El investigador guatemalteco maya Álvaro Pop conoce muy de cerca la realidad de los pueblos indígenas, porque la estudia desde hace muchos años como experto independiente, expresidente del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas y secretario técnico del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC).
Desde esta visión, analiza los avances logrados tras la puesta en marcha del Plan de acción de Iberoamérica para la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas 2018-2028.
Para Pop, los retos de esta iniciativa se pueden resumir en estas prioridades: “La estandarización y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, en especial los que tienen que ver con las mujeres y los niños y niñas de comunidades; el combate a todo tipo de violencia que afecte a los indígenas, y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que los pueblos indígenas puedan resolver de manera conjunta sus principales problemas”.
Según el experto, “también es necesario aumentar la participación de los pueblos indígenas, que están pidiendo tener más voz en la toma de decisiones en los diferentes escenarios, algo que no se puede descuidar”.
“Los incumplimientos más graves en materia de derechos indígenas tienen relación con los derechos a la tierra y al agua, y los derechos de las mujeres y niñas”
Álvaro Pop
Derecho a la tierra
Pop afirma que, hoy en día, la lucha de los pueblos indígenas está más enfocada en el derecho a la tierra y el respeto por el medio ambiente en los entornos inmediatos de esas comunidades.
“Esto demanda más precisión y respuestas concretas de parte de todos los gobiernos de los países de América Latina, porque el cumplimiento de los derechos territoriales facilitará la vida de estos pueblos”, dice el investigador.
Según Pop, la ingerencia de los gobiernos ha sido clave en la agenda indígena. Y cita un estudio realizado después de la aprobación del plan de acción, cuya conclusión es que existe un reconocimiento muy importante a los derechos de estas comunidades en América Latina.
“Iberoamérica es la región en el mundo donde los derechos de los pueblos indígenas se reconocen más, ya que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los pueblos indígenas ha sido ratificado por 19 países, 15 de los cuales están en América Latina”.
Sin embargo, el investigador advierte que la firma del convenio no siempre implica su estricto cumplimiento.
“Hay un significativo abandono, falta mucha inversión financiera, por lo que es indispensable hacer reformas fiscales para financiar todo este desarrollo. La cooperación internacional ha asumido gran parte de esto, pero hacen falta más esfuerzos en este sentido”, advierte.
“Los incumplimientos más graves en materia de derechos indígenas tienen relación con los derechos a la tierra y al agua, y los derechos de las mujeres y niñas. Hay una cantidad enorme de dirigentes indígenas que luchan por los derechos ambientales y que están presos. Y otra cantidad que muere”.
Casos de éxito
Entre los países que han implementado políticas públicas en favor de los derechos de los pueblos indígenas, Álvaro Pop destaca a Costa Rica y Perú, que han aprobado normas que permiten el cumplimiento del artículo 169, y Guatemala, que –según el experto– ha avanzado en temas como los idiomas y la institucionalidad con algo de financiamiento.
México, por su parte, ha incorporado a su normativa electoral mecanismos ancestrales de los pueblos indígenas para nombrar autoridades, como es el caso del sureño estado de Oaxaca.
Asimismo, Pop destaca casos en Centroamérica donde empresas comunitarias de comunidades indígenas contribuyen al autoabastecimiento de servicios básicos. Estas experiencias demuestran que es posible la convivencia entre la normativa estatal y la de los pueblos originarios, y que se puede trabajar de manera conjunta respetando la naturaleza y combatiendo el cambio climático.
