El aumento de la violencia contra las mujeres y las niñas desde el inicio de la pandemia ha sido la principal preocupación de la mayoría de los gobiernos iberoamericanos del total de medidas sensibles al género.
Esto, según datos obtenidos mediante el Rastreador Global de Respuestas de Género a la COVID-19, realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y ONU Mujeres.
Según este informe, alrededor del 68% de todas las medidas sensibles al género en América Latina y el Caribe (177 medidas en 29 países) se centran en prevenir y / o responder a la violencia contra mujeres y niñas.
Siete países de América Latina representan la mayor parte de estas medidas (223 medidas en 20 países), de las cuales, casi dos tercios están destinadas a fortalecer los servicios para las mujeres sobrevivientes.
Ejemplos por países
El informe cita algunos ejemplos regionales.
En Argentina, los refugios para sobrevivientes fueron identificados como servicios esenciales para asegurar su funcionamiento continuo y el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad se ha coordinado con los sindicatos, el sector privado y los gobiernos para reutilizar los hoteles para ampliar la red de refugios disponibles.
En Bolivia, Chile y Colombia las mujeres pueden denunciar la violencia y buscar ayuda en las farmacias, generalmente usando una palabra clave que alerta al personal del local sobre la situación.
En Colombia, el Consejo Presidencial de la Mujer apoyó la adecuación de 65 edificios para ser utilizados como albergues para las mujeres en alto riesgo de violencia, mientras que el Ministerio de Salud del país ha tomado acciones específicas de apoyo a la salud reproductiva durante la pandemia, incluida la atención del aborto de conformidad con la ley.
Previendo la posibilidad de que un sobreviviente no pueda salir de su hogar para denunciar la violencia, Costa Rica ha fortalecido la seguridad a través de patrullas y visitas domiciliarias en zonas donde previamente se han registrado situaciones de violencia.
En Cuba, las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia, que ofrecen asesoramiento individual, actividades grupales y programas de formación para mujeres víctimas de violencia, han continuado su labor.
En República Dominicana, los refugios para sobrevivientes de violencia han sido declarados servicios esenciales y, junto con Línea Mujer * 212 (una línea directa para mujeres) permanecen disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana durante el cierre.
En El Salvador, se ha establecido un centro de apoyo psicológico de emergencia, atendido por profesionales médicos y psicólogos, brindando apoyo a las mujeres con problemas de salud mental, y en particular a las sobrevivientes de violencia en el contexto del encierro.
Portugal ha lanzado la campaña multimedia #SegurançaEmIsolamento, dirigida a las sobrevivientes para que puedan pedir ayuda, informando sobre los servicios de apoyo, y animando a la comunidad a estar alerta.
Desafíos pendientes
En un comunicado reciente, ONU Mujeres destacó que, a pesar de estas medidas, la mayoría de los países del mundo no están haciendo lo suficiente para proteger a las mujeres y las niñas de las consecuencias económicas y sociales de la crisis de la COVID-19, que incluyen medidas relacionadas con el empleo y las tareas de cuido.
Por otro lado, algunas expertas que trabajan con mujeres desde los territorios, consideran que las políticas públicas no son suficientes.
“Dan cumplimiento legal a la salida de la violencia pero no es sustancial, hay un cambio de forma y no de fondo”, dice Daniela Olvera, Becaría en Rise Up, y Coordinadora de Empoderamiento en Centro de Justicia para las Mujeres de San Luís Potosí, México, un espacio que brinda atención integral a las mujeres que viven la violencia.
Destaca que si bien se crean instrumentos, las violencias no son contempladas en su integridad (raza, etnia, clase social, escolaridad, edad, entre otras) “Falta mucho para que se reconozcan otros derechos”, opina la experta.
La pandemia “fue una sacudida”, y una “evidencia exacerbada” de que la violencia contra las mujeres ocurren en los hogares.
El empoderamiento “es parte esencial de la salida de la violencia de las mujeres y se necesitan mayores esfuerzos, políticas e instrumentos para ello”, subraya Olvera.