La denominada Coherencia de Políticas para el Desarrollo (CPD) es un objetivo tan ambicioso como ineludible para construir un mundo justo, estable y equitativo. Su naturaleza, en la medida en que requiere atender al impacto que en términos de desarrollo presenta el despliegue de cualquier política, parece situar a la CPD no tanto como un objetivo alcanzable en términos absolutos sino más bien como un horizonte útil para guiar la acción pública. A esta capacidad normativa que presenta la CPD debe añadirse su potencial valor como elemento de referencia para comparar el comportamiento de los distintos países y su verdadero compromiso con el desarrollo sostenible, tanto a escala nacional como internacional. Un ejemplo de ello es el recién creado Índice de Coherencia de Políticas para el Desarrollo (ICPD), que justamente persigue este propósito en la medida en que clasifica a los países en función de un conjunto amplio y complejo de indicadores.
referencia para comparar el comportamiento de los distintos países y su verdadero compromiso con el desarrollo sostenible
Aunque en las últimas dos décadas se fue incrementado su protagonismo – fundamentalmente como resultado de las demandas realizadas por movimientos sociales, ONGD, la academia y distintos expertos y expertas en la materia- la nueva agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) sitúa a la CPD en un lugar aún más relevante y obliga a los países del Sur a atender a esta cuestión de una manera primordial. Es compartido que es imposible alcanzar las metas y propósitos que los ODS se plantean sin trascender la mera política de ayuda al desarrollo y sin incorporar a la ecuación la incidencia y las implicaciones asociadas a otras políticas públicas como las relativas a medioambiente, seguridad, comercio, fiscalidad o migraciones, por poner algunos ejemplos.
es imposible alcanzar las metas y propósitos que los ODS plantean sin trascender la mera política de ayuda al desarrollo
A pesar de la magnitud del reto, los países que protagonizan la cooperación Sur-Sur presentan un punto de partida que encierra interesantes potencialidades para promover -e incluso liderar- el trabajo por la CPD. Precisamente porque desde su génesis ha denunciado la estrechez de la ayuda al desarrollo clásica (de carácter Norte-Sur) y ha tratado de asentarse en relaciones más amplias, complejas y versátiles que las tradicionalmente establecidas entre donante y receptor. Sin embargo, para ello es fundamental que se alienten, al menos, tres procesos desde los países del Sur.
En primer lugar, es preciso incrementar la voluntad política y el compromiso real de los gobiernos con el desarrollo. Más allá de las alusiones genéricas en los discursos y declaraciones públicas, el trabajo por la promoción del desarrollo exige la existencia de un compromiso profundo, sólido y sostenido por parte de los decisores públicos, lo que a veces entra en colisión con cuestiones de la “agenda dura” más ligadas al interés nacional (concebido, eso sí, en términos muy estrechos y anacrónicos). Por supuesto, la mera existencia de voluntad política no garantiza el éxito en una tarea tan compleja, pero su inexistencia sí parece garantizar su fracaso o escaso grado de avance. Es fundamental, pues, que desde las altas instancias políticas de los países del Sur se asuma la CPD como un objetivo prioritario.
En segundo lugar, es fundamental aumentar la implicación de las diversas áreas y ministerios con responsabilidades en materias que afectan a la generación de oportunidades de desarrollo a escala doméstica e internacional. Como es sabido, la CPD pretende combatir el hecho de que la promoción del desarrollo se siga percibiendo como una tarea recluida a las agencias de desarrollo (o a las respectivas Cancillerías), defendiendo la integración de esta tarea como parte de la agenda de trabajo del conjunto de los poderes públicos. Un propósito en el que solo puede avanzarse a partir de la existencia de un mandato claro y firme en esa dirección y proveniente del primer nivel político, en conexión con lo señalado en el párrafo anterior.
Por último, el avance en la promoción de la CPD exige la progresiva conformación de una arquitectura institucional que permita una gobernanza más legítima, democrática y eficaz en el espacio internacional. En un mundo crecientemente globalizado e interdependiente, buena parte de las cuestiones que afectan a la promoción del desarrollo y de la CPD adquieren naturaleza de bien público internacional. Esto significa que solo podrán ser adecuadamente provistos incrementando la acción colectiva y concertada entre los actores implicados. En este sentido, sin perder de vista la necesidad de reclamar las reformas necesarias en algunas instituciones de alcance global -cuya consecución escapa generalmente de las capacidades de los países del Sur en términos de poder-, es preciso que estos países avancen en la articulación de mecanismos regionales a su alcance, ámbito en el que la cooperación Sur-Sur puede desempeñar un rol fundamental.
solo podrán ser adecuadamente provistos incrementando la acción colectiva y concertada entre los actores implicados
En cualquier caso, hay que tener en cuenta que incluso en el mejor de los escenarios (aquel en el que los elementos señalados, y otros que no se han podido tratar aquí, confluyesen), los avances en materia de CPD serían necesariamente lentos, complejos y difusos, por lo que los países del Sur debieran dotarse de elevadas dosis de audacia y perseverancia. Entre otras cosas, articulando políticas públicas de largo alcance que trasciendan los ciclos electorales. Un esfuerzo que sin duda merecería la pena para tratar de contribuir a la promoción de la CPD y, en definitiva, para que los países que protagonizan la cooperación Sur-Sur se vayan constituyendo como actores de desarrollo en sentido amplio y no se limiten a un rol de proveedores de cooperación.
