La inmensa mayoría de los gobiernos de Iberoamérica tienen un compromiso firme con la descarbonización del mercado energético en el medio y largo plazo. Esta apuesta por la transición hacia energías limpias se une a los objetivos de política energética, que se implementan mediante la legislación y los planes aprobados por los parlamentos de cada país.
La regulación constituye la piedra angular de esta transición energética, que debe garantizar un servicio universal como es el suministro de energía, haciéndola cada vez más sostenible.
Los reguladores energéticos cumplen su papel de desarrollar regulaciones de detalle cuya característica común sea alcanzar al menor coste posible, objetivos de política energética, como el acceso universal a la electricidad, la garantía y calidad del suministro, su competitividad y el respeto al medioambiente.
“La regulación debe de ser estable y segura para atraer inversiones, y al mismo tiempo dinámica, para tratar de eliminar barreras al desarrollo tecnológico y atender las demandas sociales.”
Además, la regulación permite a empresas y consumidores formalizar relaciones de confianza. Así las empresas pueden implementar proyectos de inversión a largo plazo, asumiendo la recuperación de las inversiones con una rentabilidad razonable, mientras que los consumidores reciben un servicio energético de calidad a cambio del pago de unas tarifas justas.
Así, se establecen reglas para el buen funcionamiento del sistema energético, privilegiando la eficiencia y los derechos del consumidor. Además, los reguladores actúan como guardianes de estas reglas, supervisando el funcionamiento de las actividades y mercados energéticos.
Regular para descarbonizar
La regulación orientada hacia la descarbonización trata de incentivar el uso de las nuevas tecnologías de producción de electricidad, biocombustibles, transmisión de energía, y consumo sostenible, que, combinadas con la digitalización, pueden resultar más económicas.
Es el caso de las energías renovables no convencionales, en grandes plantas o en producción distribuida, al almacenamiento de electricidad, a las redes automatizadas (smart grids), a la medición inteligente (smart meters), a las bombas de calor, a los vehículos eléctricos, a los algoritmos de gestión de la demanda, o a la producción de hidrógeno verde y biocombustibles, por citar solo algunos ejemplos.
Los reguladores energéticos de Iberoamérica conforman la asociación ARIAE, un foro de discusión entre especialistas de 27 entidades de 20 países de nuestra región.
La regulación debe de ser estable y segura para atraer inversiones, y al mismo tiempo dinámica, para tratar de eliminar barreras al desarrollo tecnológico y a las demandas sociales (eg. a la descarbonización) en el sector energético.
Los reguladores trabajan en este cometido, pues son profesionales especializados en los sectores energéticos, como son la electricidad, el gas natural y los productos petrolíferos, y su trabajo siempre está orientado al beneficio de los consumidores, con el fin de que puedan obtener un suministro seguro, de calidad, limpio y al menor precio posible.
Iberoamérica trabaja en red
Los reguladores energéticos de Iberoamérica forman parte de la asociación ARIAE, que constituye un foro de discusión entre especialistas de 27 entidades de 20 países de la región (incluidos España y Portugal), donde tratamos de los nuevos desarrollos tecnológicos y de las buenas prácticas regulatorias.
La misión de ARIAE es impulsar las mejores prácticas regulatorias y su armonización, facilitar el intercambio de experiencias y del conocimiento regulatorio entre sus especialistas, promover la capacitación de su personal y realizar otras actividades de interés común para sus miembros
Como se ha señalado, los cuatro objetivos de política energética orientan la labor de los reguladores energéticos. Así, están comprometidos en primer lugar con el acceso universal a la energía. En Iberoamérica quedan aún sin electrificar una parte, aunque pequeña, de la población. Son las personas que viven en las comunidades rurales aisladas (de difícil acceso), donde la pobreza multidimensional está concentrada y donde el desarrollo de la red de distribución no es económico.
Energía asequible sin dejar a nadie atrás
También los reguladores están comprometidos con la asequibilidad de la energía, especialmente después de las crisis económicas que estamos viviendo recientemente como consecuencia de la pandemia COVID19, de la sequía y de los precios elevados de los combustibles fósiles.
Aunque estén situados en zonas ya electrificadas, algunos colectivos tienen dificultades de asequibilidad de la energía, por carecer de recursos económicos mínimos.
En estos puntos, los reguladores apoyan el desarrollo de una planificación coordinada entre la expansión de la red y los sistemas aislados basados en energías renovables y baterías; establecen regulaciones económicas específicas para estos colectivos –con fondos o tarifas subsidiadas–; y al mismo tiempo, establecen normas básicas que garantizan la calidad y seguridad de los equipos, reconociendo en todo momento los derechos de todos estos consumidores vulnerables.
Pese a que aún tenemos un importante desafío por delante, no es menos cierto que en los últimos años Iberoamérica ha logrado un 98% de cobertura en el acceso universal a la electricidad, quedando por suministrar al 2% más difícil de alcanzar, que es la población más vulnerable y aislada. Tal y como afirmamos en el informe “Alcanzar la última milla” elaborado conjuntamente con la SEGIB y la Mesa de Acceso Universal a la Energía (MAUE), nuestro compromiso es seguir trabajando hasta que la última de las aproximadamente 10 millones de personas que aún carecen de suministro eléctrico, puedan iluminar sus vidas y ejercer todos los derechos que están vinculados con el acceso a la energía.
