La igualdad, o su plena satisfacción, es el gran déficit de los Estados en relación con las personas con discapacidad. Las discriminaciones estructurales y esa visión hegemónica que nos ve como seres asistidos o incluso descartables a los que hay proteger apartándonos de la vida en común, sigue impregnando las políticas públicas y la percepción social hacia nosotras y nosotros.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nace para romper este paradigma y para decirle al mundo que nuestra realidad se debe entender, asumir y respetar como una cuestión de derechos humanos.
Este Tratado sitúa al individuo en el centro de todas las decisiones que le afecten y ubica el centro del problema fuera de la persona: en la sociedad.
En lugar de vernos como sujetos pasivos de actos de beneficencia, nos empodera y nos capacita
Se reconoce así que las personas con discapacidad somos sujetos de derecho, con derechos; y que el Estado y otras entidades tienen responsabilidades para garantizar nuestra plena ciudadanía.
Este paradigma de la discapacidad basado en los derechos, no se ve impulsado por la conmiseración, sino por la dignidad y la libertad. Busca los medios para respetar, apoyar y celebrar la diversidad humana mediante la creación de condiciones que permitan la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.
En lugar de vernos como sujetos pasivos de actos de beneficencia, nos empodera y nos capacita para que seamos protagonistas de nuestro destino y ser así parte activa de la sociedad: en la educación, en el trabajo, en la vida política y cultural y en la defensa de nuestros derechos, mediante el acceso a la justicia.
Una década después de la adopción de esta Convención se adoptó la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un compromiso mundial para que la igualdad sea una realidad que permee en toda la humanidad y sin duda una oportunidad excepcional para catalizar, la todavía precaria situación, de los derechos de las personas con discapacidad.
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), consciente del valor de este nuevo Pacto mundial ha querido contribuir a su desarrollo efectivo poniendo en valor una de las cuestiones nucleares de la Agenda 2030 como es la implicación y participación de las organizaciones de la sociedad civil, como agentes imprescindibles en la lucha contra la exclusión, catalizadores de los derechos humanos y elementos de base para garantizar la higiene democrática.
Las personas con discapacidad y sus familias conformamos una masa social de doce millones de mujeres y hombres en España y nuestro sentir se deposita en un movimiento social llamado CERMI que se ha convertido en la expresión asociativa de este colectivo en nuestro país.
El CERMI nace para cambiar desde la raíz, a veces en sus efectos más obscenos, un estado de cosas enquistado ante el que, por justicia, decencia y dignidad, nadie puede resignarse a condescender.
Este proceso de cambio lo protagonizamos, a título individual y grupal, las personas que vivimos en carne propia esta negación lacerante de normalidad cívica que impide o dificulta en extremo el acceso a bienes sociales el ejercicio de derechos humanos fundamentales. Aspiramos a ser percibidos y tomados a actuar como miembros valiosos e ineludibles, respetables y respetados de la familia humana.
Había que dejar patente el valor de la discapacidad organizada en el desarrollo, bien entendido, de los pueblos. Somos un movimiento asociativo exigente, crítico y beligerante ante la desigualdad; pero al tiempo somos cooperadores necesarios y propositivos para se practique la igualdad transformadora del cambio sociocultural.
Esa igualdad que cuestiona la visión hegemónica en la que persiste el tratamiento diferenciado por motivos de discapacidad y que contribuirá a erradicar las formas sistémicas y más ocultas de discriminación.
Apelamos y reivindicamos el diálogo civil en el marco de esta nueva alianza por la equidad y la sostenibilidad pues es el instrumento para una nueva gobernanza perfeccionada, donde la toma de decisiones se comparte y se hace corresponsable. Todas las políticas públicas sociales, de igualdad o de inclusión, han de estar presididas por este principio.
Los movimientos sociales no pueden sustituir al Estado pero sí deben ser garantes y vigilantes de la mejora colectiva. En este sentido, el CERMI está realizando un estudio que describirá la contribución de las organizaciones de la discapacidad a metas ambiciosas que pretenden impulsar un cambio para que la población mundial, toda y sin excepciones, alcance el estatus de Humanidad: con derechos y libertades asegurados.
Aspiramos a ser percibidos y tomados a actuar como miembros valiosos e ineludibles, respetables y respetados de la familia humana
Queremos ser un activo de este viaje, porque contamos con experiencia y conocimiento demostrados para que sociedades hostiles, reticentes, negativa a las personas con discapacidad sean hoy más inclusivas, tolerantes con nosotras y nosotros.
Y vamos a reivindicar una Agenda 2030 que se nutra de los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque es ese el marco jurídico y normativo en el que queremos estar y porque fue construida con las manos de las propias personas con discapacidad.
Las mujeres y niñas con discapacidad tendrán un espacio protagonista en este Informe del CERMI porque, además de representar el 60% del colectivo, viven esa doble exclusión por ser mujeres y por tener una discapacidad, que aquí no solo se suma, sino que se multiplica, distanciándolas de cualquier esfera de inclusión.
Este nuevo Acuerdo es una nueva ocasión para sacar a la luz y revertir tantas prácticas nocivas que viven las mujeres y niñas con discapacidad: entre ellas las estirilizaciones forzadas, la violencia machista y su precario acceso al empleo.
La Agenda 2030 deber ser además una llamada al activismo de las propias mujeres y niñas con discapacidad.
Pero también estaremos vigilantes para que los acuerdos de esta Agenda sean vigorosos y sobre todo se hagan efectivos, no queremos ser objeto de más expectativas frustradas y ansiamos ver reparado este déficit de ciudadanía que nos sitúa en posiciones periféricas.
El desarrollo humano no puede dejar a nadie atrás y la Agenda 2030 junto a la Convención deben saldar una deuda de desigualdad, pobreza y discriminación hacia las personas con discapacidad.
