenda de desarrollo, pero articulado de forma destacada en torno del ODS 10 y en particular de la meta 10.2.
Esta última señala: “De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición”.
“La Agenda 2030 supone poner en el centro de la acción el principio de no dejar a nadie atrás”
Reconocimiento en la Comunidad Iberoamericana
Desde 2003, la Conferencia Iberoamericana se ha posicionado en materia de discapacidad, cuando en la Cumbre de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) se señaló a 2004 como el “Año Iberoamericano de las Personas con Discapacidad”, adquiriendo sucesivamente compromisos en las Cumbres de Chile en 2007, Argentina 2010, Paraguay 2011 y cuando se declaró 2013 como el “Año Iberoamericano para el Empleo de las Personas con Discapacidad”.
Además, en la XXIII Cumbre de Panamá de 2013 se incluyó en la declaración la necesidad de incorporar la perspectiva de discapacidad de manera transversal con el fin de garantizar la inclusión y protección social.
Este recorrido en el ámbito iberoamericano se consolidó decididamente en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de La Antigua, Guatemala, en 2018, con la aprobación del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, cuyo mandato de creación emana de la Cumbre de Cartagena de Indias de 2016.
Esta iniciativa tiene como objetivo contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida política, económica y social, a través de políticas que garanticen el pleno goce y ejercicio de sus derechos de conformidad con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los ODS.
El programa está formado por Andorra, Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, México y Uruguay como miembros plenos. En calidad de invitados participan Bolivia, Guatemala y República Dominicana. La presidencia recae en Ecuador y la Unidad Técnica en el Grupo Social ONCE.
Son innegables los avances de la región iberoamericana en materia de políticas públicas para personas con discapacidad. Sin embargo, hay desafíos pendientes.
Las brechas de acceso aún existentes y el imperativo de reducirlas llama a movilizarse a gobiernos, sociedad civil, organizaciones relacionadas con la discapacidad, universidades, centros de investigación, sector privado y organismos internacionales.
Se trata de crear entornos favorables, promover la rehabilitación y los servicios de apoyo, garantizar la protección social a lo largo de la vida, formular e implementar políticas y programas inclusivos laborales y educativos, y generar marcos legales que propicien de forma sistémica y sostenida la atención integral y el acceso de las personas con discapacidad.
