Hace unos meses, presentábamos un documento de trabajo del Real Instituto Elcano que pretende recoger la amplia gama de las complejas decisiones políticas a las que se enfrenta el gobierno en materia de cooperación internacional para el desarrollo. En “Las elecciones pendientes de la cooperación española” se compilan distintos análisis que recorren el rol del parlamento nacional en la construcción de la agenda global, los retos del desarrollo en América Latina, la geopolítica de la cooperación con el Norte de África o la variedad de los medios de ejecución de la llamada Agenda 2030 para un país europeo como es España, que por lo tanto se mueve en ese limbo semi-comunitarizado en el que conviven la ayuda bilateral, las instituciones europeas (de las que es por lo tanto miembro y financiador) y del entramado de organismos y fondos multilaterales (desde las múltiples agencias de Naciones Unidas hasta el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria) y regionales (como, por ejemplo, la CAF o la SEGIB).
Hemos resumido esas decisiones políticas en 14 dilemas. Podrían haber sido 10 o 20, igual da. El caso era mostrar, en primer lugar, que la política de cooperación internacional para el desarrollo tiene, como su propio nombre indica, un carácter político que trasciende el tedio tecnocrático (véase por ejemplo el debate sobre las mediciones de progreso en coordinación de donantes) en el que se ha visto envuelta aquí y, en general, en el debate público sobre la ayuda en la comunidad de los donantes tradicionales. Por otra parte, también queríamos mostrar que los dilemas políticos son muchos. Si en España ha habido un debate político en torno a la ayuda, éste ha sido (quizás exclusivamente) el de los presupuestos para cooperación al desarrollo. No es de extrañar: con un recorte del 70% a caballo entre las IXª y Xª legislaturas, era difícil que el llamado sector de la cooperación no esgrimiera este ajuste como una muestra de la dependencia de la ayuda de los ciclos fiscales y, por lo tanto, de su escasa relevancia política.
La política de cooperación tiene un carácter político que trasciende el tedio tecnocrático
La región latinoamericana es prioritaria para la cooperación española desde sus orígenes. Y aunque esta relación se construya sobre lazos históricos, ha ido, en cierta medida, moldeándose en función de los retos actuales del desarrollo (desde el proceso de paz en Colombia hasta el necesario diálogo político para la reforma fiscal bajo el paraguas del programa Eurosocial). Sin embargo, a pesar de esta realidad, el debate sobre la cooperación al desarrollo con América Latina se ha limitado, por lo general, a la cuestión de ‘la renta media’; esto es, si España debería cooperar o no con una región cuyos países gozan, por lo general (y con la excepción de Haití) de una renta per cápita en términos nominales relativamente alta y tasas de pobreza relativamente bajas (en comparación con los datos que registran muchos países subsaharianos). En cierto modo, la Agenda 2030 (que englobaría los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda de Acción de Addis Abeba y los resultados de la Cumbre de París sobre Cambio Climático) supone la superación de este debate, al asumir que la divisoria norte-sur se difumina (al igual que cualquier clasificación de países por nivel de desarrollo), que la agenda del desarrollo no es sólo la de la pobreza, y también al reconocer que el mayor número de pobres viven, de hecho, en países de renta media.
El debate sobre la cooperación con América Latina tendría entonces que alargarse, trascendiendo los argumentos sobre el dónde (por qué cooperar, o no, con América Latina) para entrar en el qué. Sobre esto, un punto de partida interesante podría ser el que propone Diego Sánchez-Ancochea de centrar los objetivos de la cooperación española en cuatro retos que atraviesan el conjunto de la región y que además están vinculados entre sí: la desigualdad, la transformación productiva, la protección del medioambiente y la seguridad y la violencia.
La Agenda 2030 difumina la división norte-sur y reconoce que el mayor número de pobres vive en países de renta media
Más largo, pero también más ancho: la cooperación con América Latina no se ciñe, como bien muestran las cifras de la ayuda española, a los programas bilaterales (ejecutados en su mayoría desde la AECID). Las herramientas y los actores de esta cooperación son potencialmente todos los que componen el entramado institucional que describimos al inicio de este artículo. Entonces cabría debatir si, con una visión estratégica de los desafíos del desarrollo a afrontar, se están articulando y combinando las herramientas más indicadas de política pública. Por citar un solo ejemplo, rara vez se vincula el debate sobre el rol de España en la fiscalidad en América Latina (clave, por cierto, para todas y cada una de las carencias planteadas por Sánchez-Ancochea) en el ámbito de la gobernanza fiscal internacional y la lucha contra los paraísos fiscales. En este sentido, quizás los resultados se multiplicaran si se conectara en mayor medida la participación española en la iniciativa de GAFILAT con los objetivos de la cooperación española.
La formulación del Plan Director de la Cooperación Española para el período 2017-2020 es una nueva oportunidad para dotar la ayuda con la región latinoamericana de una visión más estratégica (y quizás menos táctica, o resultado de la dependencia de la trayectoria). Para ello es necesario, no obstante, plantear previamente un debate más ancho y largo sobre dicha cooperación o, lo que es lo mismo, definir esta visión estratégica.
