“Con mucho dolor hemos perdido a nuestros abuelos, sabios y líderes por esta pandemia (…) Estamos a las puertas de un etnocidio, porque el ecocidio ya tiene mucho tiempo con la destrucción de la naturaleza, nuestra casa, nuestra madre”.
Con estas emotivas palabras, el dirigente de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), José Gregorio Mirabal, del pueblo Wakuenai Kurripaco denunciaba durante el Diálogo de Alto Nivel sobre los impactos de la COVID en los pueblos indígenas la situación en la Amazonía y pedía un “diálogo sincero” entre gobiernos y comunidades indígenas.
Las palabras de Mirabal reflejan la dureza del golpe de la pandemia sobre los pueblos indígenas de América Latina, una región que aún siente los efectos de la crisis económica que golpea con más fuerza a quienes, como las comunidades indígenas, ya se encontraban en situación de mayor desventaja antes de la COVID.
Un informe de la Plataforma Indígena Regional frente al COVID 19 (PIR) da cuenta de cómo la pandemia ha profundizado la pobreza, la desigualdad, las barreras de acceso a la educación y la salud, así como la criminalización y la discriminación contra los pueblos indígenas por conflictos territoriales, causando retrocesos en los derechos alcanzados en décadas pasadas.
“Estamos enfrentando retrocesos y estancamientos en varios campos. La pandemia ha desnudado nudos críticos de las sociedades y los Estados latinoamericanos, así como un modelo de desarrollo que impacta de forma negativa en nuestros pueblos”, explica la líder miskita nicaragüense Myrna Cunningham, primera vicepresidenta del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
La pandemia COVID ha profundizado la pobreza, desigualdad, exclusión y discriminación contra los pueblos indígenas. Esto supone un grave riesgo de estancamiento y retrocesos en sus derechos
Según cifras de la CEPAL, un 46,7% de los hogares indígenas de la región vive en situación de pobreza y un 17,3% en pobreza extrema, lo que equivale al doble y al triple de las respectivas tasas para la población no indígena. Esta situación se ha agravado por la pérdida de medios de vida a causa de la crisis económica que ha seguido a la COVID.
La ‘cuestión territorial’
La gobernanza de los territorios indígenas ancestrales y el control de los recursos naturales que allí se encuentran es un asunto directamente relacionado con el ejercicio de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, así como a su identidad, cultura y su derecho de autodeterminación.
Un reciente informe conjunto del FILAC y la CEPAL asegura que, a pesar de que este asunto constituye “el núcleo duro de los derechos de los pueblos indígenas, continúa siendo el componente más rezagado del ejercicio de sus derechos en todos los países de la región”.
Entre 2015 y 2019, la CEPAL identificó 1.223 conflictos en 13 países de América Latina, en relación con los derechos territoriales de los pueblos indígenas y vinculados a industrias extractivas, como minería, hidrocarburos, energía y los monocultivos. De hecho, casi dos tercios (63,7%) de estos conflictos están originados por la minería (43,5%) y los hidrocarburos (20,2%).
La gobernanza sobre territorios y recursos naturales clave para los derechos de los pueblos indígenas, pero es una de las cuestiones más rezagadas en la práctica.
Desde esta realidad se comprenden mejor las emocionadas palabras del líder de la COICA durante los peores momentos de la COVID 19. “Hemos logrado enfrentar esta pandemia porque aún tenemos gobernanza de nuestros territorios, estamos vivos gracias a la medicina tradicional y a la solidaridad internacional y entre hermanos indígenas (…) Necesitamos una selva de pie, no una selva destruida, porque es fundamental para la vida no solo de América Latina, sino de todo el planeta.
Dos años después de la emergencia sanitaria, las organizaciones indígenas siguen pidiendo más espacios de participación en los planes nacionales de desarrollo y en los de recuperación post-COVID, así como que se tomen en cuenta sus conocimientos y saberes ancestrales en el abordaje de los desafíos nacionales, regionales y globales.
“La humanidad enfrenta varias crisis: climática, energética, hídrica, económica, alimentaria, que afecta a los países en desarrollo y en especial a los pueblos indígenas. Se requiere de una transformación estructural para salvar la humanidad. Los pueblos indígenas queremos compartir nuestra ciencia y la economía de la madre tierra”, afirma Freddy Mamani, presidente del FILAC y viceministro de Exteriores de Bolivia.
Una hoja de ruta para la acción
Por más contradictorio que parezca, Iberoamérica es una de las regiones más avanzadas en cuanto al reconocimiento jurídico de los derechos de los pueblos indígenas, que en algunos países llega incluso a nivel constitucional. El verdadero desafío, sin embargo, es pasar de ese reconocimiento en papel al cumplimiento práctico de estos derechos.
Para transitar el camino de los derechos a los hechos, Iberoamérica cuenta con una hoja de ruta respaldada al más alto nivel político por los gobiernos en la XXVI Cumbre Iberoamericana en La Antigua, Guatemala. Se trata del Plan de Acción de Iberoamérica para la implementación de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyos avances se evalúan por segunda vez este mes de julio en el III Encuentro de Altas Autoridades de Pueblos Indígenas de Iberoamérica.
¿Por qué este plan significa un antes y un después? Por primera vez en Iberoamérica gobernantes y dirigentes indígenas junto a representantes de organizaciones internacionales y movimientos sociales acordaron acciones coordinadas para superar la brecha entre los derechos reconocidos y la realidad que viven los pueblos indígenas, explica Jorge Luis Díaz Scharff, del Área de Cohesión Social de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
También es la primera vez en la historia de las Cumbres Iberoamericanas y del propio FILAC que Gobiernos y representantes indígenas acuerdan una hoja de ruta a con acciones, políticas y cuatro objetivos específicos:
- Ajustar los marcos normativos e institucionales nacionales a los estándares internacionales de derechos de los pueblos indígenas
- Incluir la perspectiva de los pueblos indígenas en los planes nacionales de implementación de la Agenda 2030
- Establecer mecanismos permanentes de participación, diálogo y consulta entre Estados y pueblos indígenas
- Visibilizar y fortalecer la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en la generación de políticas públicas para prevenir diferentes formas de violencia contra ellas.
Dicho Plan de Acción establece un período de diez años para su pleno cumplimiento en 2028, aunque prevé acciones, productos y resultados a corto, medio y largo plazo. A pesar de las restricciones de movilidad y confinamientos, el FILAC y la SEGIB siguieron trabajando para avanzar en la implementación, aunque reconocen que “la pandemia ha modificado totalmente las previsiones y afectado muchos de los procesos encaminados”, adelanta el Primer Informe de Avances publicado en marzo de 2021 evaluando el período 2018-2020.
El Plan de Acción para los Derechos de los pueblos indígenas tiene una vigencia de 10 años y promueve su aplicación en los planes nacionales de desarrollo de los países
Un aspecto clave para que este plan, que es de carácter regional, pueda cumplirse es incorporar sus propuestas, acciones y políticas a los planes nacionales de desarrollo de cada país y asignar los recursos que permitan hacerlas realidad. Para ello, explican desde SEGIB y FILAC, el diálogo entre autoridades estatales y pueblos indígenas es esencial.
Momento para el diálogo
Durante I Encuentro de Altas Autoridades de Iberoamérica sobre Pueblos indígenas, gobiernos y organizaciones indígenas acordaron “establecer y fortalecer los mecanismos permanentes de diálogo y concertación de los pueblos indígenas a través de sus propias formas organizativas con la institucionalidad estatal y garantizar procedimientos de consulta previa, libre e informada en toda materia relacionada a los intereses de los pueblos indígenas y sus territorios”, destaca la Declaración de IXIMULEU que da vida al Plan de Acción.
Precisamente en ese vital diálogo es donde la SEGIB tiene un papel clave, “para generar junto al FILAC espacios de articulación que sumen esfuerzos nacionales y regionales mediante un trabajo constructivo entre gobiernos iberoamericanos y pueblos indígenas”, explica Díaz Scharff.
En esta misma línea, afirmaba la primera vicepresidenta del FILAC, Myrna Cunninghan citando al vicepresidente de Bolivia: “no hemos sobrevivido para lamentarnos sino para devolver esperanzas. Es el momento para dialogar porque sin diálogo no hay vida y sin vida no hay diálogo posible. Nos corresponde aprender a dialogar en un momento complejo para nuestros pueblos”.
