Según los datos del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de la CEPAL, se estima que 90 millones de personas con discapacidad viven en Iberoamérica (15% de la población de la región), o, dicho de otra forma, una de cada siete personas enfrenta barreras físicas, comunicacionales y/o actitudinales que limitan su participación en la sociedad.
La mayoría lo hace en condiciones de exclusión: el 70% de los hogares donde viven personas con discapacidad son vulnerables a caer en la pobreza, en tanto que en el 20% de las familias que se encuentran bajo la línea de pobreza extrema vive una persona con discapacidad. Los datos de analfabetismo e inactividad económica en este sector de la población son 5 veces más altos que entre la población sin discapacidad, en tanto que aquellas personas con discapacidad que acceden al mercado de trabajo lo hacen con menores salarios por las mismas tareas (20% menos), también se encuentran sobre representadas en el mercado informal (un 11% más que la población sin discapacidad)
La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por todos los países de Iberoamérica, establece un cambio de paradigma en el que la eliminación de barreras, a través de políticas públicas, favorece la participación de esta población en las sociedades. Asimismo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporan en varias de sus metas indicadores específicos sobre la inclusión de las personas con discapacidad
En este marco, durante la XXVI Cumbre Iberoamericana celebrada en La Antigua, Guatemala, en 2018 se adoptó el Programa Iberoamericano de Discapacidad. Una experiencia intergubernamental pionera en la cooperación sur-sur y triangular dirigida a la implementación de políticas públicas inclusivas que actualmente cuenta con trece países miembros: Andorra, Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Portugal, República Dominicana y Uruguay
Desde su puesta en marcha, el Programa ha apoyado políticas públicas vinculadas al acceso a la educación y al empleo, prestado asistencia técnica para mejorar los sistemas de valoración y reconocimiento de discapacidad, ofrecido formación al personal de las administraciones públicas para mejorar el acceso a la justicia, a la salud, a la autonomía y al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos por parte de este sector de la población, elaborado estudios e investigaciones, y colaborado con otros PIPAs en el entendido que la perspectiva de abordaje de la discapacidad debe ser transversal en la cooperación iberoamericana, con el fin de impulsar decididamente la participación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida
Con el objetivo de avanzar en la eliminación de barreras, también en el espacio iberoamericano, y sobre la base de una iniciativa europea, el Programa, a través de su Consejo Intergubernamental y en acuerdo con su Comisión Consultiva, presenta en la XXIX Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y de Gobierno la Tarjeta Iberoamericana de Discapacidad (TID)
La TID se constituye en un instrumento regional de reconocimiento de derechos queposibilitará la movilidad, el acceso a la cultura, al deporte, a servicios de información y comunicación accesibles y al disfrute del turismo por parte de las personas con discapacidad entre los países de la región, en igualdad de condiciones con las demás personas, lo que permitirá posicionar a Iberoamérica como un espacio de referencia en el goce y ejercicio de derechos por parte de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad
La participación de las personas con discapacidad redunda directamente en el crecimiento económico de nuestros países. Según datos del Banco Mundial, podría significar hasta un 7% de incremento en el PIB de la región. Por tanto, la TID es una apuesta por una Iberoamérica más justa e inclusiva, la apuesta por una participación efectiva de las personas con discapacidad que no es otra cosa que la apuesta por el desarrollo inclusivo del espacio iberoamericano, a través de la movilidad, de la conectividad, de garantizar entornos seguros, en igualdad de condiciones y accesibles a toda la población.
