La línea entre lo analógico y lo virtual se difumina a medida que ambos entornos se entrelazan en una sociedad cada vez tecnológica. La digitalización abre nuevas formas, espacios, herramientas y oportunidades para trabajar, formarnos, expresarnos, participar, innovar, acceder a la justicia, a la salud o a la educación.
Esta transformación digital imparable es hoy una puerta de acceso derechos que existen tanto en el mundo digital como analógico. Por tanto, tecnología y derechos se entrelazan y plantean tantas posibilidades como preguntas. ¿Qué falta para garantizar un ejercicio pleno de los derechos en entorno digital para todas las personas? ¿Cómo actuar cuando la protección de un derecho interfiere con el ejercicio de otro? ¿Cómo promover una ciudadanía digital responsable, reflexiva y crítica? ¿Es el acceso tecnológico un derecho en sí mismo?
Estas y otras cuestiones se analizan en una nueva edición del Portal Somos Iberoamérica que publicamos en la cuenta atrás para la XXVIII Cumbre Iberoamericana, donde la protección de los derechos humanos en la era digital será uno de los ejes clave.
En un momento en que la transformación digital avanza más rápido que la regulación, la cita presidencial prevista para el 24 y 25 de marzo busca aprobar una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales , una hoja de ruta común para aplicar al mundo digital los derechos humanos ya reconocidos en el mundo analógico, así como elaborar nuevos derechos acorde con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial o las neurotecnologías.
“La aprobación de una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales convertiría a Iberoamérica en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para una digitalización inclusiva, justa y centrada en las personas”, sostiene el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.
Iberoamérica podría convertirse en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para una digitalización centrada en las personas
Por su parte, la Secretaria de Estado de Digitalización de España, Carme Artigas desataca que “Iberoamérica se encuentra ante la oportunidad histórica de protagonizar un desarrollo tecnológico ético y comprometido con los derechos humanos”.
Asimismo, la Subsecretaria de Servicios y País Digital de Argentina, Ana Carina Rodríguez opina que en el momento actual “es vital acordar unas bases y objetivos comunes sobre los derechos digitales que los Estados debemos garantizar a todos los niveles”.
La digitalización ha estado constantemente presente en los debates de la Conferencia Iberoamericana, pero el interés se intensificó con el desafío que planteó la pandemia COVID. Ya en 2021, la Declaración de la Cumbre de Andorra adviertía de la importancia de “alcanzar una sociedad digital inclusiva, regulada, segura y transparente para un desarrollo sostenible que permita eliminar las brechas digitales entre los países y dentro de ellos”.
Derecho a la inclusión digital
La cara B de las inmensas posibilidades de la transformación digital para las personas, economías y países es la de las puertas que se cierran para quienes carecen de conectividad, dispositivos para utilizar la tecnología o los conocimientos para aprovecharla.
Los datos muestran cómo el frenético ritmo del avance tecnológico amenaza con profundizar las desigualdades prexistentes, sumando perdedores a la sociedad digital. Por tanto, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales pone especial énfasis en la inclusión digital y su potencial para luchar contra la pobreza y la desigualdad.
Se establece además que la inclusión digital es en sí misma un derecho porque abre la puerta al ejercicio de derechos fundamentales como la salud, la educación o el acceso a la justicia. Por tanto, la transformación digital, señala la Carta, debe poner en el centro a las personas, no debe dejar a nadie atrás, ni crear nuevas brechas.
La inclusión digital es en sí misma un derecho porque abre la puerta al ejercicio de derechos fundamentales como la educación, la salud o el acceso a la justicia
“Pretendemos que la inclusión digital permita el cierre de las brechas existentes y evitar nuevas, considerando una atención especial a la conectividad en condiciones asequibles y de calidad”, asegura José David Montilla, Viceministro de Agenda Digital de República Dominicana, país que ostenta la Secretaría Pro-Témpore de la Conferencia Iberoamericana.
¿Quiénes son los excluidos de la digitalización? Son personas de bajos ingresos, que viven zonas rurales, mujeres, colectivos indígenas y afrodescendientes, así como personas con discapacidad son las caras de la exclusión y el analfabetismo digital en América Latina, donde el 32% de la población vive a espaldas de las nuevas tecnologías, según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
Reducir la brecha digital de género también es un gran desafío en una región donde 4 de cada 10 mujeres no está conectada y/o no puede costear la conectividad ENLAZAR infografía brecha de género, una realidad que excluye a más de 89 millones de mujeres de la transformación digital, según datos de la Alianza Regional para la Digitalización de las Mujeres en América Latina y el Caribe.
Ciudadanía digital: derechos y obligaciones
Tan importante como el acceso tecnológico para acabar con la desigualdad es la consciencia por parte de la población de sus derechos en el plano virtual, entendiendo que éstos acarrean también responsabilidades. Se trata de un paso necesario para una sociedad digital que no solo sea tecnológicamente avanzada, sino cívicamente responsable.
A esto apunta la iniciativa Ciudadanía Digital que ha puesto en marcha Uruguay, uno de los países con mejores índices de penetración y uso de Internet en Iberoamérica.
En un entorno virtual, en el que muchas veces se desdibuja la línea entre lo legítimo y lo ético, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información (AGESIC) de Uruguay impulsa un uso responsable, reflexivo y crítico de las nuevas tecnologías, así como prácticas positivas de uso y convivencia en Internet.
El tema no es menor, dada la velocidad en la que los contenidos digitales pueden propagarse, la permanencia de las huellas digitales y las tensiones que la transformación digital implica para el ejercicio de derechos como la privacidad, la libertad de expresión o la protección de los datos.
Ante la creciente dependencia de tecnologías digitales que nos acompañan a todas partes ¿cómo evitar la desinformación, discursos de odio, contenido ilegal o dañino en línea? ¿Cómo proteger a la niñez y adolescencia ante estos riesgos?
¿Cómo evitar la desinformación, discursos de odio, contenido ilegal o dañino en línea? ¿Cómo proteger a la niñez y adolescencia ante estos riesgos y promover actitudes reflexivas y positivas en Internet?
Estas reflexiones llevan necesariamente a hacernos preguntas sobre el tipo de sociedad que queremos y la que estamos construyendo en la práctica. “¿Queremos una sociedad que utiliza la tecnología o una sociedad adormecida que abdica en la tecnología, donde ésta lo decide todo?”, se pregunta desde España la Secretaria de Estado Digitalización, quien insiste que hay que poner unos límites éticos a la tecnología, algo que se logra con “una regulación inteligente que no mate la innovación”.
Regular las tecnologías disruptivas
En 2021 Chile se convertía en el primer país del mundo en contar con una ley para regular el uso de las neurotecnologías y por tanto, consagra a nivel constitucional la protección de los neuroderechos tomando en cuenta el potencial impacto que un uso inapropiado sobre la salud de las personas. Asimismo, se modifica la Constitución chilena para establecer “un desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas”.
España, por su parte, aprobó en julio de 2021 su propia Carta de Derechos Digitales que protege y adapta al entorno digital los derechos y libertades ya existentes en el mundo físico, pero también promueve nuevos derechos en el plano virtual como el de no ser microsegementado o rastreado, el derecho a la ciberseguridad, a la desconexión o la herencia digitales.
Asimismo, la Carta Portuguesa de Derechos Humanos en la Era Digital de 2021 estableció derechos y deberes entre el Estado y los ciudadanos, trasladando al entorno digital derechos como la libertad de expresión o la privacidad y añadiendo nuevos como el derecho a la neutralidad de la red, el derecho a la voluntad digital y el derecho al olvido. También Perú ha sometido a consulta pública el borrador de su Carta Peruana de Derechos Digitales presentado en julio de 2022 como parte de su estrategia de transformación digital.
Estos avances a nivel iberoamericano demuestran que existe cada vez mayor voluntad desde los Estados en avanzar nuevas legislaciones, políticas y estrategias para la protección de los derechos humanos y libertades individuales en el entorno virtual, no solo ante una digitalización que avanza a una velocidad mayor que la regulación, sino ante tecnologías que aún están en desarrollo y cuyas implicaciones y riesgos apenas se están conociendo.
Sobre este último aspecto, la UNESCO emitió en 2021 la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial aprobada por los 193 estados miembros y que abarca la investigación, el desarrollo, la implementación y la evaluación de las aplicaciones de IA.
Tal y como resumen en su artículo publicado en esta edición Gabriela Ramos, directora adjunta de Ciencias Humanas y Sociales de la UNESCO y Ángel Melguizo, asesor para Latinoamérica en esta materia hoy es urgente impulsar una “inteligencia artificial ética por diseño, con normativas sólidas y que los gobiernos tengan las capacidades necesarias para su supervisión”.
La inteligencia artificial se “alimenta” de los datos personales, por lo que la protección de estos es otra de las grandes áreas de acción para los gobiernos en Iberoamérica. Sobre este aspecto, la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) subraya la necesidad de “un entorno digital seguro y accesible que solo se puede garantizar con reglamentos y normativas supranacionales y con la garantía de la actuación de autoridades nacionales de protección de datos independientes”.
El carácter global de Internet obliga a pensar que la protección de los derechos humanos en el entorno digital no conoce fronteras y más allá de las legislaciones nacionales que se puedan desarrollar y el nivel de adelanto tecnológico de cada país, se trata de un desafío compartido.
El carácter global de Internet obliga a pensar que la protección de los derechos humanos en el entorno digital no conoce fronteras
La próxima Cumbre Iberoamericana, la Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año, junto a los desarrollos legislativos a ambos lados del Atlántico y la creciente voluntad política de los gobiernos iberoamericanos, abre una ventana de oportunidad para desarrollar una hoja de ruta común, en forma de Carta de Principios y Derechos Digitales, que puede orientar el desarrollo de legislaciones nacionales.
Al momento de encaminar una recuperación de la crisis COVID, la digitalización puede ser una palanca de transformación y desarrollo, siempre que esté centrada en las personas y orientada al bien común.
