Desde el inicio de la pandemia, la carrera para lograr una vacuna contra el COVID-19 estuvo caracterizada por la preocupación de cientos de líderes y expertos/as internacionales de que los intereses de los gobiernos más ricos y las empresas no se antepusieran a la necesidad universal de salvar vidas.
En una carta firmada en mayo de 2020 por más de 140 líderes internacionales, entre ellos la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, se instaba a la Asamblea Mundial de la Salud -el mayor órgano de la decisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS)- a forjar un acuerdo global que asegure el acceso rápido y universal a vacunas, diagnósticos y tratamientos para el COVID19, en los que la necesidad se priorice por encima de la capacidad de pago”
En un momento, algunos países y empresas que invierten millones de dólares y tiempo en investigaciones expresaron sus objeciones a una vacuna universal.
Por ejemplo, el director general de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica ( ), Thomas Cueni, dijo que poner en duda la propiedad industrial por la pandemia del coronavirus “crearía incertidumbre y enviaría un mensaje equivocado a las compañías farmacéuticas que se han arriesgado con grandes inversiones”.
Sin embargo, Grynspan aclara que hay millones de dólares de fondos públicos que se han usado para la investigación de las vacunas: muchas veces, los ensayos iniciales los hacen universidades o centros de investigación con dinero público, pero luego las fases siguientes las continúan las compañías.
“Esto tiene que ser un esfuerzo público-privado, que permita la producción en masa de vacunas que lleguen a todo el mundo”, y cita el caso de la vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica británico-sueca Astra-Zeneca.
Gratuidad de la vacuna
El director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que una luz verde de sus vecinos de Ginebra en la Organización Mundial de Comercio (OMC) haría que las vacunas, las pruebas y los tratamientos utilizados para combatir el COVID-19 «estén disponibles para todos los que los necesiten a un costo asequible».
Sin embargo, aunque la idea cuenta con el respaldo de más de 100 países, según la organización Médicos del Mundo y la OMS, el 10 de diciembre de 2020 la OMC no llegó a un acuerdo sobre la propuesta para eximir las vacunas contra el COVID-19 de los derechos de propiedad intelectual y poder ser producidas por países de todo el mundo, una idea a la que se oponen varios Estados que albergan a gigantes farmacéuticos.
“Es la cooperación internacional que tiene que hacerla disponible para todo el mundo, por razones éticas, altruistas y de preservación, porque si alguna población se queda sin acceso a la vacuna, pueden contagiar al resto”, remarca Grynspan.
Las lecciones aprendidas
El temor de los líderes y expertos/as internacionales no es casual. El acceso desigual ya se ha producido con vacunas anteriores.
Grynspan recuerda la dolorosa lección que dejó el VIH y el ébola.
“Como el ébola se contuvo en algunos países de África, no hubo una alianza internacional que sumara esfuerzos y conocimientos para sacar una vacuna, y todos sabemos lo doloroso que fue esa experiencia para África”.
En el caso del VIH-SIDA, aunque se ha avanzado en los tratamientos, “debemos recordar que al principio fueron muy costosos y no hubo acceso individual, hasta que se gestó un movimiento internacional para poner a disposición los primeros tratamientos genéricos, (la campaña por los retrovirales), pero pasaron muchos años hasta eso”.
Existen experiencias de cooperación exitosas, como la Alianza Mundial por las Vacunas y la Inmunización (GAVI), una asociación fundada en 2000, con capital tanto del sector público como privado, apoyada por la Fundación Gates, que lleva las vacunas a los países más pobres.
“La lucha contra el coronavirus solo se puede ganar si los diagnósticos, los tratamientos y la vacuna son de acceso universal”, concluye Grynspan.
