Se avecinan tiempos difíciles. Los gobiernos se van a tener que enfrentar a un escenario de crisis multidimensional (económica, social, medioambiental) en un contexto de aumento de deuda pública, disminución de ingresos públicos y gran necesidad de gasto social. En otras palabras, los gobiernos se las van a tener que ingeniar para hacer más con menos.
En Iberoamérica, la pandemia de la COVID-19 ha tenido un impacto especialmente negativo en las mujeres, agravándose su situación de vulnerabilidad, sufriendo más desempleo, pobreza, violencia de género y sobrecarga de trabajo de cuidados no remunerados, tal como ONU Mujeres señala en estudios recientes.
Esta situación podría ser la peor pesadilla de la puesta en marcha del eslogan “que no quede nadie atrás” de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y es que, tal como comenta Michelle Bachelet en una reciente entrevista en el País, “sin la mitad del equipo resulta imposible ganar un partido”.
¿Cómo lograr un desarrollo sostenible e inclusivo?
Podría decirse que el presupuesto público es la herramienta más potente con la que cuenta cualquier gobierno para incidir en el nivel de bienestar de la población y para guiar el proceso de desarrollo nacional. Integrar la perspectiva de género en la toma de decisiones presupuestarias va a ser clave, lo que supone la puesta en marcha de los llamados “presupuestos con enfoque de género”.
Para ONU Mujeres, “los presupuestos con enfoque de género integran sistemáticamente los objetivos de igualdad de género en la política, planificación, presupuestación, monitoreo, evaluación y auditoría de la administración pública. Su objetivo es analizar los impactos distributivos del presupuesto (ingresos y gastos) en mujeres y hombres y ajustar [o reasignar] los recursos para garantizar que ambos se beneficien por igual de los recursos públicos”.
Surgieron en la década de 1980 con la corriente de pensamiento de la economía feminista sobre la macroeconomía, siendo Australia el primer país que los puso en práctica en 1984. Cobraron popularidad tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing en 1995 y, actualmente, más de 100 países los han puesto en marcha, según señala Zohra Khan.
En Iberoamérica llevan desarrollándose en varios países desde hace unos 20 años, en muchas ocasiones con el apoyo de la cooperación internacional y con distintos grados de desarrollo e institucionalización.
Ahora, persiste su importancia en la salida de la crisis por diversos motivos:
El motivo más evidente, es que la igualdad de género es necesaria para el desarrollo sostenible. Supone cuantiosos beneficios sociales y económicos que se reflejan en el PIB tal como muestran estudios del Instituto Europeo para la Equidad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM) y tantos otros.
En Paraguay, un estudio realizado en 2017 estimó que el coste de la violencia contra la mujer era equivalente a un 5.12% del PIB. En otras palabras, la desigualdad sale cara.
Incluir el enfoque de género en los presupuestos refuerza aspectos como la eficiencia y eficacia del gasto. En México, la experiencia de presupuesto con enfoque de género iniciada en 2000 aumentó los programas y presupuestos destinados al cáncer de mama o la violencia de género. Es decir, se dirigió el gasto a solventar problemas identificados en diagnósticos y dimensionados con indicadores, haciendo un uso más certero de las finanzas públicas.
También mejoran otros aspectos de gobernanza como la participación. En el ejemplo anterior, los presupuestos con enfoque de género se realizan de manera participativa entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de la Mujer, la Cámara de Diputadas y Diputados, y en sus inicios, con las organizaciones feministas de la sociedad civil.
La transparencia y la rendición de cuentas son otros aspectos que mejoran con estas prácticas. Siguiendo con el ejemplo de México, a partir del año 2008 se logró etiquetar todo el gasto público orientado a la igualdad de género y hacerlo público en el Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto ayuda al cumplimiento del indicador 5c1 de la Agenda 2030 de los ODS, el cual mide “La proporción de países con sistemas para el seguimiento de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y la asignación de fondos públicos para ese fin“. También sirve para dar seguimiento al gasto a lo largo de los años, tal como muestra el siguiente gráfico.
Es necesario que los gobiernos defiendan con orgullo y no entre dientes la igualdad de género. Que las organizaciones de la sociedad civil averigüen los cauces de participación en las finanzas públicas y luchen para que no haya retrocesos en la conquista de derechos de las mujeres. Que la cooperación internacional redoble sus esfuerzos y condicione su ayuda a la igualdad de género. Que el Parlamento no permita la aprobación de políticas y presupuestos si son discriminatorias. Que en los hogares se distribuyan los trabajos no remunerados entre hombres y mujeres, y que en el ámbito laboral, familiar o social, no se toleren las opiniones machistas.
Debemos ser conscientes de que el feminismo es un derecho y no una opinión.
