La globalización avanza sin tregua y la transformación digital supone un reto para aquellos que velan por los derechos de los consumidores. El comercio electrónico, la publicidad engañosa, la viralización de contenidos tras determinados algoritmos hacen vulnerables a las personas que compran. Más aún si lo que consumen procede de un país ajeno. En esos casos los retos se multiplican por la diversidad de legislaciones y el desafío de saber manejar y solucionar los problemas que surgen cuando no se respetan sus derechos.
En ese contexto, el Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Protección al Consumidor (FIAGC) se configura como un espacio que permite los debates de ideas y de acciones concretas que ayudan a hacer frente a esta realidad tan dinámica, cambiante y actual.
Otras redes que trabajan por los derechos
Además del Foro Iberoamericano de Agencias de Gobierno de Protección al Consumidor (FIAGC), se encuentran inscritas en el Registro de Redes, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la Red Iberoamericana de Cooperación Jurídica (COMJIB), y la Red Registral Iberoamericana IBEROREG.
Todas ellas trabajan por garantizar los derechos ciudadanos en Iberoamérica y han demostrado su capacidad para promover el intercambio de buenas prácticas, conocimientos y experiencias entre profesionales y autoridades judiciales, lo que contribuye a mejorar la eficiencia, la transparencia en los sistemas de justicia y la protección de los derechos de la ciudadanía. Fomentan también la armonización de legislaciones y procedimientos, lo que facilita la resolución de casos transnacionales y el combate al crimen organizado.
Alfredo Alcántara, abogado con 32 años de experiencia, está al frente, como director ejecutivo, del de República Dominicana, que este año ostenta la presidencia pro tempore del Foro. Los retos, en su opinión, son muchos: “Las normas no solamente son lo que se mantiene establecido en ellas y las atribuciones que contienen, sino la creación de mecanismos capaces generar un ambiente de protección totalmente diferente al que contienen, porque estas no se adecúan en el tiempo a la velocidad que se producen las transformaciones sociales”. Alcántara identifica el comercio transfronterizo como uno de sus principales desafíos. En países diferentes, las leyes son distintas y no se puede sancionar en un país extranjero la vulneración de derechos de un consumidor de otro. “No hay forma de que para el año 2040 podamos proteger los derechos de los consumidores, de una gran parte, cerca del 60%. ¿Por qué? Porque a la velocidad que avanzan este tipo de transacciones estimamos que para ese año 2040, el 65 o 70% del comercio será ya por vía electrónica. Y de ese 70% un 60% tendrá el proveedor fuera del territorio”. Una de las cosas que se pueden hacer, apunta el abogado, es educar a los consumidores. “Fuera de territorio, la única alternativa de protección que tenemos es la prevención a través de la educación. Tenemos que hacerle entender al consumidor que cada vez que vea una oferta, debe detectar si hay intento de timo”.
Para afrontar esa dificultad, en 2024 el Foro trabaja en los derechos de los consumidores relativos al comercio electrónico y la economía digital, el impacto del aumento de precios y la inflación en los productos de la canasta básica alimentaria, el consumo sostenible, la publicidad engañosa y abusiva, el género y las diversidades. Además, desde la Red abogan para profundizar lazos con organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas para el Comercio y el desarrollo (UNCTAD, en sus siglas en inglés), la Organización para la cooperación económica y el desarrollo (OCDE), la Red internacional de protección y aplicación del Consumidor (ICPEN), la OEA, la Secretaría general Iberoamericana SEGIB.
FIAGC se propone también elaborar un proyecto de Declaración sobre resolución de controversias transfronterizas, para presentarlo ante el Grupo Intergubernamental de Expertos en Política y Derecho del Consumidor de UNCTAD a principios de julio y solicitar su aprobación. “Queremos crear mecanismos de discusión y que se aprueben directivas para el intercambio de impresiones o de acuerdos internacionales que garanticen la protección de los derechos de nuestros consumidores. De lo contrario, no hay manera de proteger los derechos del consumidor o a los consumidores cuando el proveedor está fuera de territorio”, abunda Alcántara.
Género y consumo sostenible
En la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales se reconoce la existencia de desafíos y oportunidades para transitar hacia una era digital de forma segura, justa, ética y responsable. En lo que respecta al respeto de los derechos de los consumidores digitales, la SEGIB y el FIAGC han identificado sinergias conjuntas para velar por la ciudadanía, cada vez más online.
El Foro trabaja, por ejemplo, en paliar, los impactos que la inequidad de género produce en las relaciones de consumo. Durante este año 2024 pretenden lanzar una serie de directrices y guías que puedan utilizarse por las agencias miembros para avanzar en derechos.
Avanzar en sostenibilidad es otro de los temas que preocupa a la FIACG, dado que impacta en todas sus áreas de trabajo. Así, la promoción de patrones de consumo y producción sostenibles está en la base de las acciones. Se trata de buscar el cumplimiento de los derechos de los consumidores y alinear las políticas públicas hacia el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. En ese sentido, el Foro se propone divulgar y formar a sus miembros y otros interesados en los lineamientos para el consumo sostenible que han sido elaborados por el programa One Planet Network del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
