La falta de liquidez y las dificultades de acceso a financiación internacional para la recuperación económica complican el camino para hacer realidad la promesa de la próxima Cumbre: “Una Iberoamérica justa y sostenible”. Los países de América Latina, la región más afectada por la pandemia en términos socioeconómicos, llegan a esta cita presidencial con unas finanzas públicas debilitadas por el gasto extraordinario que supuso la pandemia.
Además, la onda expansiva de la guerra en Ucrania y las consecuentes tensiones inflacionarias, crisis energética y ruptura de las cadenas de suministro agravan los desafíos estructurales que ya venía arrastrando la región en lo social, productivo y ambiental.
Ante este complicado panorama, los países iberoamericanos llevan abogando en diferentes foros multilaterales por mejorar las condiciones de financiamiento externo para la recuperación económica y social, un clamor que se plasmó al más alto nivel político durante la pasada Cumbre Iberoamericana de Andorra en 2021, con el acuerdo de promover un instrumento financiero para los países en desarrollo, incluyendo los países de renta media.
Casi dos años después, bajo el liderazgo de la Secretaría Pro Témpore de la Conferencia Iberoamericana, dicho compromiso se convierte en “Propuesta para una nueva Arquitectura Financiera”. El ministro de Hacienda de República Dominicana, Jochi Vicente comparte en esta entrevista con el Portal Somos Iberoamérica, las claves de la propuesta que se prevé aprobar en la cita presidencial del próximo 25 de marzo.
Contexto económico difícil
En términos económicos, ¿Cómo llega la región a la XXVIII Cumbre Iberoamericana?
“La XXVIII Cumbre Iberoamericana se celebra en un entorno macroeconómico convulso y de persistentes presiones presupuestarias para los países de América Latina y el Caribe, con un menor crecimiento económico previsto para 2023: 1,8% regional según el FMI, que supone la mitad del crecimiento registrado en 2022.
El limitado espacio fiscal de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos no solo ha reducido su capacidad para enfrentar los choques externos y proteger a la ciudadanía de la crisis del costo de vida, sino que también ha reducido su capacidad de ejecutar proyectos necesarios para catalizar el desarrollo y cerrar brechas estructurales, condicionando a su vez la trayectoria ascendente de la deuda pública.
Los países latinoamericanos llegan a la próxima Cumbre en un contexto macroeconómico complicado, limitado espacio fiscal, mayor endeudamiento y presión por el lado del gasto
Esta situación expone aún más a los países de bajos y medianos ingresos, en particular a los que tienen importantes necesidades de financiamiento a corto plazo en dólares, a los riesgos derivados del endurecimiento de las condiciones financieras globales, las mayores presiones cambiarias y las débiles expectativas de crecimiento económico.
A pesar de estas condiciones globales tan desafiantes, las calificaciones de riesgo soberano se han mantenido estables, gracias a las expectativas inflacionarias bien ancladas, un manejo proactivo de la política monetaria y la relativa flexibilidad de los mercados cambiarios en América Latina. Esto ha permitido a afrontar los choques externos y financiar las operaciones de los gobiernos en momentos de gran presión por el lado del gasto para combatir la erosión del poder de compra de la ciudadanía y contener estallidos sociales.”
¿Pueden los países latinoamericanos acometer “por sí solos” una recuperación socioeconómica en las condiciones que ha descrito?
“El momento actual plantea muchos desafíos para América Latina, con previsiones de desaceleración del crecimiento y un contexto social que demanda una transformación sistémica que abarca diferentes perspectivas. Por ejemplo, la pandemia ha evidenciado la necesidad de contar con sistemas de salud más resilientes y de cerrar brechas estructurales que perpetúan la desigualdad social. Además, América Latina es una de las regiones que serán más afectadas por los efectos del cambio climático, lo cual demanda una solución conjunta e integrada.
Evidentemente, tanto la pandemia como la crisis inflacionaria han presionado considerablemente las finanzas públicas de los países de la región, por lo que el apoyo de la comunidad internacional y organismos multilaterales va a ser clave para consolidar la implementación de estas políticas públicas en un contexto de sostenibilidad fiscal”.
La “trampa” del ingreso medio
En términos de ese tan necesario financiamiento internacional, ¿cuál es la disyuntiva de los países de ingreso medio en América Latina?
“El criterio del nivel de ingreso que tradicionalmente han utilizado los organismos internacionales para categorizar a los países para el acceso a los recursos acarrea consecuencias importantes para los países de renta media, ya que se presume equivocadamente que este grupo tan heterogéneo de países tiene menores necesidades, algo que a su vez limita su acceso al financiamiento multilateral, tan necesario para apoyar su desarrollo.
Esta situación ha empujado a que los países de renta media acudan al mercado global de capitales para contratar financiamiento en condiciones menos ventajosas que las que obtendrían con un organismo multilateral o bilateral.
“América Latina está compuesta por gran cantidad de países llamados “de renta media”, una clasificación que no captura la compleja multifacética del desarrollo”
Este criterio arbitrario que prioriza el crédito en función del nivel de renta per cápita de los países no captura diferencias importantes en las condiciones estructurales, sociales y económicas, ni los diferentes obstáculos al desarrollo y necesidades, dado que los promedios tienden a esconder las profundas desigualdades tanto entre los países como dentro de los países, contribuyendo a ampliar las brechas de desarrollo entre ellos.
En su condición de región compuesta por gran cantidad de países catalogados como de ‘renta media’, América Latina se ve especialmente afectada por dicha clasificación, que no captura la compleja naturaleza multifacética del desarrollo. Cerrar estas brechas respecto a los países más avanzados requiere, por tanto, de mayor apoyo multilateral y bilateral, y de enfoques que prioricen el acceso al crédito y a los recursos en base a los desafíos estructurales y las áreas vulnerables existentes en los heterogéneos países de renta media.”
¿Es compatible la disciplina fiscal con la necesidad de inyectar recursos a las economías latinoamericanas mediante financiación internacional, multilateral y/o alianzas público-privadas?
“Ante el complejo panorama que enfrentan los países con limitados espacios fiscales y altos niveles de endeudamiento a causa de la pandemia y las repercusiones inflacionarias de la guerra de Rusia y Ucrania, alejarse de la disciplina fiscal no es una opción.
Se requiere un manejo fiscal prudente y apegado al marco de la sostenibilidad para fomentar la confianza de los inversores y mantener la estabilidad económica a largo plazo. Esto involucra tanto mantener acotados los objetivos de déficit y las métricas de endeudamiento como realizar avances en la reducción de la elusión, la evasión y el fraude fiscal, así como el mantenimiento de una estrategia de priorización del gasto público que potencie el impacto de la política fiscal. Ahora más que nunca se deben hacer esfuerzos para canalizar con mayor eficacia y eficiencia los recursos para apoyar las operaciones de los gobiernos. De esta forma se pueden crear los espacios para financiar el cierre de las brechas de infraestructura, fomentar la inversión, propiciar la innovación, mitigar el cambio climático, e impulsar el crecimiento a largo plazo”.
Nueva arquitectura financiera
En sintonía con los acuerdos de la Cumbre de Andorra en 2021, República Dominicana defiende una propuesta para “una nueva arquitectura financiera”. ¿Cuáles son ejes de esta propuesta que se discutirá en la próxima Cumbre?
“La Propuesta de Arquitectura Financiera busca explorar nuevas opciones de financiamiento que sean más equitativas para que la región pueda enfrentar retos como la pobreza, el hambre, la crisis climática y la desigualdad. Esta propuesta se sustenta en los siguientes puntos clave:
- Solicitar a los organismos multilaterales la revisión de las condiciones de los financiamientos, además de la evaluación del incremento en su capacidad de otorgar préstamos y de ampliar los límites de acceso a los mismos.
- Promover la evaluación de nuevas emisiones de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del Fondo Monetario Internacional, además de dotar a los bancos multilaterales de Desarrollo de la capacidad de ser tenedores y canalizadores autorizados de estos Derechos.
- Fomentar la creación de políticas de alcance sistémico que promuevan la integración regional en el combate contra crisis sistémicas múltiples e interconectadas, mediante la facilitación de instrumentos financieros innovadores como el canje de deuda por naturaleza, que eviten exacerbar los niveles de endeudamiento de los países en desarrollo.
La Propuesta de Arquitectura Financiera busca explorar nuevas opciones de financiamiento más equitativas para que la región pueda enfrentar mejor desafíos estructurales
¿Qué se necesita para que los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional sean una herramienta más útil para los países de renta media?
“Sería clave una recanalización de estos instrumentos desde países que no los necesitan hacia países que sí los requieran, algo que desde Iberoamérica ya propusimos en la Reunión Ministerial de Hacienda y Economía en mayo de 2021, en la que el presidente Luis Abinader se reunió con la Secretaría General Iberoamericana.
En línea con esta propuesta, en octubre de 2022, el FMI puso en operación el Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés), algo que según las autoridades del FMI, amplificará el efecto de la asignación general de DEGs de US$650 mil millones implementada en 2021, al canalizar recursos de miembros económicamente más fuertes a países con mayores necesidades. Esto permitirá una redistribución más justa de estos fondos.”
Los Derechos Especiales de Giro son activos de reserva internacional creados por el FMI para enfrentar necesidades de liquidez de largo plazo de los países miembros. Los DEGs se utilizan como unidad de cuenta para las transacciones del FMI y algunos otros organismos internacionales.
¿Qué papel podrían tener los bancos multilaterales y regionales de desarrollo para inyectar liquidez a las economías latinoamericanas?
“Los bancos multilaterales y regionales de desarrollo podrían tener un rol más activo en la financiación de la recuperación. Dotar a estas instituciones de la capacidad de participar como tenedores y canalizadores de los DEGs podría agilizar su uso favorable por los países con mayores necesidades, especialmente afectados por el cambio climático o por situaciones de vulnerabilidad. Para ello, es necesario adecuar su modelo de negocio y financiación para cumplir con su misión de la forma más eficiente posible.
Desde el actual gobierno de República Dominicana, hemos reconocido que la deuda con organismos multilaterales pudiera ser mucho menos costosa que las demás alternativas y aportar mayor transparencia a la política fiscal. Por ello, hemos trazado como un lineamiento clave para el manejo de deuda en el mediano plazo al aumentar la participación de este tipo de deuda en la medida en que sus condiciones contractuales lo permitan. Las responsabilidades para conferir a los bancos multilaterales que hemos propuesto facilitarían la continuación de condiciones contractuales favorables para la República Dominicana y para los demás países de la región para una mejor financiación de la recuperación.”
Una visión de futuro
Lograr una nueva arquitectura financiera internacional parece un objetivo cuanto menos ambicioso. ¿Tiene Iberoamérica margen de maniobra para impulsar semejante reforma?
“En la Cumbre Iberoamericana de 2021, los Jefes de Estado de la región hicieron un llamado al G20 y a las instituciones financieras internacionales para una revisión de las condiciones financieras para afrontar crisis sistémicas y facilitar así el financiamiento de la recuperación.
Iniciativas como el Marco Común del Tratamiento de la Deuda, que tiene por objetivo abordar el problema de las deudas insostenibles que enfrentan muchos países tras la pandemia del Covid-19, fueron posteriormente acordados por el G20. La existencia de iniciativas como esta va en línea con nuestras propuestas, por lo que nuestro rol pasa a ser el de proponer mecanismos para acelerar su implementación, a la vez que proponer medidas para fortalecer otras iniciativas como la de transparencia de la deuda.
Entendiendo que estas propuestas financieras tienen como fin último un desarrollo verdaderamente justo y sostenible que transforme vidas, ¿qué nos jugamos en la XXVIII Cumbre Iberoamericana?
Los altos niveles de endeudamiento a causa de la pandemia, la desaceleración económica, menores perspectivas de movilización de ingresos tributarios, mayor demanda de recursos para atender demandas sociales, mayores presiones cambiarias y costos de financiamiento profundizan la vulnerabilidad de nuestras economías. En este contexto, la XXVIII Cumbre Iberoamericana es una oportunidad para evaluar, proponer e impulsar formas innovadoras de levantar los recursos financieros.
Tengo la convicción de que Iberoamérica cuenta con la voluntad para ser un actor de cambio, con la fuerza suficiente para trasformar el mundo, gracias a espacios como esta Cumbre. Los llamados concertados en esta reunión buscan apoyar a nuestros países para aliviar el estrés que ha impuesto la pandemia sobre las cuentas fiscales y sobre la capacidad de los distintos gobiernos de responder efectivamente a las demandas requeridas por la sociedad. Este proceso siempre debe tener como eje transversal la sostenibilidad fiscal para asegurar la estabilidad macroeconómica de nuestros países.
Lograr esto en un mundo cada vez más interconectado es un desafío que asumimos, y que requiere del continuo apoyo de los organismos multilaterales y de la comunidad internacional”.
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