Si bien la accesibilidad en todas sus formas no es un tema nuevo en Iberoamérica y mucho menos uno al que se le ha asignado poca atención en las últimas décadas, a más de diez años de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a un lustro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aún quedan muchas preguntas por responder y áreas que cubrir.
Al momento de revisar algunos de los elementos que marcaron esta realidad, podemos encontrar que existió y aún persiste una acentuada falta de conexión entre el cuerpo normativo y la práctica real y tangible del concepto de accesibilidad.
Podemos indicar como otro elemento crucial la reducida asignación de presupuestos públicos, tanto nivel nacional como local, para dar respuesta a las diferentes demandas vigentes.
Cuando observamos, por el contrario, algunas buenas prácticas e iniciativas público-privadas, podemos destacar una mayor toma de conciencia en la accesibilidad como eje central, tanto en lo vinculado al espacio físico como el acceso a la información.
“Las personas con discapacidad y sus organizaciones deben tener un rol protagónico en el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas públicas”.
Una mirada distinta
Podemos incorporar a los aspectos positivos de este incipiente cambio de paradigma una mirada distinta que la sociedad hacia las personas con discapacidad. Este nuevo enfoque sitúa a este colectivo como agente de derechos humanos, así como potenciales consumidores de bienes y servicios.
Es en este marco que, tanto los Estados como las empresas y demás actores sociales, deben comenzar a reformular sus estrategias para atender a un grupo social que muchas veces ha sido excluido.
Adicionalmente, existe en la región una natural necesidad de alcanzar consensos y esfuerzos comunes que trasciendan fronteras y se consoliden como prácticas usuales, marcando no sólo el rumbo que la cuestión de la accesibilidad debe tomar sino también los distintos roles que cada entidad involucrada debe jugar.
A modo de síntesis, puede indicarse que el Estado en su rol de garante de derechos humanos debe realizar todos los esfuerzos posibles, incluidos los financieros, para una participación plena de las personas con discapacidad.
En este esfuerzo, la accesibilidad es la condición previa para que la inclusión sea real y sostenible.
Por otro lado, las personas con discapacidad y sus organizaciones deben tener un rol protagónico en el diseño, ejecución y monitoreo de las políticas públicas.
Finalmente, y no menos importante, el sector privado y las universidades deben realizar sus aportes desde la investigación y el desarrollo, así como realizar una mayor inversión para alcanzar más mercados y mayor número de consumidores.
La accesibilidad no es un asunto que sólo beneficia a algunos. Por el contrario, debe ser entendido como un cambio de paradigma social que permitirá una mayor inclusión y una participación efectiva de todos.
Los retos son enormes, pero la región ha iniciado un buen camino que debe profundizar y asegurar que sea sostenible en el tiempo y en concordancia a los tratados de derechos humanos vigentes.
