Ante una confluencia de crisis económica, social, ambiental y política, agravadas por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la pandemia COVID, más de 2.600 organizaciones cívicas insisten en la urgencia de un nuevo pacto social para afrontar de manera justa las transiciones social, económica, ecológica y digital, así como sentar las bases de una recuperación con transformación que permita un pleno ejercicio de los derechos.
“Necesitamos retomar la idea de un nuevo pacto social que implique una nueva forma de relacionamiento humano en el que la justicia social, económica, financiera, ambiental, racial, de género y generacional sean la prioridad. La igualdad de derechos debe ser un eje central de la gobernanza en la región”, recoge la Declaración del XIV Encuentro Cívico Iberoamericano que reunió a redes, plataformas y movimientos sociales de 19 países iberoamericanos para hacer llegar a los gobiernos “la realidad de muchas personas en Iberoamérica que no siempre tienen la posibilidad de que su voz sea escuchada”.
Desde antes de la crisis COVID, las organizaciones sociales iberoamericanas habían puesto sobre la mesa la importancia de alcanzar grandes consensos para luchar contra la desigualdad y la pobreza, garantizar mejores condiciones laborales o abordar con mayor decisión el desafío medioambiental. Ya para finales de 2019—pocos meses antes de la emergencia por coronavirus—una ola de protestas daba cuenta de que el descontento social y la desconfianza ciudadana hacia los gobiernos había llegado a niveles límite en distintos países de Iberoamérica, situación que se ha agravado con la crisis COVID y las consecuencias de la guerra en Ucrania.
“A pesar de que la situación actual es sumamente complicada ante la superposición de crisis que se suman a las brechas estructurales que ya arrastraba Iberoamérica, también pensamos que este contexto complicado hace todavía más necesario lograr ese pacto social”, argumenta Carlos Botella, vocal de la Coordinadora de ONGD de España, que aglutina organizaciones sociales dedicadas a la cooperación internacional y la acción humanitaria y una de las entidades que organizan desde 2005 el Encuentro Cívico Iberoamericano.
La sociedad civil de Iberoamérica defiende la urgencia de un nuevo pacto social para una transición económica, ecológica y digital que garantice el cumplimiento de derechos.
La sociedad civil de Iberoamérica defiende la urgencia de un nuevo pacto social para una transición económica, ecológica y digital que garantice el cumplimiento de derechos.“Insistimos en este pacto social precisamente porque aún no ha llegado y porque no hacerlo significaría profundizar las brechas sociales, la pérdida de derechos, el descontento y desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones, lo que a su vez deriva en mayor polarización y violencia social”, amplía Botella.
La crisis derivada de la pandemia “ha permitido entender con mayor amplitud y claridad el valor de lo público, visto más allá de lo gubernamental”. En opinión de Botella, esta mayor valorización de lo público, lo común y lo comunitario, abre una oportunidad para alcanzar esos grandes consensos para preservar esos bienes colectivos asociados a derechos como la educación, la salud, el medioambiente o la protección social.
¿Qué implica este nuevo pacto social?
Para las organizaciones sociales integrantes del Encuentro Cívico, este gran pacto social involucra grandes acuerdos, compromisos y acciones entre los actores económicos, políticos y sociales para cimentar un nuevo modelo de desarrollo, que “ponga a las personas y al planeta en el centro de todas las transformaciones”, con especial énfasis en la lucha contra la desigualdad, que en sus palabras “es una cuestión urgente en América Latina y el Caribe”.
“No podemos aceptar que la desigualdad se vea como algo normal, porque estas desigualdades en la práctica suponen un freno para que las personas puedan ejercer plenamente sus derechos”, explica el vocal de la Coordinadora de ONG de España, que defiende que este pacto social no es una receta única para todos los países, sino una “hoja de ruta que debe aterrizarse de forma específica a la realidad de cada país”.
Se trata de un proceso que debe abordarse desde diferentes enfoques: económico, social, político, ambiental o digital, pero siempre desde una mirada de derechos en la cual la Agenda 2030 sea un horizonte y objetivo común, explica Botella.
En esta misma línea, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) explica que este nuevo contrato social debe construirse a través de pactos en ámbitos específicos (educación, salud, derechos laborales, protección social, cuidado ambiental) entre gobiernos, sociedad civil, sindicatos, empresas y demás actores sociales que intervienen en su implementación y que posteriormente se incorporan a los planes nacionales de desarrollo de cada país.
“No podemos aceptar que la desigualdad se vea como una característica normal de América Latina, porque estas brechas en la práctica limitan el ejercicio de los derechos”.
En su informe de Perspectivas Económicas de 2021 que dedica un capítulo entero a la formulación de este nuevo contrato social, la OCDE advierte que “alcanzar pactos justos y estables requiere la participación en procesos de formulación de políticas abiertos e inclusivos (…) que prevengan de la captura de políticas por parte de las élites”.
¿Dónde empezar? A juicio de las organizaciones sociales iberoamericanas, estas reformas integrales tantas veces postergadas deberían tener como punto de partida una política fiscal progresiva y un sistema integral de cuidados que permita proteger a los más vulnerables y repartir los costos de las transiciones económicas, ambientales y digitales. Además, este sistema integral de cuidados también tiene el potencial de generar valor económico y empleos a partir de la llamada “economía de los cuidados”, explican desde las organizaciones sociales.
Pacto fiscal y financiación al desarrollo
Ante la difícil situación de la mayoría de las economías latinoamericanas, una de las claves es precisamente contar con sistemas recaudatorios más justos que permitan reducir las desigualdades y fortalecer las capacidades de inversión pública. “Es importante que la región avance hacia sistemas fiscales progresivos donde quienes más tienen asuman también una mayor responsabilidad”, defiende Carlos Botella.
En su opinión, América Latina aún tiene margen para mejorar la recaudación vía impuestos como política de redistribución de la riqueza y también para la renegociación de la pesada carga de la deuda pública a través de agendas compartidas a nivel multilateral.
En este sentido, países como España y Portugal en la Comunidad Iberoamericana, tendrían un papel decisivo para fomentar estas iniciativas en foros internacionales en línea con la propuesta de la última Cumbre Iberoamericana sobre una nueva arquitectura financiera internacional, argumenta.
La presidencia española de la Unión Europea que arrancó en julio de 2023 abre una ventana de oportunidad para debatir estos asuntos en el marco de una nueva agenda Unión Europea-América Latina, donde la sociedad civil también demanda espacios de participación, avanza Botella.
Una política fiscal progresiva y una economía de los cuidados deberían centrar la definición de grandes consensos con la Agenda 2030 como horizonte común
El avance hacia sistemas fiscales más redistributivos también ha estado presente en los análisis de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), que en su Panorama Fiscal 2023 recomienda una política fiscal que promueva el crecimiento, la redistribución y la transformación productiva en la región.
Durante el Seminario Regional de Política Fiscal en mayo de 2023, el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar Xirinachs, subrayó que la política fiscal de los países latinoamericanos “debe contribuir no solo a navegar las necesidades y urgencias del corto plazo, sino también las transformaciones de los modelos de desarrollo en el largo plazo”, lo que incluye tanto el crecimiento económico como la reducción de las desigualdades.
Sin embargo, la CEPAL alerta sobre el desafiante panorama macroeconómico de la región caracterizado por un incremento de la deuda pública en la mayoría de los países, un reducido espacio fiscal, el aumento de los costos de financiamiento y un problema estructural de crecimiento económico mediocre. “Debemos ver la promoción del crecimiento como parte integral de las políticas fiscales y no como un dato externo”, argumenta el Secretario de la CEPAL al referirse al escenario de las finanzas públicas de la región.
Además de pactos fiscales redistributivos y una reducción de la carga de la deuda pública, las organizaciones sociales apuntan a la necesidad de revitalizar la agenda global de financiación al desarrollo con base en agendas comunes alineadas con los ODS. En este ámbito destacan la financiación de agendas transformadoras en medioambiente y cambio climático, digitalización o transición energética, que son desafíos compartidos por todos los países de la región, así como el fortalecimiento de las estrategias de Cooperación Sur-Sur, un espacio en el que Iberoamérica cuenta con un liderazgo internacionalmente reconocido.
Respeto a los derechos humanos
Una de las recomendaciones más críticas del XIV Encuentro Cívico Iberoamericano, una de las instancias más importantes de interlocución de la sociedad civil con los gobiernos, fue precisamente la urgencia de fortalecer el Estado de derecho y la democracia con enfoque de derechos, en un momento en que según datos de Civicus, gran parte de los países iberoamericanos registran restricciones en el espacio cívico.
Desde la Coordinadora de ONGD denuncian un recorte y debilitamiento de las posibilidades de acción de la sociedad civil, que en muchos casos está gestada desde el propio poder público. “Nuestro llamado a fortalecer la democracia implica que la sociedad civil no sea atacada o criminalizada y que se garanticen derechos y libertades de reunión, asociación y expresión.
En esta línea, la Declaración del XIV Encuentro Cívico Iberoamericano llama expresamente a “acabar con la criminalización de la sociedad civil, garantizar los espacios para la participación ciudadana y que la sociedad civil organizada pueda actuar en condiciones de autonomía” como un actor de derecho propio en la construcción y seguimiento de las políticas públicas, porque según argumentan desde la Coordinadora de ONGDs “las transformaciones cruciales que requiere la región solo podrán lograrse con una sociedad civil fuerte e independiente».
Asimismo, la sociedad civil iberoamericana pide expresamente que los próximos encuentros cívicos se realicen en el mismo país en el que se celebra la Cumbre Iberoamericana para garantizar una interlocución más directa y efectiva entre las organizaciones sociales y los gobiernos. Esta petición se hace extensiva a la próxima Cumbre Iberoamericana de 2024 en Quito, Ecuador, donde la sociedad civil iberoamericana seguirá insistiendo en la urgencia de llegar a grandes consensos para estas transformaciones decisivas, que además sean justas y que garanticen que los derechos sean una realidad para tod@s.
