Sabiendo que no toda la Cooperación Internacional al Desarrollo es AOD y que no toda la AOD se destina específicamente a la reducción de la pobreza;
Suponiendo que al menos una parte significativa de los flujos públicos (oficiales) de cooperación quieren destinarse focalizada e intencionalmente la erradicación de la pobreza en cualquiera de sus dimensiones (“cooperación para los pobres”);
Reconociendo que la Agenda 2030 en su ODS 1 y meta 1.2. propone a la comunidad internacional reducir a la mitad la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales;
Reconociendo que los indicadores seleccionados por Naciones Unidas para el seguimiento de dicha meta contemplan la proporción de la población que vive por debajo del umbral nacional de la pobreza (indicador 1.2.1) y la proporción de personas que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales (indicador 1.2.2)
La evaluación sobre los resultados que se obtengan en términos de pobreza multidimensional tiene indicadores y líneas de base prefijados y además están poco sujetos a la discrecionalidad
Me parece interesante realizar la siguiente propuesta:
Dado que muchos de los países iberoamericanos han realizado un proceso participativo y riguroso de definición de su propio indicador de pobreza multidimensional, tal como se puede ver en la tabla adjunta, creo que la parte de recursos oficiales (si quiere añadirse la ayuda privada, bienvenida) que se destine intencionadamente a la reducción de la pobreza, debe contemplar este indicador como referencia fundamental.
El Índice nacional de Pobreza Multidimensional (IPM) tiene las siguientes grandes ventajas:
- Al haber sido definido y computarse los datos por parte de las unidades estadísticas nacionales, fortalecen de forma innegable la apropiación en las relaciones de cooperación
- La evaluación sobre los resultados que se obtengan en términos de pobreza multidimensional tiene indicadores y líneas de base prefijados y además están poco sujetos a la discrecionalidad o “influencia” política ya que son recogidos de forma “independiente” por las unidades técnicas de estadísticas nacionales;
- Su desglose en dimensiones, grupos étnicos, sexos, ámbito rural-urbano y cada uno de los indicadores, permite prefijar las privaciones más abundantes (en términos de incidencia de población e intensidad de las privaciones) en cada uno de los lugares donde se desee intervenir, con lo que se ahorra mucho trabajo y tiempo en labores de “identificación” de posibles intervenciones;
- Dada la multidimensionalidad de privaciones en cada país-departamento-municipio… la coherencia de políticas e intervenciones dispone ya de un marco de análisis muy rico para su seguimiento y evaluación;
- Ya existe experiencia de cómo los IPM nacionales actúan como incentivo para las políticas locales y algunas decisiones de financiación pública (por ejemplo aquí puede consultarse el caso de Colombia).
Creo que tomar como referencia básica los respectivos IPM de los países iberoamericanos que lo han adoptado, podría ser el punto de partida indiscutible para la planificación, seguimiento y evaluación de la nueva oleada de Marcos de Asociación País de la Cooperación Española, por ejemplo.
En el artículo Linking ODA to the MPI: A proposal for Latin America analizo la asignación de la AOD a los países de la región y la comparo con la que podría tener si se adoptara el índice de pobreza multidimensional para la región diseñado por Santos et al. 2015.
