La Agenda 2030 tiene como uno de sus postulados fundamentales “No dejar a nadie atrás”. Por lo que es evidente que, si hablamos de la consecución del derecho a una educación de calidad, inclusiva, equitativa para todas las personas, resulta fundamental la garantía del derecho a la educación a personas y colectivos en situación de clara vulnerabilidad, como son, entre otros: las niñas y niños refugiados y migrantes, las niñas y jóvenes, los niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional, entre otros.
Son multinivel y multisectoriales los esfuerzos que se han ido haciendo, aunque de manera muy desigual, para crear una estructura gubernamental que incorpore la visión transversal a la que invita esta Agenda 2030, al menos en España.
Sin embargo, queda mucha fontanería pendiente que hacer para abordar de manera integral de objetivos y metas que pueden conducir los esfuerzos globales hacia un mundo sostenible y libre de pobreza para el 2030.
El logro de los ODS requerirá que los gobiernos nacionales, el sector privado, el sector sin fines de lucro y las comunidades tomen decisiones difíciles basadas en un compromiso serio y genuino con los ODS
En este sentido, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) requieren de una gobernabilidad para su implementación real, es decir, cómo las sociedades toman decisiones y toman medidas.
Se trata de abordar con decisión los mecanismos que utilizamos para trabajar juntos en la sociedad para resolver problemas compartidos.
Para los ODS, esto implica considerar cómo el gobierno, las empresas, las organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y los investigadores trabajamos juntos.
El pasado 1 de octubre, desde Entreculturas, promovimos un espacio de reflexión en torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 que hace referencia a garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas.
El acto tuvo lugar en el Auditorio del Palacio de Cibeles de Madrid y contamos con la presencia, entre otros, de la Ministra de Educación, Isabel Celáa, Consuelo Veláz de Medrano, Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Aina Calvo, Directora de la AECID, Federico Buyolo – Director General de la implementación de la Agenda 2030 en España, Ana Millán, Directora Fundación Accenture y Mariano Jabonero, Secretario General de la OEI.
Reunimos diversos actores educativos, miembros de la administración pública y representantes del mundo de la cooperación internacional para abordar los retos y propuestas para alcanzar el ODS 4 y los desafíos educativos específicos con los colectivos más vulnerables.
Uno de los retos que se abordaron fue la tarea de dar respuesta a la implementación de la Agenda que sugiere su propia idiosincrasia y es el enfoque transversal y multinivel y sectorial de la misma y que descansa, al fin, en su puesta en marcha real.
La gobernabilidad sustenta fundamentalmente nuestra capacidad para abordar los retos en la sociedad, pero existen numerosos fracasos en la gobernabilidad en todas partes: garantías débiles en el sistema financiero global, golpes contra gobiernos nacionales electos, la lucha de múltiples décadas para tomar medidas globales para gestionar las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.
la Agenda 2030 alienta a los estados miembros a «realizar revisiones periódicas e inclusivas
El desarrollo sostenible involucra de manera inherente a muchas partes interesadas diferentes que operan a diferentes escalas, desde gobiernos nacionales hasta corporaciones transnacionales, ONG locales e internacionales, pequeñas aldeas y muchos más.
Cada uno de estos temas tiene muchos intereses en conflicto entre los interesados y hacer concesiones difíciles puede ser una gran debilidad de la gobernabilidad, especialmente para los problemas complejos dentro de los ODS donde la responsabilidad está dispersa y los intereses de diferentes partes interesadas pueden entrar en conflicto.
El logro de los ODS requerirá que los gobiernos nacionales, el sector privado, el sector sin fines de lucro y las comunidades tomen decisiones difíciles basadas en un compromiso serio y genuino con los ODS. Así que ¿cómo construimos la responsabilidad para la acción?
Un último desafío clave es garantizar la responsabilidad del progreso hacia el cumplimiento de los ODS.
Los mecanismos para hacer esto deben vincularse a escalas locales, nacionales e internacionales. Actualmente se están llevando a cabo discusiones para poner en marcha sobre los indicadores y las formas de monitorear y evaluar el progreso de los ODS, en gran medida a escala nacional.
Sin embargo, lo más importante es que necesitamos formas poderosas de devolver esta información al ámbito político y político para responsabilizar a las partes interesadas responsables.
Esto incluye principalmente a los gobiernos, pero también a otras partes interesadas clave en el sector privado y la sociedad civil. Si no creamos este tipo de «bucles de retroalimentación» para responsabilizarnos mutuamente, ¿cómo nos aseguraremos de que realmente se estén implementando los ODS?.
Como Entreculturas, ya tenemos puesta la mirada en el próximo mes de julio de 2019, cuando asistiremos a una gran cita en la senda de la rendición de cuentas del ODS 4 que es el Foro Político de Alto Nivel de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, que reunirá a los Estados para evaluar la implementación de los Objetivos de la Agenda.
Como parte de sus mecanismos de seguimiento y revisión, la Agenda 2030 alienta a los estados miembros a «realizar revisiones periódicas e inclusivas del progreso a nivel nacional y subnacional, que son dirigidas y dirigidas por los países».
Se espera que estas revisiones nacionales sirvan de base para las revisiones regulares por parte del Foro de julio de 2019.
Como se estipula en la Agenda 2030, los exámenes periódicos por parte del Foro de Alto Nivel serán voluntarios, dirigidos por el Estado, llevados a cabo por países desarrollados y en desarrollo, y proporcionarán una plataforma para asociaciones, incluso mediante la participación de grupos principales y otras partes interesadas más allá de los exámenes voluntarios que unilateralmente están presentando los Estados anualmente.
Estaremos vigilantes. Allí nos vemos.
