Brasil es un país multirracial, marcado por desigualdades y relaciones asimétricas entre hombres y mujeres.
Desigualdad de renta, de acceso a bienes y servicios y de activos de oportunidades que contribuyen para que los pobres no consigan apropiarse de los frutos del crecimiento económico, acceder a servicios y políticas públicas, y al derecho a tener derechos. La raíz esclavista permanece y las desigualdades se hacen visibles.
Las discriminaciones de género y de raza o color continúan presentes no solamente en el mundo del trabajo, pero también en las esferas pública y privada, reafirmando así, la inexistencia de una democracia racial.
En lo que respecta al trabajo femenino, no obstante los datos apunten mayor grado de escolarización de esta población, las desigualdades salariales entre hombres y mujeres se mantienen. Un escenario que presenta también el crecimiento de mujeres madres/abuelas jefas de familias y las desigualdades de género se tornan elementos indispensables para comprender su condición de pobreza y vulnerabilidad social.
Es un hecho que en las últimas décadas han ocurrido cambios significativos en la sociedad brasileña, mejorando incluso las condiciones socioeconómicas, culturales y políticas de la población pobre y negra. Crece la consciencia de derechos y el ejercicio de la ciudadanía, el empeño de la sociedad civil en el fortalecimiento de la democracia participativa y luchas por ningún derecho menos.
Sin embargo, a pesar de esos avances, a lo largo de la historia las mujeres, sobretodo las mujeres pobres y negras, han sido y siguen siendo las mayores víctimas de desigualdades de género, sumadas a la discriminación racial. Ejemplo de eso es la fuerte presencia de mujeres pobres y negras en el trabajo doméstico remunerado y no remunerado.
En el caso de las mujeres negras, estas ingresan aún más temprano en el mercado de trabajo y son las que más tardíamente pueden salir de él; paradójicamente son las más afectadas por las tasas de desempleo, reciben salarios más bajos y en su mayoría son absorbidas en el sector servicios, ya que en general no tuvieron acceso a la educación de calidad y, más que las otras, viven relaciones desiguales marcadas por la ausencia de protección, subordinación y violaciones de derechos.
La gran mayoría de esas mujeres son beneficiarias titulares de programas asistenciales y acciones afirmativas.
Entre las varias formas de violencia de las que las mujeres son víctimas, la violencia doméstica y familiar, el racismo y el sexismo, son las que ganan mayor evidencia.
La violencia y discriminación en el mercado de trabajo, desigualdad de rendimientos, pobreza y precariedad en el acceso a servicios públicos tales como acceso a la educación y a la salud son también factores que reafirman condiciones de inferioridad y semiesclavitud.
Entre las varias formas de violencia de las que las mujeres son víctimas, la violencia doméstica y familiar, el racismo y el sexismo, son las que ganan mayor evidencia. Violaciones de derechos derivadas del racismo patriarcal, presentes tanto en el espacio urbano, como también en el ambiente rural, que potencializa situaciones de pobreza y vulnerabilidad, manteniendo a esas mujeres en la base de la pirámide social y que pasan por las relaciones de/en el trabajo, incorporando otras desigualdades. Y en las condiciones en las que esas mujeres se encuentran, paradójicamente reproducen nuevos pobres, que a su vez, en la reproducción del trabajo están condenados a la reproducción y ampliación de su condición esclavista anterior.
Mujeres pobres que enfrentan en el su cotidiano, la dificultad en conciliar trabajo productivo y reproductivo, acceder a programas sociales y políticas públicas, sobretodo políticas públicas para la preservación de la vida de esas mujeres. Verdadero irrespeto a los derechos humanos fundamentales de las poblaciones afro descendientes y particularmente de las mujeres pobres.
La Constitución Federal de 1988 y del Estatuto de la Igualdad Racial (Ley nº 12.228/2010) han sido herramientas importantes en las luchas de las mujeres. Sin embargo, este aparato legal no ha sido suficiente para suprimir relaciones de subordinación, garantizar relaciones ecuánimes, igualdad de derechos y mejoras de las condiciones de vida de las mujeres, sobretodo mujeres negras y pobres. Romper la histórica herencia cultural que reafirma el desvalor de las mujeres, en especial, de la mujer negra, y niega el protagonismo de los sujetos son los desafíos propuestos.
Poner fin a cualquier tipo de violencia de género y de raza o color!. Para ello, se hace necesario que el Continente Latinoamericano se aúne al rededor de un Proyecto Sociopolítico emancipatorio, respaldado por fuerzas políticas democráticas y con legitimidad para ejercer el poder, pues la lucha contra el machismo y la garantía de más derechos para las mujeres pasa por la lucha decidida contra cualquier tipo de autoritarismo.
Ningún derecho menos! Ni una menos!!!
