¿Qué sucedería si se apaga Internet? No podríamos comunicarnos, informarnos, trabajar, comprar, aprender o simplemente “funcionar” de la forma en que estamos acostumbrados. Por más apocalíptico que parezca este supuesto, es la realidad para 244 millones de personas en América Latina y el Caribe que no tienen acceso a servicios de Internet, lo que supone que cerca del 32% de la población vive a espaldas de las nuevas tecnologías, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Conforme avanza la digitalización y cuantos más beneficios y oportunidades se abren para quienes tienen acceso a Internet, más puertas se cierran para quienes no lo tienen. El precio de la desconexión digital se paga en forma de restricción de acceso a información, imposibilidad de realizar trámites o formación en línea, así como limitaciones para ejercer derechos como la salud, el acceso a la justicia, educación entre otros. Por tanto, una conexión adecuada a Internet y la disponibilidad de dispositivos tecnológicos permite ejercer ciudadanía.
En América Latina, una de las regiones más desiguales del mundo, la crisis COVID mostró el alto costo de la exclusión digital y evidenció que desigualdad y exclusión digital son dos caras de una misma moneda.
“La tecnología está tan estrechamente entrelazada con el tejido social que la privación de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones está ligada a otras privaciones como los bajos ingresos, el desempleo, la educación deficiente, el déficit de salud o el aislamiento social”, explica la Comisión Económica para América Latina.
Se estima que 244 millones de personas en América Latina y el Caribe no tienen acceso adecuado a servicios de Internet. Representan un 32% de la población.
Al analizar las posibilidades de la transformación digital para superar las brechas del desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) también alerta en sus “Perspectivas Económicas para América Latina” (Latin America Outlook LEO 2020), del riesgo que las disparidades sociales y económicas amplíen la brecha entre ganadores y perdedores de la digitalización.
“En un mundo cada vez más digital e interconectado, inclusión digital e inclusión social van de la mano” por lo que la expansión y ampliación de la digitalización a todas las capas sociales es un elemento clave para mejorar la inclusión social, explica por su parte, el economista Cipriano Quirós, uno de los autores del estudio “Desigualdad Digital en América Latina”, publicado por la Fundación Carolina.
La trampa de las tres brechas
Aunque coloquialmente se habla de “brecha digital”, el término engloba tres disparidades que interactúan y se retroalimentan. La primera es la de acceso y calidad de la conexión, la brecha de segundo nivel tiene que ver con la intensidad en el uso de las herramientas en línea, así como de las habilidades y competencias digitales.
La brecha de tercer nivel está vinculada con los resultados, oportunidades, beneficios y derechos digitales a los que acceden las personas a partir de su conectividad y de sus competencias digitales.
Aprovechar todas las ventajas de la transformación digital y ejercer los derechos digitales va más allá del simple acceso a Internet, sino que requiere calidad y velocidad de conexión, así como dispositivos que permitan utilizar tecnologías más sofisticada con contenido multimedia (computadoras, tablets, teléfonos inteligentes).
Los datos muestran que en América Latina esto es una asignatura pendiente. Menos del 50% de la población latinoamericana tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar. Si bien el 87 % de la población vive dentro del alcance de una señal de 4G, el uso y la penetración reales siguen siendo bajos, según datos del Banco Mundial.
En América Latina, la brecha de primer nivel está fuertemente vinculada al nivel de ingreso y a las diferencias entre zonas urbanas y rurales, un reflejo de cómo la exclusión social y la exclusión digital interactúan y se retroalimentan.
Menos del 50% de la población latinoamericana tiene conectividad de banda ancha fija y solo el 9,9% cuenta con fibra de alta calidad en el hogar
Los precios de los planes de banda ancha móvil y fija son inasumibles para las personas más pobres, al representar entre el 12% y el 14% de sus ingresos totales. Esto es 6 veces más que el umbral internacional de referencia del 2% para calificar un servicio de Internet como asequible, revela el informe “Universalizar el acceso a las tecnologías digitales”, publicado por la CEPAL en agosto de 2020.
Asimismo, el costo del teléfono inteligente básico más barato representa entre el 4 % y el 12% del ingreso familiar promedio en gran parte de América Latina, alcanzando el 30% en los países latinoamericanos de menores ingresos.
También las diferencias de conectividad entre zonas urbanas y rurales profundizan la brecha digital en América Latina, donde un 67% de los hogares urbanos cuenta con conexión a Internet, respecto a un 23% en las zonas rurales. En países, como Bolivia, El Salvador, Paraguay y Perú, más del 90% de los hogares rurales no cuentan con conexión a Internet. Incluso en países con mejor nivel conectividad como Chile, Costa Rica y Uruguay, apenas la mitad de los hogares rurales tienen conexión, revela el estudio de CEPAL.
Por otra parte, la CEPAL alerta que “las bajas velocidades de conexión consolidan situaciones de exclusión al inhabilitar el uso de soluciones de teletrabajo y educación en línea”. A junio de 2020, en plena pandemia de COVID 19, en el 44% de los países latinoamericanos no se alcanzaba la velocidad de descarga para desarrollar simultáneamente varias actividades en línea.
A las barreras de conectividad se suma la brecha de habilidades y competencias digitales. La OCDE destaca que durante la pandemia, menos de la mitad de las personas en América Latina tenían suficiente experiencia en el uso de herramientas digitales para tareas profesionales básicas, por lo que más de la mitad de la población quedó excluida de actividades a distancia.
El derecho a la inclusión digital
Los datos demuestran que la inclusión digital es más que solo el acceso y calidad de conexión, sino que involucra además las posibilidades que tienen las personas y los países de aprovechar las ventajas y oportunidades de la transformación digital, algo que a su vez habilita el ejercicio de sus derechos en el entorno digital, explica Alejandro Kawabata, director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB).
Por tanto, la inclusión digital no solo abre la puerta al ejercicio de derechos, sino que es también un derecho en sí misma. En este contexto, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, que se presentará en la XXVII Cumbre Iberoamericana, pone de manifiesto que la transformación digital debe poner en el centro a las personas, no debe dejar a nadie atrás, ni crear nuevas brechas.
La Cumbre Iberoamericana promoverá un compromiso de los países iberoamericanos de impulsar políticas inclusivas que atiendan a situaciones de vulnerabilidad de distintos colectivos y grupos sociales en el entorno digital, partiendo de la relación entre inclusión digital e inclusión social.
La XXVII Cumbre Iberoamericana propondrá una Carta de Principios y Derechos Digitales que establece que la transformación digital no debe dejar a nadie atrás ni profundizar las brechas de exclusión digital.
Ante tamaño desafío ¿qué falta para una digitalización que sea verdaderamente inclusiva? El Informe Global de Conectividad 2022 ofrece cinco claves: inversión en infraestructuras digitales, asequibilidad, competencias digitales, dispositivos asequibles y seguridad en línea.
El estudio Desigualdad Digital en Iberoamérica publicado por la Fundación Carolina, destaca que “las medidas de política pública para la inclusión digital deben acompañarse de acciones para afianzar las competencias digitales, ya que estas permitirán pasar de una sociedad de la información a una sociedad del conocimiento”.
Cerrar las tres brechas digitales, la de acceso, competencias y aprovechamiento, debe situarse como un elemento central de la agenda pública. Ello, junto con las alianzas-público privadas y la cooperación internacional permitirían a nuestra región aprovechar el inmenso potencial de una transformación digital verdaderamente inclusiva.
