La seguridad alimentaria no sólo requiere que los alimentos estén disponibles y aporten nutrición, sino también que sean seguros. Con esa premisa, Chile, Cuba y la Unión Europea pusieron en marcha un proyecto de cooperación triangular para elevar los niveles de sanidad animal en la isla y, así, aumentar la cantidad de alimentos inocuos para la población. La seguridad alimentaria también implica que el suministro de los alimentos sea estable, para lo cual es necesario que la agricultura altamente productiva sea compatible con la conservación de la biodiversidad. La pérdida del hábitat de muchos animales, plantas y microorganismos es mayor en las regiones donde hay producción de monocultivo. Por eso el Ministerio Federal Alemán de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU) trabajó en el proyecto Del campo al plato con Costa Rica y República Dominicana con el fin de incrementar la sostenibilidad de la producción del banano y la piña.
Estas dos iniciativas son dos ejemplos de cooperación sur-sur y triangular, un modelo que la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) impulsa desde hace más de una década para fortalecer las capacidades de los 22 países de Iberoamérica para contribuir al desarrollo en línea con la Agenda 2030. “Este modelo de cooperación, en nuestro caso por ejemplo, es muy interesante porque nos permite aportar más técnica y más dinero. Nosotros nos asociamos con la UE, de manera que juntamos esfuerzos y fondos para ir en apoyo de un tercer país, Cuba. Eso tiene un valor. Por nuestra cuenta podríamos haber hecho menos. El apoyo logístico y económico que se puede brindar es mayor cuando se unen los esfuerzos de dos países o regiones”, explica al portal Somos Iberoamérica Fabiola Viera Núñez, encargada de los programas con la UE en la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID).
El proyecto en Cuba, que comenzó en 2017 y concluyó en 2023, buscaba fortalecer el control de la peste porcina y la influencia aviar “con un trabajo en laboratorios para disminuir el contagio en el tratamiento de productos de consumo animal y humano”, indica Paola Caro, responsable de los programas de Centroamérica y Cuba en la AGCID. El proyecto atendió tanto la capacitación de los profesionales de los laboratorios como su infraestructura. La formación se dio sobre todo el los primeros años, hasta 2019, cuando profesionales cubanos viajaron a Chile para capacitarse en el Servicio Agrícola y Ganadero y trabajadores de ese departamento se desplazaron a Cuba. “El segundo componente del proyecto lo trabajamos en el peor momento de la pandemia, con la compra de tres camionetas para uso exclusivo de cada uno de los laboratorios y adquisición de equipos, insumos y reactivos que fortalecerán las dos áreas de control, la de la peste porcina y la de la influenza aviar”, precisa la experta. El trabajo terminó con resultado satisfactorio a pesar de las dificultades que impuso la pandemia del covid-19 durante sus años centrales y “de la complejidad propia de trabajar con Cuba en cuanto a comunicaciones y compras”, apunta Viera Núñez. “Es un proyecto que, por todas sus características, es muy positivo que se llevara a término de esa buena manera y vale la pena destacarlo. Cuba tiene cooperación internacional sobre todo de la UE, pero en general dentro de la región queda relegada respecto a países como Haití o naciones de Centroamérica”, subraya.
Invertir en biodiversidad para garantizar la producción de alimentos
La agricultura es responsable del 70% de la pérdida de biodiversidad del planeta, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Esta situación es más grave en los países en vías de desarrollo, donde el sector pone en peligro al 72% de las especies de flora y fauna. Las consecuencias son más dramáticas donde predomina el monocultivo. En este contexto, el programa Del campo al plato, promovido por Alemania, trabajó en Costa Rica y República Dominicana entre 2018 y 2022 para incluir criterios de conservación de la biodiversidad en el cultivo del banano y la piña. “Invertir en la biodiversidad es invertir en nuestro capital natural, en la producción alimenticia. Es lo esencial si queremos tener producción de alimentos a largo plazo para todo el mundo. Tenemos que invertir en la biodiversidad, no hay otra forma”, defiende la directora del proyecto, Svenja Paulino, en entrevista con Somos Iberoamérica.
El banano y la piña son los principales productos agrícolas de exportación de Costa Rica y en total ocupan casi 90.000 hectáreas del territorio. En República Dominicana, alrededor del 49% de la superficie del país se utiliza para la agricultura. “Teníamos enlaces entre los dos países y pensamos en hacer un proyecto para elaborar un modelo en estos dos sectores que son complejos, el del banano y el de la piña”, detalla Paulino. Costa Rica y República Dominicana les ofrecían la oportunidad de analizar y probar dos escenarios diferentes. “En Costa Rica abundan las grandes plantaciones, el monocultivo, las grandes empresas, mientras que en República Dominicana hay más pequeños productores y producción orgánica. Por eso buscamos estimular el intercambio entre ambos países”, describe.
El proyecto se ejecutó en una superficie de producción total de 23.866 hectáreas en 24 fincas de Costa Rica y República Dominicana, ocho de las cuales cuentan ahora con un plan de acción firmado en favor de la biodiversidad. Las organizaciones Rainforest Alliance y FairTrade Smallholder modificaron sus criterios para incluir la biodiversidad, a partir de esta cooperación. Del campo al plato también capacitó a 34 instituciones en el uso de la herramienta Biodiversity Check Agrícola, que analiza los efectos directos e indirectos de una explotación agrícola sobre la biodiversidad y descubre otros vínculos al respecto. En el balance del programa ocupa un lugar destacado la campaña de concienciación: trabajó para sensibilizar a 92 pequeños productores pequeños y a 52 colaboradores de empresas agrícolas en la gestión responsable de la biodiversidad. “Todo lo que estamos haciendo contribuye a la seguridad alimentaria, ya que la producción de alimentos depende de la salud de los ecosistemas. Nuestra labor también es hacer visible la dependencia que tienen los productores de los ecosistemas”, indica Paulino. Una de las máximas de esta cooperación fue incluir a todos los actores clave, incluidas las empresas privadas. “Nunca vamos a lograr nuestras metas si no incorporamos a todos, nuestro objetivo es siempre trazar alianzas entre todos”, destaca la directora. En este proyecto, colaboraron con propietarios y gerentes de plantaciones, organizaciones de estándares y certificaciones de calidad y sostenibilidad, exportadores, importadores y comerciantes, centros de enseñanza agrícola, así como consumidores finales.
