En un contexto marcado por la pandemia de coronavirus, ONU Mujeres y W20 (un grupo de compromiso oficial del G20) emitieron una declaración dirigida a los ministros de Finanzas y los gobernadores de los Bancos Centrales del G20 titulada “Las mujeres como fuerza motriz de la recuperación económica y la resiliencia durante la pandemia de COVID-19 y después de esta”.
En ella recuerdan que, a pesar de las inequidades que sufren las mujeres respecto del ingreso y el acceso a trabajos de calidad, su contribución al producto interno bruto (PIB) mundial es del 37%. Además, todos los tipos de trabajos de cuidados que realizan las mujeres, incluidos los no remunerados, generan 11 billones de dólares en todo el planeta, es decir el 9% del PIB mundial.
Por lo tanto, dice el texto, el aprovechamiento de todo el potencial de las mujeres es crucial para la recuperación económica. Sin embargo, falta claridad respecto a cómo han invertido los países en las prioridades de este grupo, pese a las pruebas de que han sufrido en mayor medida el impacto socioeconómico de COVID-19.
La actual pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género ya existentes. Por eso, creemos que hay que realizar cambios en las leyes que discriminan económicamente a las mujeres
Las inequidades globales se proyectan a nivel regional. De acuerdo con el informe Análisis rápido de género para la emergencia de COVID19 en América Latina y el Caribe, lanzado recientemente por CARE y ONU Mujeres, las mujeres y las niñas se están viendo afectadas de manera desproporcionada, tanto por la enfermedad como por las medidas de salud pública para contenerla.
Esta situación, concluye el estudio, profundiza aún más la feminización de la pobreza y la vulnerabilidad de las mujeres frente al impacto sanitario y económico del COVID-19, especialmente porque muchas de ellas dependen de empleos informales y precarios para generar ingresos, y a nivel doméstico soportan en mayor medida las cargas de los cuidados.
Cambios legislativos en Iberoamérica
Ante este panorama adverso, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres proponen una agenda de cambios legislativos para los próximos cinco años en los 22 países de Iberoamérica, con el objetivo de conseguir una igualdad de género real y sustantiva en la región.
Un estudio realizado recientemente por ambas instituciones con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) analiza las normas discriminatorias en temas como salario, seguridad social, libertad de elección del empleo y protección del trabajo doméstico remunerado y de la maternidad.
No podemos permitir que esta crisis nos haga retroceder en los avances alcanzados
“La actual pandemia del COVID-19 ha exacerbado las desigualdades de género ya existentes. Por eso, creemos que hay que realizar cambios en las leyes que discriminan económicamente a las mujeres”, dice la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
“Queremos impulsar una Coalición de Países Iberoamericanos Comprometidos con la Eliminación de Leyes Discriminatorias para el Empoderamiento Económico de las Mujeres. Hoy es más urgente que nunca”, añade.
Por su parte, María Noel Vaeza, directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, reconoce que América Latina tiene un largo camino recorrido, con muchas fortalezas en cuanto al reconocimiento del principio de igualdad de género y, por lo tanto, “no podemos permitir que esta crisis nos haga retroceder en los avances alcanzados”.
La SEGIB promoverá la Coalición de Países Iberoamericanos Comprometidos con la Eliminación de Leyes Discriminatorias al cumplirse 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (Beijing+25), el programa más visionario para el empoderamiento de las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Con esta iniciativa buscará comprometer a los gobiernos de Iberoamérica al más alto nivel, aprovechando la XXVII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se realizará en Andorra en el primer semestre de 2021, para que concreten reformas legislativas hasta 2025.
