El año 1983 marca el nacimiento de lo que hoy se conoce como la “gran revolución”, una innovación que ha significado un antes y un después en nuestras sociedades, con un recorrido tan rápido que pocos podían imaginar que ya en 1995 el uso de Internet se habría multiplicado por cien.
Veinte años después y entrada la segunda década del siglo XXI, esta “gran revolución” ha transformado la vida de millones de personas y hoy cada vez dependemos más de la conexión a Internet y sus tecnologías vinculadas.
Utilizamos uno o más teléfonos móviles con conexión a Internet para buscar información, realizar gestiones, trámites, acceder a plataformas web y una infinidad de servicios que exigen como requisito supuestamente imprescindible la consabida geolocalización.
De la mano de Internet, hoy disponemos también de avances tecnológicos que pocos años atrás parecían de ciencia ficción como servicios en la nube, redes sociales, plataformas de compras, contenidos multimedia por streaming, robots, GPS, drones, reconocimiento facial, coches autónomos, realidad virtual, criptomendas, computación cuántica o inteligencia artificial con sus múltiples aplicaciones.
Comodidad vs. privacidad
Bajo la afirmación de mejorar la vida de las personas, estas nuevas tecnologías se van introduciendo paulatinamente en nuestras vidas hasta que llegan a ser imprescindibles. Ofrecen servicios gratuitos que hacen más fácil y cómodo nuestro día a día, pero se pagan indirectamente con la cesión de gran cantidad de datos personales.
La tecnología pone a disposición de los ciudadanos muchos recursos gratuitos, por lo que aspectos como privacidad, confianza, seguridad de los datos y ciberseguridad deben estar muy presentes en un entorno digital infinito e indeterminado.
Se trata de una realidad cuyos límites aún no conocemos y que todavía está en construcción. Se abren múltiples caminos y enfoques dentro del universo virtual también conocido como metaverso, que irá configurando la forma en el que se desarrollará nuestra interacción con la tecnología.
Las cuestiones derivadas de los avances tecnológicos, la digitalización y la privacidad han sido objeto de diversos pronunciamientos al más alto nivel político en Iberoamérica. Por ejemplo, en la Declaración de la XXVII Cumbre Iberoamericana (Andorra, 2021) los Jefes de Estado y de Gobierno de la región “coincidieron en la importancia de alcanzar una sociedad digital inclusiva, regulada, segura y transparente como fuente de desarrollo sostenible que permita eliminar las brechas digitales entre los países y dentro de ellos”.
La privacidad en la era digital, así como una digitalización inclusiva y humanista se han abordado en la Conferencia Iberoamericana
Asimismo, en la Reunión de Ministros y Altas Autoridades de Ciencia, Tecnología e Innovación celebrada en el marco de dicha Cumbre se acordó “Promover acciones específicas en el ámbito de la Sociedad Digital, con especial y urgente atención a la reducción y eliminación de la brecha digital, las formas de trabajo a distancia, la privacidad y la protección de datos, la veracidad de la información y los derechos en línea, en el marco del mandato de impulsar una Agenda Digital Iberoamericana y promover la organización de un Foro Digital” .
La regulación es clave
La privacidad debe protegerse en el mundo digital, especialmente la de aquellas personas más vulnerables. Para ello necesitamos un entorno digital seguro y asequible que sólo puede garantizarse con reglamentos y normativas supranacionales y con la garantía de la actuación de autoridades nacionales de protección de datos independientes.
Es importante que aquellos que tienen las facultades de legislar y alcanzar acuerdos para garantizar la privacidad, al mismo tiempo también preserven la libertad de las personas en el entorno digital, estableciendo instrumentos regulatorios que permitan que la digitalización sea una vía más que fortalezca a las empresas y que garantice la protección de datos personales en la Red con un enfoque de derechos.
Un entorno digital seguro y asequible debe garantizarse mediante una regulación supranacional para proteger derechos fundamentales como la privacidad
En este sentido, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), cuya Secretaría Permanente se encuentra en la Agencia Española de Protección de Datos, aprobó en 2017 los “Estándares de Protección de Datos Personales para los Estados Iberoamericanos” que toman como referencia el reglamento general publicado en 2016 por la Unión Europea, al igual que otros instrumentos internacionales y emblemáticos emitidos por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Consejo de Europa o el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico.
A nivel iberoamericano, estos estándares y directrices orientadoras buscan impulsar y contribuir al fortalecimiento y adecuación de los procesos regulatorios en la región, sirviendo como modelo para emitir futuras iniciativas regulatorias de protección de datos o para la revisión de las existentes en esos países.
Entre los objetivos de los Estándares se puede destacar el establecimiento de un conjunto de principios y derechos comunes, facilitar el flujo de datos entre los Estados Iberoamericanos, traspasando sus fronteras para contribuir al crecimiento económico y social de sus regiones, así como favorecer la cooperación internacional entre autoridades de control a todos los niveles intra y extra-Iberoamericanos.
Finalmente, constatar que España fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales, la Constitución Española dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Desde entonces se ha continuado avanzando y regulando sobre la materia atendiendo a los avances de la tecnología, sigue siendo pionera, la última con la aprobación de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantías de los derechos digitales el pasado 2018.
