La lucha de las mujeres por sus derechos data de muchos siglos. Bastaría con recordar a todas las que fueron acusadas de ser brujas y a aquellas que dieron vida al movimiento sufragista. También a las novelistas y poetisas que se vieron en la necesidad de firmar con seudónimos masculinos para que sus obras fueran aceptadas, o a las valientes luchadoras anticoloniales que nos dieron grandes lecciones de dignidad e independencia como la indígena Bartolina Sisa y Juana Azurduy.
El primer acuerdo internacional en reconocer el principio de igualdad entre hombres y mujeres de manera contundente es la Carta de las Naciones Unidas de 1945. Sin embargo, la complejidad del problema y la heterogeneidad de los actores exigen que cada país cree y aporte sus propios mecanismos para erradicar las desigualdades.
La desigualdad tiene bases profundas y sería un error limitarla a un conflicto generado en el ámbito doméstico. Felizmente cada día hay más conciencia de la importancia de erradicarla. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un elemento central, pero exige trabajar de manera transversal para romper con esquemas machistas y desmontar sistemas incluso legales que colocan a la mujer en un plano inferior. La semilla del cambio no solo está en nosotras, sino en todas y todos, sin importar la edad.
Hay que trabajar transversalmente para romper esquemas machistas y desmontar sistemas legales que colocan a la mujer en un plano inferior
En Bolivia, mi país, el 60% de la población declara su pertenencia a uno de los 36 pueblos indígenas. Durante años, tener raíces en los pueblos originarios fue un lastre que se hacía más pesado si eras mujer. La fundación del Estado Plurinacional en 2009 marcó el inicio de éste difícil camino para acabar con esa doble vulnerabilidad. Los lineamientos estratégicos de nuestro ‘Plan Nacional de Desarrollo’ están orientados a reducir las brechas sociales, económicas, políticas y culturales por razón de género.
Un objetivo que se está materializando a través de varios mecanismos como la ‘Ley 348 Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia’, la cual tiene por objetivo la prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia así como la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos. Otra es la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de Discriminación, la cual busca eliminar conductas de racismo y toda forma de discriminación, así como consolidar políticas públicas de protección y prevención de delitos de racismo.
Hoy, Bolivia es un país con un entramado legal que no solo nos protege de la violencia, sino que ha cuadruplicado la titularidad de tierras en manos de las mujeres (el 46% de los propietarios de la tierra en Bolivia son mujeres frente al 9,8% registrado 1995). Por otro lado, la contundente participación de la mujer en Bolivia hoy se refleja en nuestra presencia en la Asamblea Legislativa que llega al 50,09%, siendo el segundo país en el mundo con tal grado de representación.
No obstante, éstos son aún pequeños pasos ante un problema que tiene profundas raíces sistémicas. Me refiero al sistema patriarcal que domina el mundo, que replica el machismo en todos los espacios y que no se combate con una ley o algún mecanismo coercitivo policial.
Hay que involucrar a los hombres en los proyectos que combaten el machismo
La cooperación entre países es un aporte interesante para revertir estas estructuras. En 2006 el gobierno de Evo Morales Ayma se adhirió a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Han sido más de diez años de cooperación para convertir la educación y la sanidad en verdaderos cauces de integración que redundan de manera importante en la reducción de esas diferencias. La aplicación en Bolivia del programa educativo ‘Yo sí puedo’, por ejemplo, ha permitido alfabetizar a más de 800.000 personas desde 2007 de las cuales el 70% eran mujeres. Un logro reconocido por la UNESCO quien en 2008 declaró a Bolivia como país libre de analfabetismo.
La capacidad integradora del ALBA es un hecho, reconocida por organismos internacionales e intergubernamentales de América Latina. Es un ejemplo de cómo transformar la retórica política en una mujer indígena que aprende a leer en su edad adulta o en una adolescente de un área rural que por primera vez incluye en su proyecto de vida la posibilidad real de estudiar en la universidad.
La experiencia nos dice que hay que involucrar a los varones en los proyectos o programas que combaten el machismo. Avanzar juntos hacia la equidad de género requiere no solo que la mujer esté empoderada y salga de su quehacer doméstico, sino que su compañero de vida, hijo o hermano entienda que no es un privilegio, sino un derecho.
Nuestro derecho.
