Líderes políticos mundiales se están comprometiendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para lidiar con grandes desafíos como la pobreza, el hambre, el cambio climático y el analfabetismo. Para ello, se han establecido unas metas ambiciosas y transversales. La magnitud y complejidad de los problemas que se deben afrontar demandan recursos, competencias y saberes situados más allá de las esferas gubernamentales, de las empresas privadas tradicionales y de las organizaciones sin ánimo de lucro.
El mundo ha sido testigo del surgimiento de nuevos acuerdos que involucran esfuerzos colaborativos de organizaciones de los tres sectores tradicionales y de organizaciones híbridas capaces de promocionar modelos de negocio con la misión de conciliar la generación de retornos financieros e impacto socio ambiental. Al despertar la atención de gobiernos, agencias multilaterales dirigidas a la resolución de los grandes problemas globales, el mercado financiero y propietarios de grandes fortunas con agenda dirigida a resolución de cuestiones con propósito socio ambiental, estas iniciativas abrieron un espacio para la llegada de un nuevo sector a la economía: el Cuarto Sector.
El Cuarto Sector como aquel que está compuesto por organizaciones cuyo objetivo principal es la generación de beneficios sociales y ambientales, generadas por medio de mecanismos de mercado de forma sostenible a lo largo del tiempo. Se encuadran en esa categoría, empresas sociales, organizaciones dirigidas al comercio justo (fair trade), cooperativas (bancos comunitarios o asociaciones de productores), fondos de inversión y de aceleración del impacto socio ambiental y empresas de microcrédito.
Sea por sus dimensiones continentales, por su extensa experiencia con organizaciones no gubernamentales, por la tradición de acuerdos de entre actores de los tres sectores, en conjunto o de manera aislada, o por los serios problemas socio ambientales aún vigentes, Brasil, al lado de países como México, Chile y Colombia, ocupa un rol destacado en el desarrollo de una agenda latinoamericana en el Cuarto Sector.
Los números de Brasil son impresionantes, las organizaciones del Cuarto Sector que trabajan en el país, unas 28.000, facturaron aproximadamente 302.000 millones de reales (unos 75.400 millones de dólares) en 2017, entre cooperativas tradicionales y asociaciones de economía solidaria.
A juzgar por estos números, las empresas de impacto socio ambiental y empresas certificadas por el sistema B representan una pequeña parte, 1.300 emprendimientos y 10.000 millones de facturación (unos 2.500 millones de dólares), mientras las cooperativas sumaban casi 7.000 negocios con facturación de 285.000 millones de reales (71.000 millones de dólares). Por su lado, las asociaciones de economía solidaria sumaban, en 2013, 20 mil emprendimientos y una facturación de 7.000 millones de reales (cerca de 1.750 millones de dólares). Estimaciones hechas a partir de diversas fuentes sugieren que el Cuarto Sector en Brasil involucra a 14,8 millones de personas, un 14,2% de la población activa.
Teniendo en cuenta el carácter relativamente reciente de las empresas del Cuarto Sector, y el hecho de que no haya un consenso acerca de un concepto capaz de sintetizar los elementos que diferencian a estas empresas de otras organizaciones, los marcos legales dirigidos a la regulación del sector aún son bastante incipientes. La situación no definida acerca de los límites y posibilidades de emprendimientos dirigidos a alcanzar resultados socio ambientales, pero que no abdican de la posibilidad de generar beneficio a los accionistas, no es exclusivo de Brasil y suceden también en otros países desarrollados y en vías de desarrollo.
Generalmente, el gran desafío a superar bajo el punto de vista jurídico reside en la conciliación entre la finalidad social del emprendimiento y la necesidad de asegurar la apropiación del valor creado por parte de los accionistas en la forma de beneficios y dividendos, siendo este un factor esencial para permitir la proliferación de emprendimientos de impacto socio ambiental por medio de la atracción de inversores privados que desean obtener algún tipo de retorno financiero relacionados con causas sociales (Brest & Born, 2013)[1].
Aunque se reconozca la necesidad de que los emprendimientos sean auto sostenibles y capaces de generar recursos para cubrir sus costos, la cuestión de captura del excedente generado aún se ve con reservas, incluso por entusiastas de la participación privada en problemas que afectan a las capas menos favorecidas de la población mundial (Yunus, 2010)[2].
De lo expuesto anteriormente, se extrae que el Cuarto Sector en Brasil se encuentra en expansión. Excluyéndose las cooperativas tradicionales, cuya inclusión en esa categoría genera controversia, los 21.000 emprendimientos de orientación socio ambiental presentan una facturación anual de la orden de 17 mil millones de reales (unos 4250 millones de dólares) que supone el 0,25% del PIB brasileño. Si las cooperativas tradicionales se incluyen en el rol de empresas del Cuarto Sector, la participación salta al 4,6% del PIB.
En lo que atañe al número de personas involucradas con el Cuarto Sector, los datos también son contundentes. Negocios de impacto, empresas B y emprendimientos ligados al movimiento de la economía solidaria involucran aproximadamente 1 millón y 400.000 personas, el 1,4% de la población activa. Si se incluyen las cooperativas tradicionales, ese monto sube al 14,2% de la población activa brasileña[3].
El avance de la agenda del Cuarto Sector en Brasil requiere también una mayor capacitación técnica de todas las partes involucradas. La expansión de una cultura de evaluación de impacto socio ambiental, en lugar de la simple contabilidad de productos no relacionados con lo que es beneficioso para la población debe ser estimulada.
Para ello, la actuación de las organizaciones del cuarto sector debe asegurar a las partes interesadas la necesaria relación entre acciones emprendidas e impacto logrado. Indicadores de desempeño, para evitar problemas de incentivo, que sean relevantes, que reflejen las acciones ejecutadas por la organización (y no factores aleatorios), que sean medibles sin un coste excesivo, son esenciales para que las organizaciones del Cuarto Sector se legitimen como vehículos de impacto socio ambiental y estimulen el apetito de inversores tradicionales preocupados por causas de interés colectivo.
[1] Brest, P., & Born, K. (2013). When can impact investing create real impact. Stanford Social Innovation Review, 11(4), 22-31
[2] Yunus, M. (2010). Building social busines: The new kind of capitalism that serves humanity’s most presing needs: PublicAffairs.
[3] Ver Silva, S.; Carneiro, L. los nuevos datos del mapeo de economía solidaria en Brasil: Nota metodológica y análisis de las dimensiones socio estructurales de los emprendimientos. IPEA, Brasilia, 2016.
