Vivimos el agotamiento de un modelo de crecimiento que trasciende lo específico de los contextos locales, nacionales o regionales de Iberoamérica o cualquier otra región del planeta. Por ello, cualquier aportación al desarrollo humano sostenible de las ciudades iberoamericanas debe abordarse desde la perspectiva sistémica del marco histórico crítico actual.
El modelo de crecimiento hoy en crisis -surgido tras la Segunda Guerra Mundial y exponencialmente acelerado por la globalización- generó una epistemología, una ideología, una cultura y una racionalidad lineal y de corto plazo. En él la definición de riqueza se reduce a la dimensión económico-financiera, dejando fuera a las dimensiones social y ambiental.
La gestión de las consecuencias de ese concepto de riqueza unidimensional ni se midió, ni se valorizó, ni se integró en la toma de decisiones, profundizado las brechas de desigualdad estructural intra y entre países y acumulando impactos medioambientales negativos hasta el punto paradójico de generar límites físicos al propio modelo de crecimiento.
El Foro Económico Mundial de Davos lleva alertando sistemáticamente desde hace más de un lustro de los riesgos que supone para la viabilidad del sistema económico financiero la inestabilidad que se deriva de las desigualdades sociales y del impacto de los desafíos medioambientales.
Esto genera tal volatilidad e incertidumbre que impide disponer de economías robustas de medio y largo plazo donde diversificar los portafolios y los riesgos de inversión global, exponiendo al sistema económico-financiero y haciéndolo vulnerable en el corto plazo.
La buena noticia es que la reacción del propio sistema económico financiero a esta situación está en marcha. Desde el propio Foro Económico Mundial se impulsan estrategias para restañar una estabilidad de medio y largo plazo y regenerar el ciclo económico internacional integrando la dimensión social y medioambiental en la definición de riqueza.
Parte de esta estrategia pasa por invertir masivamente en descarbonizar las infraestructuras económicas a nivel global. También por integrar elementos de cohesión social que reduzcan la volatilidad y generen la estabilidad y certidumbre de largo plazo que se necesitan para la viabilidad y supervivencia del propio sistema.
Esta transición justa hacia un modelo de desarrollo sostenible exige contar con las capacidades de un Estado innovador y emprendedor y de marcos de política pública y de regulación que generen incentivos sobre los que cocrear proyectos transformadores, estables y de largo plazo de la realidad social y medioambiental de los territorios.
Donde más rápidamente está avanzando esta transición justa de modelo es en Europa por su capacidad de gobernanza democrática basada en derechos y calidad institucional y de ella se están beneficiando directamente las ciudades y territorios de España y Portugal.
Bajo el Pacto Verde, la Unión Europea ha dispuesto un Plan de Política Pública de Largo Plazo acompañado de regulaciones para acelerar la integración de la dimensión social y medioambiental en el modelo de desarrollo sostenible hacia el que Europa se propone transitar. El Pacto va acompañado de un paquete financiero de inversión de 750.000 millones de euros, inyección de liquidez sin precedentes avalada por los mercados financieros internacionales.
En esta clave hay que interpretar la oportunidad de dar respuesta a los retos sociales y medioambientales de las ciudades latinoamericanas para su desarrollo económico, social y medioambiental.
La Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD), una de las regulaciones estrella que ha dispuesto la UE, afecta directamente al tejido de empresas latinoamericanas que forman parte de las cadenas de valor de las compañías europeas.
La CSDDD obliga a establecer mecanismos que aseguren que en sus empresas proveedoras en América Latina se gestionan los impactos sociales y medioambientales y los derechos humanos se cumplen. Es una gran oportunidad para que los territorios y las ciudades latinoamericanas cuenten con un vector disruptivo para potenciar su desarrollo humano sostenible. Para poder acceder a cadenas de valor de empresas europeas, las latinoamericanas deben incorporar la sostenibilidad como requisito de competitividad empresarial y, a su vez, esa sostenibilidad, también les permitirá acceder a financiación en mejores condiciones.
Además, la CSDDD supone una oportunidad única para potenciar colaboraciones y alianzas entre las empresas y los diferentes actores del territorio: instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil y sector académico para generar impactos en objetivos sociales y medioambientales comunes.
¿Por qué es una oportunidad especialmente idónea para las ciudades?
Porque es precisamente en lo local, en las ciudades y en el territorio donde se percibe y reconoce de una manera más inmediata el impacto positivo en el desarrollo humano sostenible. El valor compartido que genera una alianza colaborativa de actores tradicionalmente opuestos como son el sector público y el privado, se hace tangible tanto para la ciudadanía mediante la percepción de la eficacia de las políticas públicas, como para los grupos de interés de las empresas (accionistas, clientes empleados) cada vez más comprometidos con la sostenibilidad.
La localización de la Agenda 2030 en las ciudades sirve como marco para alinear la colaboración de todos los actores locales hacia los retos comunes y compartidos del desarrollo sostenible del territorio.
Nos quedan muy pocas oportunidades y poco tiempo para contener los desafíos climáticos por debajo del 1,5ºC y necesitamos transitar a un modelo de desarrollo sostenible estable de largo plazo que permita a las personas tener las capacidades para ejercer libremente sus derechos en cualquier parte del mundo y sin dejar a nadie atrás.
Las alianzas multiactor entre instituciones públicas locales, empresas que cumplan la CSDDD, sociedad civil innovadora y academia pueden y deben ser un vector acelerador exponencial para dar respuestas a las ciudades y territorios latinoamericanos.
