La innovación es el principal motor de los cambios sociales porque permite transformar radicalmente la forma en que las personas se relacionan, aprenden, producen, comercian y se comunican. En las empresas, la innovación permite sortear los cambios y evitar ser parte de la larga lista de productos y servicios que han desaparecido o han sido sustituidos.
Sin embargo, cuando hablamos de las organizaciones del sector público, las transformaciones se han caracterizado por ser de tipo incremental y por estar condicionadas muchas veces por productos y arquitecturas dominantes que no todos los actores públicos pueden implementar, así como por las limitaciones presupuestarias.
Por tanto, ante una sociedad que se transforma a pasos acelerados, estas estrategias de tipo incremental en el ámbito público son incapaces de acompañar el ritmo de los cambios que experimenta su entorno. Viajan a velocidades cada vez más diferentes.
Los cambios en las organizaciones públicas se diseñan basándose en sus competencias y tomando como premisa que una de las partes, la organización, no confía plenamente en la otra, el ciudadano y viceversa. Por eso hablamos de trámites y no de servicios; pedimos datos, pero no somos capaces de gestionar el enorme volumen de información de valor al que las administraciones tenemos acceso y que podría ser un activo para aportar servicios que agreguen valor en la vida y día a día concreto de la ciudadanía.
Por tanto, el verdadero desafío para las administraciones públicas no es pasar de un expediente en papel a un expediente electrónico, sino sustituir expedientes por servicios, tiempos de trámites por tiempos de respuesta y desarrollar una estrategia de comunicación multicanal que permita predecir las demandas de la ciudadanía.
Las administraciones públicas deben afrontar la velocidad de los cambios sociales y tecnológicos para ofrecer servicios y tiempos de respuesta que verdaderamente respondan a las necesidades de la ciudadanía
En el ámbito privado, la competencia obliga a mantenerse actualizado y a innovar. Si no se tiene la capacidad de inversión o la escala requerida, se recurre a alianzas estratégicas, fusiones, o directamente la compra de una empresa por otra.
Lamentablemente no ocurre lo mismo en el ámbito público, donde el “principio de especialidad” se convierte en una limitante para aplicar estos caminos de innovación o incluso para alcanzar una mínima coordinación. Existen grandes asimetrías a lo interno de los gobiernos y entre las diferentes instituciones, culturas y capacidades diversas que dificultan aprovechar la oportunidad de que todas estas instituciones se vinculan de una u otra forma con los mismos “clientes”: la ciudadanía a la que tienen que servir y aportar valor.
Evaluar y monitorizar políticas públicas
En ese camino para que las necesidades de la ciudadanía encuentren respuestas en la gestión pública, Uruguay ha hecho de la monitorización y la evaluación de las políticas públicas una cuestión de Estado.
Con la visión de maximizar la eficiencia de la administración, construir capacidades institucionales y mejorar la relación Estado-ciudadanía se creó en 2020 la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas (AMEPP), un “centro de gobierno” que en algunos países se conoce como “delivery unit” y que en el caso de Uruguay, reporta directamente a la Presidencia de la República. Sus competencias fueron dispuestas por el actual Gobierno en el artículo 308 de la Ley 19.889.
La AMEPP se enfoca en el monitoreo y evaluación de los planes diseñados por las administraciones gubernamentales para llevar adelante dichas políticas y en mayor medida, en el cumplimiento de los proyectos diseñados.
A lo largo de estos últimos años y a través del monitoreo de proyectos que demandan la coordinación de dos o más instituciones, hemos visto cómo las asimetrías de capacidades, prioridades y cultura entre las distintas instituciones públicas condicionan de manera significativa el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Uruguay ha creado la Agencia de Monitoreo y Evaluación de Políticas Públicas con la visión de maximizar la eficiencia de la administración y construir más y mejores capacidades institucionales
En este sentido, la AMEPP, actuando como agente externo y no como ejecutor, facilita esta necesaria coordinación, mitiga las asimetrías con recomendaciones de asesoramiento o apoyo de consultoría y participa en la planificación y seguimiento del proyecto y sus componentes, sin protagonismo alguno en los resultados. Ello le ha permitido cierto reconocimiento de los actores con los que se relaciona, pese a su corta edad institucional.
Hacia una cultura del cumplimiento
En nuestro diseño institucional y en nuestro accionar diario, trasmitimos la expectativa que esta forma de trabajo debe permanecer más allá del mandato del actual Gobierno y para ello estamos promoviendo “la cultura del cumplimiento”, que estamos construyendo a través de una comunidad de funcionarios que promuevan los valores inherentes a dicha cultura.
A tres años de su creación, en la AMEPP hemos comprendido la necesidad de evolucionar nuestra propuesta de valor hacia las organizaciones públicas con las que nos relacionamos. Para ello estamos promoviendo y apoyando el diseño de soluciones que sean reutilizables en diferentes organismos, el uso de herramientas de análisis inteligente de datos, una visión compartida del ciudadano e impulsar cambios basados en la innovación.
Con dicho enfoque, participamos en un proyecto para la gestión de recursos financieros, humanos y materiales con una única solución basada en un producto de licenciamiento gratuito (GRP – ODOO), que se viene implantando en la mayor organización del Estado, que es el prestador público de servicios de salud y en otras catorce organizaciones del Gobierno Central.
Se está creando una comunidad de funcionarios públicos que promueven en las diferentes instituciones los valores de una “cultura del cumplimiento”
En materia de innovación, estamos promoviendo el uso de biometría, chatbot e Inteligencia Artificial, en el diseño de soluciones para el control de penas impuestas por el Poder Judicial, cuidados a la primera infancia y mejoras en los procesos de compras públicas.
El impacto que genera la innovación en las organizaciones públicas para la necesaria evolución en calidad, accesibilidad y costo de los servicios al ciudadano, nos ha llevado a poner especial interés en este tema y a promover la extensión de nuestras competencias en “Monitorear y evaluar los proyectos de innovación en la gestión pública que sean considerados de interés para la Presidencia de la República.»
Los cambios en la sociedad representan hoy el mayor desafío para las organizaciones y servidores del ámbito público, demandando respuestas en tiempos cada vez más breves y que sean capaces de contemplar los nuevos hábitos de consumo y las nuevas formas de relacionarnos y comunicarnos.
Se trata pues de un desafío, no solo enorme, sino también urgente, que inducirá al Estado a la adopción de prácticas y soluciones innovadoras y quizá también, a la revisión de normas y regulaciones que carezcan de sentido o de valor, en un escenario que se transforma y nos sorprende de manera constante.
