La crisis sanitaria actual ha puesto de manifiesto las limitaciones de los sistemas de salud, de cuidados y de protección social en la región iberoamericana y en otras zonas del mundo, especialmente en lo que respecta a las personas mayores y, dentro de este grupo, a las que se encuentran en situación de dependencia.
El “Programa Iberoamericano de Cooperación sobre la Situación de las Personas Adultas Mayores en la Región”, en el que participan Argentina, Brasil, Chile, España, México, Uruguay, Paraguay y República Dominicana, ha dedicado sus esfuerzos a reforzar la protección de las personas mayores en este contexto.
Lecciones de países
Ante esto, la cooperación iberoamericana es una herramienta de especial utilidad para facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre las instituciones responsables de estas políticas en los diversos países.
Por ello, a través de un seminario en línea, los países compartieron las medidas adoptadas durante la pandemia. Toda la información se recoge en la web del programa: iberoamericamayores.org.
Entre las medidas aplicadas se destaca, en Argentina, la adopción de protocolos de actuación en las residencias de larga estadía dependientes de la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores y la conformación de un Comité de Emergencia (COVID-19).
También se lanzó el programa “Residencias cuidadas”, impulsado por el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), que incluye prestaciones médicas y psicosociales.
En Chile, el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) implementó Residencias Espejo Transitorias (RET) para personas mayores. Además, ha difundido protocolos de actuación en los establecimientos de larga estadía (ELEAM) y ha entregado insumos para la protección de primera necesidad.
En México, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) puso en funcionamiento el “Programa de Acompañamiento Gerontológico Telefónico”, que brinda orientación preventiva contra el coronavirus, así como monitoreo de riesgos y de depresión.
En Uruguay, las personas trabajadoras de más de 65 años pueden acceder a un seguro por enfermedad y se ha prorrogado el vencimiento de los préstamos sociales a pensionistas.
En Paraguay, el Instituto de Previsión Social (IPS) reforzó el sistema de atención sanitaria y entrega equipos de protección individual frente a la pandemia.
Finalmente, en República Dominicana el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) ha implementado protocolos de actuación en las residencias de mayores y facilitado material de protección.
Grupo de riesgo
La evidencia demuestra que este grupo se ha visto afectado desproporcionadamente por la pandemia del COVID-19, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), y las tasas de mortalidad del COVID-19 aumentan exponencialmente en las personas mayores de 70 años, como indica la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG).
A esto se suman las dificultades económicas, territoriales y de disponibilidad que encuentran las personas mayores en el acceso a servicios de salud y a equipos de protección individual frente al virus.
Un 35,4% de mayores en la región continúan activos después de los 60 años, en ocasiones en la informalidad, por lo que están sufriendo con especial dureza los efectos económicos del confinamiento.
Antes de la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indicaba que el 30% de la población de las Américas no tenía acceso a servicios de salud por razones económicas.
Además, un 35,4% de mayores en la región continúan activos después de los 60 años, en ocasiones en la informalidad, por lo que están sufriendo con especial dureza los efectos económicos del confinamiento, según una publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Aunque hay retos pendientes, los esfuerzos que han realizado los países iberoamericanos durante 2020 han sido importantes para mejorar la protección de las personas mayores frente a la pandemia, al tiempo que estas medidas también han servido para fortalecer los sistemas sanitarios y de protección social que permanecerán tras la crisis.
