Sin darnos cuenta en un breve espacio de tiempo, las personas y las organizaciones iniciamos una acelerada carrera para movernos del mundo analógico al digital. Entendimos que la sociedad está cambiando a gran velocidad y que debíamos ser parte de ese cambio aprovechando las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales.
También comprendimos que debemos desarrollar competencias digitales, ya que las tareas cotidianas y rutinarias en el ámbito doméstico requieren de destrezas y comprensión del mundo digital para sacar el mejor provecho del tiempo y la automatización de ciertas actividades.
Asimismo, los sectores productivos están inmersos en un camino hacia la reactivación y recuperación, entendiendo que en un mercado globalizado, la competitividad de las economías está íntimamente ligada a la velocidad de la transformación digital.
Factores imprevistos, como la pandemia que impactó al mundo en magnitudes impensables, hicieron que la humanidad abrazara y acelerara la digitalización como mecanismo de continuidad y supervivencia.
Hoy estamos frente a una nueva era, en la que nuestra sociedad digital depende casi en tu totalidad de los bienes y servicios que se producen y comercializan con el apoyo de tecnologías emergentes como la robótica, la inteligencia artificial, el Internet de las Cosas (IoT) o Internet del Todo (IoE), blockchain entre otros.
En este escenario, llega el momento de cuestionarnos si en los países iberoamericanos existen todas las condiciones fundamentales para que la ciudadanía, las empresas, las instituciones de la administración pública, las organizaciones académicas y la sociedad civil puedan acceder y pertenecer al mundo digital con igualdad de condiciones y con la garantía de sus derechos.
Justamente, como estamos hablando de un mundo globalizado, los países que compartimos el espacio iberoamericano, tenemos una histórica oportunidad para armonizar sobre los principios y derechos que debemos garantizar a todas las personas en el mundo digital.
Iberoamérica tiene hoy la histórica oportunidad de armonizar los principios y derechos que debemos garantizar a nuestra ciudadanía en el mundo digital.
Ante este desafío y en el marco de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado y Gobierno a celebrarse en la República Dominicana en marzo de 2023, se propondrá para su adopción una Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, donde de forma consensuada en forma y fondo, pongamos al persona en el centro de las políticas públicas digitales y garanticemos sus derechos.
En ese sentido, la Secretaría Pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana a cargo del Gobierno de la República Dominicana, bajo el liderazgo del Presidente Luis Abinader, junto con la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) está trabajando en esta iniciativa regional que refleje el consenso de los países miembros en esta materia, siendo la propuesta original del Reino de España y que ha tenido una acogida sin precedentes por los 22 países que conforman la Comunidad Iberoamericana.
Aprovechando los avances de otras cumbres y eventos internacionales, así como la experiencia de cada uno de los países miembros de la Conferencia Iberoamericana, buscamos contar con un instrumento común para abordar la necesidad y problemática actual de dotar a las personas del ejercicio de su pleno derecho sin barreras ni limitaciones, respetando el contenido y aplicación de normas jurídicas internas o legislación de los Estados.
Con esta iniciativa damos respuesta a la pregunta original sobre las condiciones de las personas para acceder y permanecer en el mundo digital, ya que el primer elemento es garantizar sus derechos. Desde este punto de partida se derivan varios aspectos, ante la realidad de que la digitalización redefine las prácticas sociales y los mecanismos y formas de ejercicio de la democracia.
Aspiramos a una Iberoamérica que promueva una sociedad de la información inclusiva, centrada en las personas, donde ninguna persona o grupo humano sufra discriminación o exclusión por limitantes para acceder a la transformación digital.
Aspiramos a una sociedad de la información que ponga a la persona en el centro de las políticas públicas digitales y donde todos los derechos sean garantizados.
Pretendemos que la inclusión digital inicie desde el cierre de las brechas existentes y permita evitar nuevas brechas, considerando atención especial a la conectividad en condiciones asequibles y de calidad. También es clave garantizar una protección del ciberespacio, que permita un entorno digital seguro y confiable, respetando la privacidad y protección de los datos. Asimismo, las personas deben tener garantizado el acceso a la educación, la cultura y la salud en un entorno digital inclusivo.
De igual manera, necesitamos hacer el mayor esfuerzo posible como región para que nuestras políticas públicas digitales enfaticen en la protección a niñas, niños y jóvenes quienes están sujetos a una especial exposición y vulnerabilidad en el entorno digital. Procuramos además que ninguna persona sea discriminada o restringida en su relación con su administración y que esta no tenga que presentar reiteradamente documentos que ya obren en su poder.
En definitiva, apostamos por una digitalización de nuestro tejido productivo y en el ámbito comercial que sea plenamente respetuosa de los derechos digitales de las personas, así como que el uso y aplicación de tecnologías emergentes tenga en el centro los derechos humanos.
