Las mujeres en las zonas rurales de México se benefician de préstamos otorgados para ampliar los servicios financieros

Hacer que sea más fácil para los pequeños empresarios y agricultores en las zonas rurales de México obtener préstamos ha sido la piedra angular de un exitoso proyecto del Banco Mundial destinado a ampliar el acceso al financiamiento. Si bien en las ciudades mexicanas se pueden recibir servicios financieros adecuados, el acceso al crédito en las zonas rurales está insuficientemente desarrollado. Esto se traduce en escasas opciones de financiamiento para los agricultores y las empresas rurales y representa un obstáculo para el crecimiento local. Para impulsar el desarrollo rural, el Gobierno de México y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero (FND) se pusieron en contacto con el Grupo Banco Mundial y le solicitaron apoyo para sus esfuerzos encaminados a ampliar el crédito en la economía rural. La FND trabaja para fortalecer las instituciones financieras rurales, aumentar el acceso al financiamiento para los agricultores y las empresas, y fomentar la inversión privada en las zonas rurales. Las instituciones financieras rurales suelen ser pequeñas y tener un alcance limitado, pero son fundamentales para llegar a los clientes en las zonas remotas y menos pobladas. El año pasado, 101 instituciones financieras rurales se inscribieron para participar en el Proyecto de Expansión de Finanzas Rurales (i) del Banco Mundial, que recién completó su primer año de actividades. Estas instituciones han desembolsado USD 92 millones y han ofrecido 45 000 líneas de crédito a 40 000 agricultores y pequeñas empresas rurales. El valor promedio de los préstamos es de USD 2000, según los últimos datos publicados en junio de 2017. Asimismo, el proyecto está haciendo avances importantes para ampliar el acceso al financiamiento entre las mujeres y los grupos tradicionalmente marginados. De hecho, el 78 % de los receptores de los préstamos son agricultoras y microempresas y pymes, y el 6 % de ellos solicita préstamos por primera vez. Además, el 14 % de los prestatarios proviene de comunidades muy marginadas, una clasificación que el Gobierno mexicano (CONAPO) usa para medir la pobreza. Como parte de su financiamiento de contrapartida, la FND ha ofrecido 235 sesiones de asistencia técnica —conocidas como “apoyos”— a 177 instituciones financieras rurales. La entidad está también trabajando para modernizar su sistema bancario básico y reestructurar la tramitación de los créditos con el fin de fortalecer la capacidad institucional para proporcionar financiamiento rural sostenible.

Dar a la luz con salud, un reto que persiste en el mundo en desarrollo

Si el Paraná, en el sur de Brasil, fuera un país, ya habría cumplido la meta global de las Naciones Unidas para 2030 de reducir la tasa de mortalidad materna a menos de 70 por 100.000 nacidos vivos (NV). Pero, a pesar del gran avance, había un hecho que preocupaba a los especialistas locales en salud: después de que el estado alcanzara el nivel de 65,11 muertes / 100.000 NV en 2001, la cifra cayó apenas un 0,2% en los 10 años siguientes.Una investigación para entender los motivos reveló que el 85% de las muertes maternas eran por causas evitables, como la enfermedad hipertensiva del embarazo y las hemorragias. Y más específicamente, el 71% de las muertes estaban relacionadas con la falta de atención de salud durante todas las etapas: prenatal, parto y posparto.Los problemas encontrados en la investigación paranaense todavía son comunes en el resto del mundo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), unas 830 mujeres mueren diariamente en el planeta debido a causas evitables relacionadas con el embarazo. La institución no informa cuánto representa eso en términos porcentuales con respecto al total, pero sí que son las principales responsables y que el 99% de las muertes ocurren en países en desarrollo, como Brasil.Y justamente por estar en un país en desarrollo, Paraná puede convertirse en modelo para América Latina y el mundo. En los últimos seis años, el estado ha logrado reducir en un 30% la mortalidad materna y en 14% la mortalidad infantil. Estos son los principales resultados de una inversión de R$ 630 millones (197 millones de dólares), hecha en asociación con el Banco Mundial. Los recursos fueron destinados a la atención primaria, ambulatorios y hospitales, así como en la capacitación de 47.000 profesionales de salud.Una de las innovaciones del trabajo es una estratificación de las gestantes y los niños. Las embarazadas se clasifican como de riesgo habitual (cuando no presentan factores de riesgo individual, sociodemográfico, de historia reproductiva anterior o enfermedad), intermedio (si existen factores relacionados a la raza, etnia, edad, baja escolaridad e historia reproductiva) o alto (si hay condiciones preexistentes, como trombosis, o algunas enfermedades específicas de la gestación, como infección urinaria de repetición).En el momento en que la gestante está estratificada como de riesgo intermedio o alto, la atención se duplica. "Ella sigue siendo atendida en la unidad de salud más cercana a su casa y pasa a ser acompañada también por un ambulatorio que cuente con un equipo multidisciplinario, incluyendo enfermeros, obstetras, psicólogos, asistentes sociales, farmacéuticos y otras especialidades", explica la coordinadora de la Red Madre Paranaense, Débora Bilovus.Añade que el 85% de las gestantes del estado saben por adelantado dónde tendrán sus bebés: "Cuando llegue el momento, ella no va a necesitar andar de hospital en hospital porque ya tiene una referencia garantizada".Este video muestra que el acompañamiento da más tranquilidad tanto a las madres como a los equipos que las atienden. "Se trata de una referencia en el sistema de salud brasileño porque integra iniciativas y recursos de forma racional para prestar servicios de calidad a la sociedad. Es un trabajo que puede y debe ser reproducido en otros lugares", afirma Ezaú Pontes, especialista en salud del Banco Mundial.

El matrimonio infantil cuesta miles de millones de dólares y favorece la pobreza en la República Dominicana, según estudio del Banco Mundial y UNICEF

El estudio concluye que poner fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas en la República Dominicana reduciría la proporción de niñas que tienen hijos antes de los 18 años y el crecimiento de la población. También mejoraría el alcance educativo de las niñas, así como los ingresos que tendrían esas niñas cuando sean adultas.   SANTO DOMINGO, 23 de agosto de 2017 – El matrimonio infantil y las uniones tempranas están costando a la República Dominicana miles de millones de dólares y mantienen la pobreza intergeneracional, según un nuevo estudio publicado por el Banco Mundial y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Revela que poner fin al matrimonio infantil tendría un gran efecto positivo en el alcance de un mayor nivel educativo de las niñas, contribuiría a que las mujeres tuvieran menos hijos y a tenerlos más tarde en la vida, y aumentaría las ganancias de estas en su vida adulta. El estudio fue dado a conocer durante un acto realizado en el Palacio Nacional encabezado por la vicepresidenta de la República, doctora Margarita Cedeño; el Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Isidoro Santana; la directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval; el representante del Banco Mundial en el país, Alessandro Legrottaglie; y el principal autor de la investigación y economista del Banco Mundial, Quentin Wodon. La investigación señala que las niñas casadas o en unión temprana son más propensas a abandonar la escuela y completar menos años de educación que las que se casan más tarde. Por el contrario, mantener a las niñas en la escuela es una de las mejores maneras de evitar el matrimonio infantil. También se ha observado que el matrimonio infantil y las uniones tempranas se asocian con mayor riesgo de maltrato a sus hijos en la primera infancia y con una menor tasa de registro de nacimiento de los mismos. Debido a sus efectos sobre la educación de las niñas, el matrimonio infantil también afecta al desarrollo de sus hijos en los primeros años de vida. "El matrimonio infantil y las uniones tempranas no solo ponen fin a las esperanzas y los sueños de las niñas, también obstaculizan los esfuerzos para acabar con la pobreza y lograr el crecimiento económico y la equidad de República Dominicana. Poner fin a esta práctica no es solo lo que hay que hacer en el plano moral y ético, sino también lo más inteligente desde el punto de vista económico", dijo Quentin Wodon, el principal autor del estudio y economista principal del Banco Mundial. Se estima que una niña que se case antes de los 18 años tendrá en promedio más hijos a lo largo de su vida que si se hubiera casado a los 18 años o más tarde. Como resultado, poner fin al matrimonio infantil y las uniones tempranas, reduciría la fertilidad total en un 10 % a nivel nacional y el crecimiento de la población. Asimismo, terminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas reduciría sustancialmente la proporción de niñas que tienen hijos antes de los 18 años. Agrega que otro beneficio importante de terminar con el matrimonio infantil y las uniones tempranas sería un aumento de los ingresos esperados de las mujeres en el mercado de trabajo. Debido en gran parte al impacto del matrimonio infantil en la educación, las mujeres que se casan antes de los 18 años tienen, en promedio, ingresos que son 17 % más bajos que si se hubieran casado más tarde. Señala que estas menores ganancias en la edad adulta para las mujeres que se casan o unen a temprana edad, sumado a mayores tasas de fecundidad, conducen a mayores riesgos de pobreza. Indica que si se pusiera fin al matrimonio infantil se reduciría la pobreza en las familias de estas mujeres de 41 a 32 % y a nivel nacional de 31 a 28 %. “Las pautas culturales que promueven la desigualdad de género, la pobreza, las brechas de educación y la violencia intrafamiliar influyen en la percepción de las niñas, o de sus madres, de que el matrimonio precoz o unión temprana es un proyecto de vida aceptable, e incluso deseable como ‘la mejor opción económica’ si la pareja es un hombre mayor con ingresos. Planes nacionales intersectoriales, que incluyan empoderamiento de las niñas y fomento de pautas culturales familiares y sociales que las apoyen en la búsqueda de alternativas de vida, están teniendo buenos resultados en varios países”. señaló María Cristina Perceval, directora de UNICEF para América Latina y el Caribe. Por otro lado, debido a la reducción del crecimiento de la población, si se hubiera puesto fin a los matrimonios infantiles y uniones tempranas en 2014 hubiera supuesto un beneficio equivalente a aproximado de 171 millones de dólares en 2015 y en el año 2030 un beneficio anual de 4,800 millones de dólares. “Demostrar los costos del matrimonio infantil y las uniones tempranas tanto para las niñas que se casan o unen antes de los 18 años, como para todo el país, podrá ayudar a generar mayor inversión, y por tanto empoderar a todas la niñas y mujeres jóvenes”, declaró Alessandro Legrottaglie, representante del Banco Mundial en la República Dominicana. El estudio Impacto económico del matrimonio infantil para la República Dominicana forma parte de un estudio global y fue financiado por la Fundación del Fondo de Inversión para Niños, la Fundación Bill & Melinda Gates y la Alianza Mundial para la Educación. ### PRESS RELEASE NO: 2018/015/LAC ### Para obtener más información: Aileen Ceballos, UNICEF República Dominicana, (829) 659 9653, aceballos@unicef.org Christelle Chapoy, Banco Mundial, (202) 458 2656, cchapoy@worldbank.org

Ser indígena y ciudadano en Latinoamérica

Tratemos de hacer el ejercicio: ¿Cómo imaginamos al indígena de América Latina? ¿Cómo es? ¿En qué paisaje lo ubicamos? ¿Haciendo qué? Lo más probable es que el boceto que hacemos en nuestra mente nos lleve a una escena en canoa o en una cabaña, en un paraje sin concreto, ni semáforos. Difícilmente, por lo menos no en un primer momento, lo imaginamos cruzando la calle en alguna ciudad. El dato que contrasta con esta visión es que el 49% de la población indígena de América Latina ha migrado al entorno urbano en las últimas décadas. Sin embargo, como apunta en esta entrevista Germán Freire, experto en Desarrollo Social del Banco Mundial, “la sola idea del indígena urbano reta nuestra representación colectiva de lo que es ser indígena”. A propósito de la conmemoración, este 9 de agosto, del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y la celebración del décimo aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007, nos acercamos a este tema que significa un reto para la región. Pregunta. ¿Por qué los indígenas de América Latina han migrado desde sus territorios tradicionales a las ciudades? Respuesta. Las razones son muy variadas. En muchos casos migran por los mismos motivos que lo hacen todos los latinoamericanos. En las ciudades hay mayores oportunidades de empleo, de acceso a educación, salud y servicios básicos. En Perú, por ejemplo, un hogar indígena tiene un 37% más probabilidades de ser pobre si reside en zonas rurales. Pero las razones de más peso suelen ser el acceso a educación y salud. Si bien la escuela primaria experimentó una expansión transcendental la década pasada, persisten brechas significativas, especialmente a nivel de educación secundaria y terciaria. Asimismo, los servicios de salud en zonas rurales siguen teniendo deficiencias importantes. A veces estos servicios están presentes solo nominalmente o se prestan en condiciones que ponen barreras al acceso. Por otro lado, los territorios indígenas han estado en constante presión por la expansión de las fronteras agrícolas y de las industrias extractivas. Una quinta parte del Amazonas tiene potencial minero, por ejemplo, y el 20% de estas áreas de potencial explotación coinciden con territorios indígenas. Los conflictos internos también han afectado de manera desproporcionada a las comunidades indígenas rurales, en países como Guatemala, Colombia o Perú. Todos estos factores suman, y explican en parte por qué hoy alrededor del 50% de la población indígena de la región reside en zonas urbanas. En algunos países la proporción es mucho más grande. En Argentina, por ejemplo, la población indígena urbana ya supera el 80%. P. ¿Cuáles son los desafíos que deben afrontar los indígenas de América Latina que deciden migrar a las ciudades? R. La situación de los indígenas en las ciudades es paradójica, porque, si bien están generalmente mejor que en sus territorios de origen, también es cierto que se insertan en el entramado urbano en condiciones muy desventajosas. Sus conocimientos y tecnologías tradicionales suelen tener poco valor en el mercado laboral urbano, así que tienden a emplearse en trabajos mal pagados y del sector informal, con todo lo que eso implica en términos de seguridad laboral y económica. También, una vez en las ciudades, los indígenas suelen ser relegados a zonas inseguras, insalubres, con menores oportunidades laborales, peores servicios y expuestas a desastres naturales. La proporción de hogares indígenas viviendo en barrios marginales duplica la proporción de hogares no indígenas. Todo esto supone un gran reto para los gobiernos y agencias de cooperación, porque las políticas de inclusión y prestación de servicios diferenciados para la población indígena se diseñaron teniendo en mente comunidades rurales. La sola idea del indígena urbano, de hecho, reta nuestra representación colectiva de lo que es “ser indígena”. Sin embargo, el número de hogares indígenas viviendo en entornos urbanos va a seguir creciendo, a juzgar por la tendencia de las últimas décadas. Es decir, las ciudades ofrecen innumerables oportunidades para los indígenas, pero la contracara de estas migraciones es que los exponen a nuevas formas de exclusión y discriminación. La región tiene que hacer mayores esfuerzos para pensar en estrategias que permitan cerrar las brechas laborales, educativas o de acceso a vivienda, por ejemplo, sin que esto represente para ellos una renuncia a su identidad o su cultura. Un estudio del Banco Mundial, señala que el sentido de dignidad es fundamental para que las políticas de inclusión social tengan éxito. P. ¿Qué rol juega la mujer indígena en el escenario urbano? R. Fundamental. En muchos casos las mujeres son pioneras en los procesos de migración rural-urbano. La migración a las ciudades a veces es una oportunidad para liberarse de roles tradicionales y aumentar su independencia, si bien ellas enfrentan mayores retos que los hombres. Muy a menudo las mujeres indígenas no solo ganan menos que las mujeres no indígenas, sino que también ganan menos que los hombres indígenas. Se ha calculado que una indígena boliviana ganaba en promedio 60 por ciento menos que una no indígena por el mismo tipo de trabajo. No cabe duda de que son víctimas de doble discriminación, por su condición de indígena y de mujer. Pero, a pesar de estas brechas, el rol de las mujeres indígenas en entornos urbanos es central. Son portadoras de conocimientos, son las que saben de medicina tradicional, por ejemplo. También son el ancla de los niños con su propia cultura y sus lenguas. Son empresarias, combinando aspectos de sus economías tradicionales, como la solidaridad y el trueque, con aspectos de mercado. Pero tan importante como todo esto es su creciente participación en el espacio público, en la toma de decisiones a nivel local, nacional y regional. Un ejemplo notable es el de las Wayúu de la Guajira colombo-venezolana, que han ocupado cargos de gobierno, académicos y de todo tipo a ambos lados de la frontera. La mujer es el eje alrededor del cual giran todas las decisiones de la familia Wayúu, y esto evidentemente lo han llevado con ellas a ciudades como Riohacha o Maracaibo. P. ¿Cuáles podrían ser los aportes indígenas al desarrollo urbano? R. Muchos. Los indígenas traen consigo visiones diferentes de organización social, de ordenamiento del espacio, de relacionamiento con el ambiente, estrategias de contención, conocimientos médicos tradicionales, formas de participación política, propuestas arquitectónicas, lenguas, etc. Esta diversidad suma mucho a la resiliencia del entorno urbano. El Alto, en Bolivia, es un ejemplo conocido del potencial de la ciudad para expresar formas indígenas de organización y participación dentro del Estado. A través de las Juntas Vecinales, los Aymara no solo han liderado en la construcción y administración de su entorno urbano, sino que se han convertido en actores centrales de la política nacional. Otro ejemplo, menos conocido, está en las áreas metropolitanas de Buenos Aires y La Plata. Poca gente sabe que ahí se concentra la mayor parte de la población indígena argentina; aproximadamente una cuarta parte del total nacional. En La Plata, en concreto, hay una comunidad Nam Qom, en el barrio Islas Malvinas, que es un ejemplo tremendo de dignidad y lucha por mejorar su inclusión al entorno urbano. Con muy poco o ningún apoyo externo, esta comunidad ha construido sus propias viviendas, organizan el espacio comunal de acuerdo a sus visiones de solidaridad y convivencia, toman responsabilidad colectiva por la alimentación y el cuidado de sus niños, tienen iniciativas escolares y extra-escolares para preservar su lengua y su cultura, entre otras cosas. Ejemplos como este hay en toda Latinoamérica, pero han recibido poca atención hasta ahora, por lo que permanecen invisibilizados. Ese, precisamente, es el gran reto para su inclusión. No tenemos demasiado conocimiento de las necesidades u oportunidades de la población indígena en entornos urbanos, pues hasta hace muy poco este tema no estaba en la agenda de desarrollo de la región. El reporte Latinoamérica Indígena en el Siglo XXI,que lanzamos el año pasado sugiere precisamente que tenemos que empezar a pensar en la población indígena en términos de su heterogeneidad. Los modelos de desarrollo y los instrumentos analíticos que usamos hoy para abordar sus necesidades y sus reclamos son poco sensibles a la realidad de que la mitad de los indígenas de la región vive en entornos urbanos, así como al hecho de que existen múltiples dimensiones de exclusión que se superponen, pues no es lo mismo ser hombre indígena que ser mujer indígena, niño, anciano, etc. Lo que sí creo es que con la inclusión de los indígenas al desarrollo urbano ganamos todos. En algunas ciudades constituyen una proporción considerable, que tiene muchísimo que aportar a la economía local, a la toma de decisiones, a la búsqueda de soluciones a problemas críticos de nuestras ciudades, como el uso sustentable de los recursos o la participación ciudadana. La mayor riqueza de la región siempre ha estado en su diversidad, por lo que tiene sentido que esa heterogeneidad de visiones y propuestas se incorporen al desarrollo urbano de la región.

Una estrategia de educación financiera para las distintas etapas de la vida

En Colombia, 64% de las personas planifican sus gastos para menos de un mes o, peor aún, no cuentan con ningún plan para calcular el dinero que se van a gastar, de acuerdo con datos del Banco Mundial. El Gobierno de Colombia lanzó en junio 2017 la Es­trategia Nacional de Educación Económica y Financiera (ENEEF) orientada a mejorar la formación en dichas áreas que se ofrece a la población del país en las distintas etapas de la vida. Su objetivo eslograr que dicha educación llegue a todos los colombianos y facilite el cambio hacia un mayor crecimiento, capacidades y confianza en el uso de recursos económicos personales, de los negocios, de la economía del hogar y protegerse frente al fraude. La estrategia, que contó con el apoyo técnico del Banco Mundial y tuvo en cuenta las características del país y las buenas prácticas de la OCDE, priorizará sus esfuerzos en cinco segmentos poblacionales: educación formal —es decir niños, niñas y jóvenes—; población en etapa laboral activa; población vulnerable; microempresarios; y la previsión para el retiro y la protección de la vejez. Además, incorporará un sistema de monitoreo que permitirá evaluar el impacto y hacer seguimiento a las metas establecidas. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que a través de esta estrategia los colombianos podrán tomar decisiones más informadas en el manejo de sus finanzas y protegerse frente al fraude y otros riesgos, además de contribuir así con la estabilidad económica del país. Esta iniciativa también ha puesto a disposición del público el primer portal web de educación económica y financiera del Gobierno http://www.pesospensados.gov.co/ a través del cual los colombianos podrán consultar y aprender sobre presupuesto, ahorro, crédito, seguros, pensiones, inversiones, productos y servicios, protección y prevención del riesgo, entre otros. Los contenidos y los ejercicios de la página han sido adaptados y enriquecidos con la experiencia de diferentes entidades que trabajan en el tema como son la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras(Fogafin), el Banco de la República, la Banca de las Oportunidades y Asobancaria. “Una estrategia nacional de EEF permitirá orientar y canalizar mejor la oferta de programas sobre educación financiera a los diferentes sectores de la sociedad. Asimismo, el crecimiento económico de un país trae consigo la necesidad de que los individuos sepan cómo manejar sus finanzas personales de tal manera que puedan beneficiarse de un sistema financiero más desarrollado”, dijo Issam Abousleiman, Gerente del Banco Mundial para Colombia. Beneficios para jóvenes y adultos Los estudiantes en etapa escolar pueden ser particularmente vulnerables en el momento de tomar sus primeras decisiones financieras. Por ello, es conveniente comenzar desde las aulas exponiendo los conceptos financieros de una manera cercana y práctica a los más jóvenes, mediante estrategias didácticas innovadoras. Cuanto más temprano los jóvenes puedan desarrollar habilidades financieras básicas, más probable será que al convertirse en adultos tomen decisiones financieras responsables. Pero la EEF no es solamente indispensable durante la niñez: en la etapa adulta igualmente permite a las personas alcanzar una mejor calidad de vida con base en los conocimientos, habilidades y confianza para administrar efectivamente sus finanzas, aprovechar las oportunidades de inversión, enfrentar mejor los riesgos y comprender la creciente variedad de productos y servicios financieros. Esta estrategia es un modelo que Colombia puede compartir con otros países de la región, pero para ello debe ser muy cuidadosa con su plan de articulación y ejecución. De esta forma, una mayor educación económica y financiera servirá de puente para facilitar la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país.