Dialogar con una de las mayores expertas en inteligencia artificial y big data de España es abrir la puerta a un futuro tecnológico que avanza a un ritmo frenético y que presenta al tiempo un sinfín de posibilidades y dudas. ¿Es ético que un algoritmo decida si nos aprueban un crédito bancario o un seguro de vida? ¿Qué consecuencias puede acarrear una neurotecnología que nos lleve a oler, saborear o tener experiencias sensoriales digitales que nos inciten a comprar determinado producto o servicio? ¿Qué suerte correrán quienes no tengan ni la conectividad ni las competencias en una sociedad con semejante velocidad de transformación?
Carme Artigas Brugal (Barcelona, 1968) cumple tres años frente a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, al que llegó después de una exitosa carrera en la innovación y el emprendimiento tecnológico.
Esta ingeniera química con experiencia en capital riesgo de empresas tecnológicas se declara “apasionada de la tecnología”, pero esto no le impide asegurar con contundencia que “la digitalización no puede hacerse a cualquier precio, implicar pérdida de derechos o profundizar la desigualdad.”
Durante una entrevista con el Portal Somos Iberoamérica, Artigas defendió un “humanismo tecnológico”, en la cuenta atrás para la XXVIII Cumbre Iberoamericana donde a finales de marzo se presentará una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, un acuerdo de objetivos comunes para proteger los derechos humanos en el entorno digital y legislar sobre nuevos derechos vinculados a tecnologías disruptivas.
Digitalización humanista
“Una digitalización humanista implica poner al ser humano en el centro de la transformación digital. No se trata de que las personas estén al servicio de la tecnología, sino al revés”, asegura Artigas con el convencimiento de encontrarnos en un momento tan decisivo como urgente.
Tenemos desafíos que son dos caras de la misma moneda y que si no resolvemos ahora, los daños van a ser irreversibles, explica. Uno es la transición ecológica y el otro son los dilemas éticos que conlleva el desarrollo tecnológico, asuntos, que están vinculados entre sí y que definirán el legado de nuestra generación para el futuro.
En este segundo aspecto, asegura la Secretaria de Estado “Iberoamérica está ante la oportunidad histórica” de colocarse a la vanguardia de un “desarrollo tecnológico ético” y pone en valor unas circunstancias clave como la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023, la Cumbre Iberoamericana a finales de marzo y el peso de una población de más de 650 millones de personas que hablan español y portugués.
“Tenemos la posibilidad de ser protagonistas de un humanismo tecnológico en el que Europa y América Latina se comprometan en la defensa de los derechos digitales”, subraya.
Una “carta de navegación”
La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales que se presentará en la XXVIII Cumbre a celebrarse en República Dominicana el próximo 24 de marzo supondría una “carta de navegación” con objetivos comunes que orientarán el desarrollo legislativo y la regulación posterior en aquellos países iberoamericanos que la suscriban.
La Carta Iberoamericana de Derechos Digitales establecerá objetivos comunes que orientarán un desarrollo legislativo posterior en los países que la suscriban
Como antecedentes de esta propuesta está la Carta de Derechos Digitales de España, aprobada en julio de 2021, un documento que consigna temas como protección de la identidad, protección de datos, derecho a la igualdad, derechos laborales, libertad de información, así como derechos vinculados a nuevos desarrollos como la inteligencia artificial o neurotecnologías.
También la Comisión Europea presentó en enero de 2022 una “Declaración de Principios y Derechos Digitales” . Por su parte, Perú ha sometido a consulta pública su propia carta de derechos digitales y Chile se convirtió en el primer país del mundo en legislar sobre los neuroderechos en septiembre de 2021.
A la luz del creciente interés del tema a nivel regional, la responsable de digitalización de España opina que el primer paso para desarrollar los derechos digitales es trasladar al entorno virtual los derechos que ya tenemos en el mundo analógico.
“Garantizar los derechos básicos es fundamental y esto se logra con regulación”, pero hay que ir más allá y pensar en aquellos derechos derivados del uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial o las neurotecnologías. De no hacerlo, advierte, las consecuencias pueden ser irreversibles dado su posible impacto sobre las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto.
Para alguien como la Secretaria de Estado, con una importante trayectoria de emprendimiento en el sector privado, hablar de regulación obliga a matizar: “Tiene que ser una regulación inteligente, que no mate la innovación”. No se trata de regular todo, precisa, sino los usos de riesgo en determinadas aplicaciones, entendiendo que “la tecnología no es buena ni mala, sino que depende para qué se utilice”.
Antes de legislar, hay que tener muy claro qué derechos tenemos que preservar, cómo vamos a supervisar y de qué forma aplicaremos la norma, algo que requiere la participación de empresas y PYMES, explica.
Un trabajo conjunto
Tan importante como la perspectiva empresarial es también la de especialistas, agentes sociales y el mundo académico. Con esta idea, se conformó en octubre de 2022 la Red Iberoamericana para la Digitalización y la Inteligencia Artificial, un espacio para compartir experiencias y políticas en materia de IA y digitalización, así como profundizar sobre los desafíos y oportunidades que trae para la democracia a ambos lados del Atlántico. “Invitamos a entes públicos, universidades, agentes sociales, juristas y empresas de todos los países iberoamericanos a unirse a esta Red”, subraya Artigas.
“Garantizar los derechos básicos es fundamental y esto se logra con regulación, pero debe ser una regulación inteligente, que no mate la innovación
En esa línea de trabajo por unas tecnologías éticas también se encuentra SpainNeurotech un centro de neurotecnologías que desarrollará herramientas tecnológicas basadas en los fundamentos del cerebro humano. Con base en Madrid, este centro será uno de los cinco en el mundo especializados en esta materia. En él se impulsará la investigación del cerebro humano, la creación de nuevos diagnósticos y terapias para enfermedades cerebrales y la creación de un ecosistema de innovación de neurotecnología en España. Desde este centro se quiere también contribuir a adaptar estas disciplinas a los valores éticos y humanísticos de la sociedad y proteger a la ciudadanía del uso de sus datos.
Precisamente el derecho a la privacidad y la protección de datos son dos temas sobre los que España quiere poner el foco. “Frente al modelo estadounidense en el que los datos son propiedad de las empresas o el modelo chino en el que los datos son de los Estados, nosotros defendemos que los datos deben estar más cerca de la ciudadanía”, afirma la Secretaria de Estado.
Derecho a la inclusión digital
Al otro extremo de las tecnologías digitales más vanguardistas se encuentran quienes no tienen siquiera una conexión básica a Internet, aquellos colectivos que, por edad, sexo, ubicación geográfica o discapacidad, no acceden al progreso tecnológico y/o no cuentan con las habilidades digitales mínimas para sobrevivir en una sociedad cada vez más tecnológica.
Ante esta realidad, la inclusión digital (conectividad y competencias digitales) se considera como un derecho fundamental en un mundo cada vez más conectado y así queda reflejado en la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales.
La tecnología debe entenderse como una oportunidad de vertebración social y un dique de contención de la desigualdad”.
“Los gobiernos debemos velar porque no haya ganadores y perdedores de la digitalización (…) La tecnología debe entenderse como una oportunidad de vertebración social y un dique de contención de la desigualdad”, defiende la Secretaria de Estado de Digitalización.
Tecnología y ciudadanía
Si la Carta de Principios y Derechos Digitales es un punto de partida para desarrollos legislativos posteriores, ¿cómo traducirla en un ejercicio efectivo de derechos? En una aproximación al “día después” de la aprobación de la Carta, la Secretaria de Digitalización de España, avanza la idea de una gran campaña para sumar no solo a más gobiernos, sino también a los agentes sociales, organismos internacionales, ONGs y empresas.
Más allá de las regulaciones que apruebe cada país, la adhesión a la Carta implicaría, por un lado, un compromiso ético de las empresas ante determinados principios y por otro, una mayor consciencia ciudadana para conocer y exigir sus derechos digitales. Esto puede generar, a juicio de Artigas, un elemento reputacional y de visibilidad corporativa y un gran movimiento cívico que propulse cambios. “No minusvaloremos el poder de la ciudadanía. A veces lo que no se obtiene por regulación, se logra por reputación”.
Como cierre de la entrevista sobre un futuro que se conjuga ya en presente, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, asegura que la XXVIII Cumbre Iberoamericana puede significar un antes y un después en la defensa de los derechos digitales. “Ahora es el momento de poner la digitalización al servicio de las personas”, concluye.
