En lo que va del siglo XXI América Latina ha afianzado su posición en un escenario caracterizado por la crisis de las economías más industrializadas y el florecimiento de los países emergentes. El crecimiento del producto interno bruto (impulsado también por la bonanza en la exportación de materias primas), la disminución de la deuda externa, el incremento de la inversión extranjera y la consolidación de las políticas fiscales y presupuestales, han favorecido el aumento del gasto público en rubros como los servicios educativos y sanitarios y la implementación de las políticas sociales.
Estas circunstancias han impulsado el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos de la región. Algunos ejemplos: la tasa de desempleo disminuyó del 11,3% en 2002 a un 6% en 2015, la esperanza de vida pasó de 70 años en 1995 a unos 75 años en 2015, y el porcentaje de jóvenes que concluyen la escuela primaria y la secundaria han crecido, respectivamente, del 60,5 al 94,0% y del 25,8 al 59,0% en el mismo período.
No obstante, la incidencia de la pobreza en América Latina todavía abarca un 28% de la población, incluyendo un 12% que vive en pobreza extrema. Asimismo, la desigualdad en la distribución de la riqueza sigue siendo la más alta del planeta, mientras que la distribución de la vulnerabilidad a la pobreza revela asimetrías notables por edad, género, etnia y lugar de residencia.
La pobreza en la región revela asimetrías notables
Igualmente, Clarisa Hardy plantea que «América Latina no está transitando de una región de ingresos medios a una de clases medias, sino a sociedades marcadas por inseguridades económicas basadas en las desigualdades que segmentan los ciudadanos», mientras que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) incluye entre las brechas de desarrollo de los países de renta media la desigualdad, la poca efectividad de las políticas públicas de inclusión social, la escasa solidez de las políticas fiscales y el centralismo político y administrativo.
Por ende, frente a la nueva coyuntura económica internacional, que ya no es tan favorable a la exportación de materias primas debido al estancamiento de la economía de China y de otros países importadores, entre las prioridades de América Latina se pueden enumerar las siguientes: (1) ajustar las políticas públicas a la nueva situación, sin renunciar a mantener y consolidar los avances sociales logrados en los últimos años. En este contexto sería imperativo complementar la lucha contra la pobreza con políticas más efectiva para afianzar los sistemas de protección social y aumentar las oportunidades de trabajo decente y empleo productivo; (2) utilizar la imposición fiscal y el control efectivo de la evasión y la elusión para seguir financiando las políticas sociales de forma efectiva; (3) seguir impulsando la transición de la economía informal hacia la plena formalización de las relaciones laborales; (4) aumentar la transparencia y acceso a la información pública e intensificar la lucha contra la corrupción; (5) consolidar y ampliar la democracia por medio de participación de sectores cada vez más amplios de población y organizaciones ciudadanas.
En este contexto, la nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre de 2015 y a cuya formulación la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) contribuyó de forma contundente, es a la vez un desafío y una oportunidad, ya que establece metas más ambiciosas en relación con la pobreza, incorpora explícitamente el tema de la igualdad de derechos y varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible promueven la protección social.
La Agenda 2030 es a la vez un desafío y una oportunidad
Finalmente, entre las experiencias más interesantes de cooperación internacional en este sector vale la pena señalar el Programa para la Cohesión social en América Latina (EUROsociAL) de la Unión Europea, que procura apoyar políticas públicas de inclusión social y fortalecer las capacidades de las instituciones que las llevan a cabo con una metodología de trabajo basada en la demanda, o sea las solicitudes formuladas por los países participantes.
La importancia de este programa, que opera desde 2005 bajo la coordinación operativa de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) de España[1], no solo radica en su pertinencia temática para una región que es la más desigual del mundo, sino también en la adopción de mecanismos de cooperación acordes con la realidad de los países de renta media.
Facilitar la cooperación entre pares e instituciones homólogas de Europa y América Latina, intercambiando conocimientos, experiencias y buenas prácticas en la construcción de modelos sociales, constituye el núcleo esencial de un programa orientado a apoyar y acompañar reformas hacia una mayor cohesión social y promover un espacio de diálogo euro-latinoamericano en torno a las políticas públicas de corte social.
Sus pilares son el acceso a servicios públicos de calidad con igualdad de oportunidades, el fortalecimiento del Estado para promover el bienestar de la población y la construcción de una ciudadanía activa con sentimiento de pertenencia y participación.
Más allá de su presupuesto limitado, que ascendió a unos 76 millones de Euros entre 2005 y 2015, en este mismo periodo EUROsociAL[2] ha acompañado más de 160 procesos de reforma o implementación de políticas públicas, logrando la participación activa de unas dos mil quinientos instituciones y organizaciones sociales europeas y latinoamericanas de 41 países latinoamericanos y europeos, y realizando más de 500 intercambios de experiencias y buenas prácticas. En particular, este programa ha tenido mucho éxito en Colombia, contribuyendo con su granito de arena en preparar mejores condiciones para que el estado pueda abordar los múltiples desafíos inherentes a la gestión del postconflicto que seguirá la próxima firma de los acuerdos de paz.
Por lo anterior, parece muy oportuna la decisión de ampliar la vigencia del programa con la realización de una nueva fase, denominada EUROsociAL+, que se llevará a cabo en el período 2016-2021 y acompañara el diseño e implementación de las políticas públicas de los países de América Latina en tres ámbitos prioritarios: políticas sociales, gobernanza democrática e igualdad de género.
[1] El programa cuenta también con la asesoría estratégica de un Consejo de Orientación conformado por algunos expertos independientes y organismos internacionales como la CEPAL, el Centro de Desarrollo de la OCDE y la Fundación UE-LAC.
[2] Su primera fase, EUROsociAL I, se llevó a cabo entre 2005 y 2010, mientras que EUROsociAL II se implementó entre 2011 y principios de 2016.
