La trayectoria que reconoce los derechos de los pueblos indígenas a nivel internacional no tiene más de 30 años. Data de 1989, cuando el Convenio sobre Pueblos Indígenas y tribales de la OIT estableció un marco legal que reconoce a las comunidades originarias, una instancia que sería consolidada en 2007 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
A nivel regional, las medidas surgieron en 2016 con la Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y, en el ámbito iberoamericano, con la Declaración Iberoamericana de Pueblos Indígenas y el Plan de Acción para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas en 2018.
Pese a que en todo este tiempo los gobiernos locales han hecho esfuerzos por traducir este marco internacional a políticas públicas, existe la percepción en el conjunto de los pueblos indígenas de que no han sido suficientes para avanzar en sus reivindicaciones.
En términos generales, los pueblos indígenas siguen sintiendo los efectos de las injusticias históricas y la asimilación social, cultural, económica y política.
Derechos plenos
Esta diferencia en la percepción motivó a que en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (2014) se solicitara a los Estados miembros adoptar medidas a nivel nacional para concretar las metas de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Además, la Agenda 2030 para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible incorporó compromisos para implementar los derechos humanos, poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático, todos ellos aspectos directamente relacionados con los derechos de los pueblos indígenas.
“Queda mucho camino por avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pero no se puede obviar lo avanzado”
Iniciativas iberoamericanas
En Iberoamérica, la cuestión indígena ha sido uno de los pilares centrales la cooperación.
Como se indica en la Declaración de la XIII Cumbre Iberoamericana de Santa Cruz de la Sierra (Bolivia) de 2003, “la defensa de los derechos y la identidad propia de las culturas originarias de América y afrodescendientes debe ser una prioridad permanente para nuestros gobiernos, porque contribuyen de forma determinante al desarrollo de la identidad de toda la comunidad iberoamericana”.
Los pueblos indígenas son parte fundamental de nuestras sociedades interculturales y su plena articulación en ellas es un objetivo común. El espacio iberoamericano está construido desde una identidad que tiene una visión histórica compartida entre sus países miembros, donde conviven distintas identidades étnicas y culturales.
Por su parte, el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe (FILAC), en sus casi 27 años de vida se ha convertido en un actor clave en la lucha por dar visibilidad y reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas de América Latina.
Se puede decir que este ha sido uno de los resultados más importantes que han emergido de las Cumbres Iberoamericanas, ya que es el único organismo multilateral de cooperación internacional especializado en la promoción del autodesarrollo y el reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias.
“Un enfoque en las capacidades lleva al reconocimiento mutuo de derechos y a formar relaciones horizontales, más justas”
Tender puentes
Se considera que la aproximación a los pueblos indígenas debe darse desde la igualdad de todos como ciudadanos y dialogando para construir entre todos la sociedad que queremos.
Hay que pensar en estas comunidades más allá de sus vulnerabilidades y enfocarse en sus capacidades. Un enfoque en las vulnerabilidades invita a formar relaciones verticales, basadas en la ayuda unilateral; un enfoque en las capacidades lleva al reconocimiento mutuo de derechos y a formar relaciones horizontales, más justas.
En esta línea, en el marco de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno de La Antigua (Guatemala) en abril de 2018 se realizó el I Encuentro de Altas Autoridades de Pueblos Indígenas para generar un espacio de concertación entre gobiernos y representantes de los pueblos indígenas.
Esa acción tuvo como resultado la aprobación del Plan de Acción para la Implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que promueve objetivos comunes y una programación coordinada entre las autoridades nacionales, las comunidades originarias y organismos regionales y globales.
En la misma Cumbre Iberoamericana de 2018, los Jefes de Estado y de Gobierno decidieron impulsar la creación del Instituto Iberoamericano de Lenguas Indígenas (IIALI) para fomentar el uso, la conservación y el desarrollo de las lenguas indígenas de América Latina y el Caribe, así como apoyar a los pueblos indígenas y a los Estados en el ejercicio de los derechos culturales y lingüísticos.
Hoy existe un amplio reconocimiento jurídico a las comunidades originarias a través de normas de obligatorio cumplimiento, en especial las legislaciones vinculadas a la calidad de los derechos colectivos esenciales, así como la posibilidad de autodeterminarse y conservar su cultura.
Está claro que todavía hay que avanzar mucho en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de Iberoamérica, pero no se puede obviar lo conseguido en los últimos 30 años.
