En 1965 Gary Moore, fundador de Intel predijo que el número de transistores en un chip se duplicaría cada 12 meses mientras que su costo de producción bajaría a la mitad en el mismo período. Esta proyección, conocida como la ley de Moore, ha resultado plenamente acertada y se refleja en que el poder de procesamiento de los circuitos actuales es cerca de dos mil millones de veces el que tenían en 1960. A su vez, este constante y exponencial avance tecnológico ha facilitado el surgimiento de una plétora de aplicaciones tecnológicas sin las cuales ya no podemos imaginarnos nuestra vida cotidiana y que hasta hace algunas décadas nos habrían parecido ciencia ficción.
Lo que no se ha desarrollado con el mismo vértigo que la industria tecnológica ha sido la regulación. Hoy existe amplia conciencia de los riesgos implícitos en la transformación digital, pero faltan aún amplios consensos sobre cómo abordarlos a nivel internacional sin limitar su potencial.
La Comunidad Iberoamericana ha sido pionera en esta materia. Ya en 2007, en el marco de la XVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, se aprobó uno de los primeros esfuerzos multilaterales por abordar uno de los aspectos más importantes de este fenómeno, la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico. Con el correr de los años este acervo no ha dejado de crecer, a través de comunicados, declaraciones y otros instrumentos, aprobados tanto a nivel ministerial como de Cumbres.
El más reciente y ambicioso esfuerzo regional en materia de transición digital es la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en Entornos Digitales (CIPDED), adoptada durante la XXVIII Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno (2023). Siguiendo la tradición ya establecida en este tipo de documentos, la CIPDED no solo reconoce el estado de la situación en Iberoamérica en materias que van desde la conectividad hasta las neurotecnologías, sino que proyecta el futuro al que aspiramos, y aterriza a través de compromisos de mediano y largo plazo los pasos necesarios para construirlo.
En momentos en que el multilateralismo y la colaboración se encuentran fuertemente cuestionados, la CIPDED es una muestra de lo que se puede lograr a través del diálogo, el consenso, y la construcción de acuerdos que caracterizan a la Cooperación Iberoamericana.
Iberoamérica aspira a una transformación digital justa, equitativa y que no deje a nadie atrás, la que debe construirse a partir de tres pilares estructurales. El primero consiste en garantizar los derechos de las personas, lo que requiere no solo reconocer su vigencia tanto en el mundo online como offline, sino también mejorar las condiciones materiales que habilitan la inclusión digital.
Para una transformación digital justa y equitativa es necesario garantizar los derechos de las personas, velar por la sana competencia e impulsar la conectividad regional y local
El segundo pilar nos exige velar por la sana competencia, promoviendo el crecimiento de los mercados locales y fiscalizando el cumplimiento de las obligaciones aplicables a las grandes empresas tecnológicas, especialmente aquellas que lideran el desarrollo de la Inteligencia Artificial y las que presentan mayores riesgos de convertirse en monopolios. Finalmente, el tercer pilar nos invita a impulsar la competitividad a nivel local y regional, para evitar la dependencia económica y crear prosperidad que sea sostenible en el tiempo.
Es innegable que el futuro de Iberoamérica será digital y desde SEGIB creemos que, forjando acuerdos y trabajando coordinadamente a través de lo compartido, podemos lograr que además sea respetuoso de los derechos de las personas, justo, inclusivo y sostenible.
