empleo

“Yo me desnudo frente a ellos, es decir les cuento cosas muy personales de modo que ellos entiendan y sientan que este es un espacio de mucha armonía y respeto”, cuenta Lorena Méndez, quien desde hace 12 años encabeza el colectivo La Lleca, un proyecto de intervención artística- social que trabaja con presos en cárceles de la Ciudad de México.  A través de talleres como radio, fotografía, poesía o performance La Lleca promueve la confianza, la comunicación respetuosa y el juego entre los internos de los penales buscando crear una relación armoniosa entre ellos y su entorno. Este colectivo se compone de voluntarios de diversas disciplinas como psicólogos, ingenieros, comunicadores o artistas plásticos, es un proyecto independiente en el que cada uno de sus integrantes dona los recursos para las actividades que desarrollan con los presos. El trabajo de este colectivo se suma a otros que se han realizado en diversas prisiones de la región latinoamericana como Mejorando la empleabilidad en el Penal de Cusco, apoyado por el Banco Mundial en Perú, dentro del cual también se busca evitar la reincidencia de la población carcelaria y promover una mejor condición para la reinserción social de los internos al salir de prisión. La Lleca trabaja en sensibilizar a las personas en reclusión, consideran que potenciar el lado humano, mostrar afecto y solidaridad es una vía para poder iniciar un proceso de desarrollo personal, intentan mostrar a los internos que también hay otras formas de interacción como la comunicación no violenta y el diálogo respetuoso. Así por más de una década La Lleca ha trabajado con más de 1500 presos (hombres y mujeres) en las cárceles de la capital mexicana, contando con el apoyo de 75 voluntarios intermitentes desde su creación.   

The lionfish is an undeniable head-turner. With its vibrant – and venomous – spines radiating from its head like a lion’s mane, its voracious appetite and incredible resilience makes it the perfect hunter, a king in the aquatic jungle. Howeve…

Ten percent of Latin Americans today live with a chronic illness. One which can have devastating effects on their health and their pocket: without adequate treatment it can result in blindness, amputations, stroke, heart attacks and even death. We’re talking about diabetes, whose incidence rates are rising around the world, according to the WHO. And while there are multiple reasons behind the increase, the rise in type 2 diabetes, the most common variant, is closely related to growing number of people who are overweight, obese or sedentary. Today in Latin America, only Haiti has an average adult Body Mass Index of less than 25 (the upper limit of the healthy weight range), but for many other countries, especially in the Caribbean, the average BMI is between 28 and 29, just below the obesity range. And in context, it could prove to be a ticking time-bomb for the region’s future development.   Aside from the cost of treatment, which is a significant burden for national health services, diabetes and other non-communicable diseases impact heavily on productivity, in particular with respect to lost or reduced work-days due to illness. Potential crisis And in the Caribbean, where one in eight people live with diabetes, and non-communicable diseases account for four out of five deaths, the first symptoms of an imminent crisis are already being felt. In economic terms, the annual cost of treating just one diabetes case exceeds the annual per capita spending on health by a factor of 1.2 in the Eastern Caribbean. And the greatest burden of cost falls hardest on the poorest. In Saint Lucia, where over half the population are overweight, on average 36% of annual household spending goes on health. However, the cost isn’t evenly spread and lower-income households end up paying a much higher price proportionally: 48% of their income compared to just 20% in higher-income households, according to a recent report on nursing in the Caribbean. What’s more, poor households are more likely to earn an hourly wage, which means that any lost or reduced work-day means an extra fall in household income. And medical visits tend to increase by 20% when living with a non-communicable disease. At the same time, the Caribbean is also facing a worrying lack of nursing staff specialized in preventing and treating these conditions. Despite 10% of Saint Lucians living with diabetes, the country has just one nurse who is specialized in diabetology, according to World Bank research. And it’s not alone. The study revealed similar treatment gaps across the region, since the rapid increase in prevalence rates has not translated into greater specialization for treating the disease. And while prevalence rates are greatest in the Caribbean, no Latin American country is immune to the changing epidemiologic profile from communicable to non-communicable diseases.

WASHINGTON, December 29, 2016 — World Bank Group Vice President for Latin America and the Caribbean Jorge Familiar today released the following statement on the untimely passing of Sir Dwight Venner, former Governor of the Eastern Caribbean Central Bank. “On behalf of the many World Bank staff who recall Sir Dwight Venner with great respect and fondness, I would like to express our deepest sympathy to his family and to the people of the Eastern Caribbean. Sir Dwight was a true champion of regional integration and played a leading role in the establishment of the OECS Economic Union. During his tenure as Governor of the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), our respective institutions have established a strong collaboration. The Caribbean has lost one of its influential economists and thinker. We mourn his loss.”

América Latina no es ajena a los conflictos sociales, si bien hubo gran crecimiento económico, reducción de pobreza y de inequidad en la década pasada. Es por ello que conocer de antemano las necesidades y aspiraciones de los sectores más vulnerables son clave para reducir potenciales crisis y mejorar la calidad de vida de aquellos con menores ingresos. En este sentido, el Perú se ha colocado a la vanguardia y aprobó una ley de alcance nacional que regula el proceso de consulta previa con poblaciones indígenas. Sus primeros resultados se han recopilado en el reporte ¨La Consulta Previa en el Perú: Aprendizajes y desafíos¨. German Freire, especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial, explica cómo funciona el proceso de la consulta previa, por qué es importante tanto en el Perú como en la región y qué futuro le espera a las comunidades indígenas y rurales de América Latina: Pregunta: ¿Qué es la consulta previa y cuando se realiza? Repuesta: La consulta previa es un derecho internacionalmente reconocido, enmarcado en el convenio 169 de la OIT y ratificado por 15 países latinoamericanos, incluido el Perú, país donde ha sido convertida en una ley desde 2011. Pero más allá de ser un derecho, es una herramienta de diálogo que permite conciliar los intereses de las poblaciones mayoritarias con los de la población indígena. La consulta previa es un mecanismo de inclusión y un espacio para darle voz y voto a los pueblos indígenas en los programas, proyectos, planes y leyes que potencialmente pueden afectar sus intereses, sus culturas o sus modos de vida. La consulta previa se lleva a cabo cuando hay una potencial afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La ley peruana no incluye en este proceso la prestación de servicios públicos, como agua y saneamiento o electricidad, por ejemplo, a menos que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En cambio, cuando por ejemplo se declara en el Amazonas un parque nacional, y este parque se sobrepone al territorio tradicional de una población indígena, ahí existe una afectación del derecho colectivo, pues la regulación podría limitar su acceso a recursos que han utilizado durante siglos y de los que dependen para subsistir. Esto se convierte en materia de consulta previa. Lo mismo sucede al desarrollar un proyecto de hidrovías, una “carretera” fluvial, que atraviesa un territorio indígena. La consulta previa se complementa con otros mecanismos de participación ciudadana, sensibles a las diferencias culturales y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. P: ¿Por qué es importante la consulta previa? R: La consulta previa es erróneamente vista por algunos sectores públicos y privados como un requisito que no agrega valor a sus actividades. A su entender es un proceso largo y costoso, por lo que hace más lento el desarrollo de proyectos y, ultimadamente, desincentivan la inversión. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que en territorios indígenas el desarrollo ¨convencional¨ no siempre tiene los efectos esperados, y los indígenas no se benefician tanto como el resto de la población o son adversamente impactados por proyectos que en teoría debían beneficiarlos. Esto explica en parte la persistencia de brechas, por ejemplo. Regionalmente los indígenas son casi tres veces más propensos a ser pobres. La consulta previa es un espacio de participación que toma en cuenta a los pueblos indígenas en el diseño de proyectos, planes o leyes que podrían afectarlos.Permite a las comunidades transmitir sus propias visiones de lo que es el desarrollo, la pobreza y el bienestar. La inclusión de estas voces tiene muchos beneficios, no solo para ellos. Si bien la consulta no es un mecanismo de resolución de conflictos, el desarrollar un proyecto que es sensible a las visiones y expectativas locales, culturalmente pertinente, donde la población indígena tiene un espacio para expresarse en sus términos, tiene muchas menos probabilidades de generar un conflicto social. Si se analizan las razones para la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú, sea que estén relacionados con proyectos mineros o de otro tipo, la población local rara vez se opone a los proyectos en sí, sino que se opone a los términos de su inclusión, o a su exclusión de los beneficios. Lo que la mayor parte de las comunidades involucradas en un conflicto demandan es diálogo. Encarar el dialogo tiene un costo para las empresas y para el Estado, no hay duda, pero hoy sabemos que el costo de no realizar consultas es mucho mayor, principalmente en el mediano plazo, cuando aparecen conflictos o desacuerdos que paralizan obras y planes de desarrollo. P: ¿Por qué el Perú es un referente para América Latina en el tema de la consulta previa? R: Actualmente, en toda América Latina existe una gran legislación pro indígena y en prácticamente todos los países se realizan consultas. Perú, sin embargo, fue el primer país en promover una ley de alcance nacional y en reglamentar el derecho a la consulta previa. Además, ha venido innovando en la definición práctica del derecho a la consulta, así como en las cuestiones operativas de cómo, qué, dónde, cuándo y a quién se debe consultar una medida determinada. Ninguna de esas preguntas tiene una sola respuesta, pero el Perú ha estado dando muestras de estrategias concretas y bien operativas. El país plantea la consulta previa de forma estructurada. Esto se ve reflejado en los protocolos, materiales de apoyo y la literatura generada por el Ministerio de Cultura sobre los procesos de la consulta previa, así como la Base de Datos sobre Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, que es una de las más completas que yo haya visto en la región. También han creado un registro nacional de traductores y facilitadores en temas de consulta, que es una herramienta clave tanto para el estado peruano como para las empresas privadas, que ya hacen uso de este registro y de los servicios del personal que ha venido formando el Ministerio. Además, acaban de lanzar un sistema de monitoreo de las consultas, clave para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos. Estas herramientas no existen en otros países de la región. P: ¿Cuántos procesos se han realizado en el Perú y cuál es un ejemplo de los acuerdos tomados en las consultas previas? R: En el momento en que realizamos el estudio junto con el Ministerio de Cultura eran 24, pero ahora son varios más. Aunque no parece un número grande, ha tomado mucho esfuerzo llegar ahí, debido principalmente a la especulación que siguió a la aprobación de la ley y su reglamento. Las voces que se oponían a la implementación de la ley argumentaban que al consultar a los pueblos indígenas se iban a generar más conflictos sociales, aletargar los proyectos consultados y paralizar la inversión. La principal lección que dejan estos primeros procesos de consulta es que todos esos temores eran infundados. Los 24 procesos realizados hasta principios del 2016 llegaron, en su totalidad, a acuerdos, y se dieron en plazos razonables. Por ejemplo, algunos pueblos indígenas pidieron participar en el diseño de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental, pues argumentaban que, si ellos no eran involucrados desde ese momento, las preguntas que eran importantes para ellos no iban a ser incluidas en los estudios, por lo que luego no tienen información ni datos clave para estructurar sus argumentos. El problema es que si se hace una interpretación demasiado inflexible de la legislación, luego no tendrían participación en la discusión de los resultados. El argumento que nosotros hacemos es que la consulta previa tiene que ser vista como parte de un diálogo mas amplio y sostenido con los pueblos indígenas, no como un momento en el tiempo o como un requisito administrativo más. Hay que recordar que en el Perú los acuerdos de la consulta previa son de cumplimiento obligatorio. Este no es un dato menor, porque otras instancias de diálogo o de resolución de conflicto, como las mesas de diálogo, no tienen este carácter. De ahí que la mayor parte de los conflictos sociales del Perú tienen otro conflicto como antecedente, pues muchas veces se olvidan los acuerdos luego de resuelta la crisis. P: ¿Cómo beneficia la consulta previa el futuro de los indígenas? R: La razón por la cual la consulta previa existe es porque los mecanismos de participación ciudadana convencionales le suelen fallar al sector indígena de la población. Personalmente, considero que Latinoamérica deber aspirar a integrar los mecanismos de diálogo intercultural que están en la consulta previa en las actividades de los estados, y con esto crear estados verdaderamente inclusivos y respetuosos de la identidad y la dignidad de los pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura del Perú ha propuesto que la consulta previa no debe sustituir otros mecanismos de participación ciudadana que ya existen, sino complementarlos. El reto es integrar los resultados de estos procesos de consulta en los planes de autodesarrollo de los pueblos consultados, para que estos procesos no se conviertan en trámites puntuales para lograr aprobar una ley o un proyecto, sino que sean una ventana real para la inclusión social. El desarrollo de todas las regiones del país debe continuar en ese camino de diálogo intercultural para que los pueblos indígenas puedan participar y puedan ser escuchados siempre.

Organization: World Food Programme
Country: Honduras
Closing date: 28 Feb 2017

Job Description:

ABOUT WFP

The United Nations World Food Programme (WFP) is the world’s largest humanitarian agency, fighting hunger worldwide.

WFP is seeking individuals with experience working in culturally sensitive, remote, and complex environments.

We are seeking to fill the position of Finance Officer at the P2 level based in Tegucigalpa, Honduras

KEY ACCOUNTABILITIES (not all-inclusive)

Under the general supervision and guidance of the Country Director, the Finance Officer will be responsible for the following key duties:
* Support corporate finance and resource management strategies and major ongoing programmatic initiatives, participating where appropriate using finance and resource management expertise.
* Contribute towards the development of country specific plans and processes, aligned with Regional and wider WFP strategy, policies and processes to meet the food assistance needs of beneficiaries within the Country.
* Analyse and report on key data for financial status and outcomes of projects in accordance with corporate governance requirements, ensuring accuracy, deadlines, and accounting processes are complied with.
* Perform bank reconciliations, disbursements, clearance of receivables, overall cash management and monthly financial closures on a regular basis in accordance with corporate requirements.
* Where necessary, deliver core administrative services, working with contractors and following standard processes to provide cost-effective, quality and timely services to WFP staff.
* Where necessary, undertake basic human resource functions related to staff benefits, recruitment of local staff, and training.
* Provide financial assessment of partners, service providers, and other entities as needed, and providing conclusions to management to enable them to make informed decisions and minimize financial risk to the organisation.
* Collate and analyse data for the preparation of accurate and timely reporting, in order to provide management with financial, accounting and budgetary information to enable them to make informed decisions.
* Oversee the provision of information on project requirements, pipeline, and resourcing surpluses and shortfalls to management, and provide expert advice on programme effectiveness and financial viability
* Track and analyse data to identify opportunities for improvements to policies, systems and procedures in order to minimise financial risks, improve the efficiency and effectiveness of operations, and ensure services are aligned with business objectives.
* Represent unit/CO at internal meetings, external meetings and events with other UN agencies, banks and other financial institutions, or other partners and entities as required.
* Advise and support Country Office on internal controls for segregation of duties and undertake periodic risk and internal control assessments to identify areas which may present potential audit, compliance or financial risks.
* Support country office in managing Cash Based Transfer risks through leading the financial sectorial assessment (Macro and Micro Financial Assessment) , active participation in Cash Based Working Group and collaborate formulation of risk mitigation actions with stakeholders within the Country Office, Regional Bureau and Headquarter
* Supervision of a team of finance staff, establishing priorities and work plans, monitoring progress, and providing coaching, training and guidance to ensure appropriate development and enable high performance.

STANDARD MINIMUM QUALIFICATIONS

Education:
* Advanced University degree in Finance, Business Administration, Accounting, Economics or related fields, or First University degree in the same subject(s) with additional years of related work experience plus membership in an international recognised professional accountancy body such as Associated of Chartered Certified Accountants (ACCA), Institute of Certified Public Accounts (ICPA) or equivalent.

Experience:
* At least three years of postgraduate progressively and solid professional experience in finance with great independence, decision making authority, implementing accounting and internal control processes and supervision of staff and managing complex budgets.

Language:
* Fluency in English and Spanish (both oral and written) is required
* Another official UN language (Chinese, French, Russian and Spanish) or Portuguese (one of WFP’s working languages) is an advantage.

DESIRED EXPERIENCES FOR ENTRY INTO THE ROLE

Technical Skills & Knowledge:
* In-depth knowledge of financial management and reporting;
* Training and/or experience utilising computers, including word processing, spreadsheet and other standard WFP software packages and systems, including SAP and other ERP systems;
* General knowledge of UN system policies, rules, regulations and procedures an asset

Competencies:
Ability to provide technical advice to managers on a broad range of financial, human resources and other administrative matters;Excellent written and oral communications skills;Ability to prioritize work and handle multiple tasks within tight timeline;Ability to develop and maintain effective work relationships with different stakeholders; * People management skills, with the ability to supervise and bring the best out of staff.

TERMS AND CONDITIONS

DEADLINE FOR APPLICATIONS

Profil:

The World Food Programme is the world’s largest humanitarian agency, fighting hunger worldwide.

In emergencies, we get food to where it is needed, saving the lives of victims of war, civil conflict and natural disasters. After the cause of an emergency has passed, we use food to help communities rebuild their shattered lives.

WFP is part of the United Nations system and is voluntarily funded. To learn more about WFP’s operations, please visit our website at: http://www.wfp.org

How to apply:

http://world-food-programme.contactrh.com/jobs/11864/17145448

República Dominicana es uno de los países con mayor crecimiento en América Latina y el Caribe. Aun así, uno de cada tres dominicanos es pobre SANTO DOMINGO, 13 de diciembre de 2016 – El presidente de República Dominicana, Danilo Medina y el vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Jorge Familiar, lanzaron hoy una serie de notas de políticas que ofrecen opciones prioritarias para mantener al país en una ruta de crecimiento sostenible e inclusivo en el contexto de la desaceleración económica mundial. “Luchar sin descanso por la reducción de la pobreza es una de nuestras principales metas de gobierno 2016-2020. Las opciones de políticas presentadas hoy por nuestro importante socio, el Banco Mundial, serán un insumo importante a nuestros esfuerzos por reducir la pobreza extrema de República Dominicana a la mitad, según lo planteado en el Plan Integral de Superación de la Pobreza Extrema”, expresó Danilo Medina, Presidente de la República Dominicana. La República Dominicana ha disfrutado de una de las mayores tasas de crecimiento de América Latina en los últimos 25 años. En los últimos dos años, la proporción de dominicanos que viven en la pobreza (con cerca de 152 pesos dominicanos al día) también ha disminuido sustancialmente de 36.4 por ciento en 2014 a 32.3 por ciento en 2015. Sin embargo, el gasto social en la República Dominicana sigue siendo bajo en comparación con el resto de la región; En promedio 1,6 por ciento del PIB en salud en comparación con el promedio regional de 4,5 por ciento. Además, las deficiencias en la confiabilidad y calidad de los servicios de agua y electricidad están afectando a los principales impulsores del crecimiento, incluyendo el turismo, la agricultura y la manufactura. "La República Dominicana es una de las economías de más rápido crecimiento en América Latina y el Caribe y está bien situada para aprovechar sus éxitos y avanzar en el crecimiento inclusivo", dijo el vicepresidente del Banco Mundial, Jorge Familiar. "Esperamos que las notas de política presentadas hoy contribuyan a este esfuerzo centrándose en la necesidad de impulsar la competitividad y mejorar los servicios públicos, así como la resistencia al cambio climático en el país". La serie de notas de política "Para construir un mejor futuro juntos" destaca tres prioridades para traer una mayor y sostenida prosperidad a todos los ciudadanos:Mayor inclusión productiva, a través de un mercado laboral con mejor capital humano y mayor participación de mujeres, vínculos entre la inversión extranjera y la economía local, y aumento de la competitividad. A pesar de los recientes avances en la facilidad de hacer negocios, la República Dominicana aún puede mejorar el acceso a la financiación de las pequeñas empresas. El informe propone mejorar los vínculos entre las empresas situadas dentro y fuera de las zonas económicas especiales, y la generación de las competencias necesarias en el mercado de trabajo.Un gasto público que sea suficiente y efectivo en el contexto de un espacio fiscal limitado. Los dominicanos han experimentado progresos sustanciales en la matrícula escolar y cobertura del seguro de salud, pero los estudiantes continúan teniendo un desempeño pobre en comparación con otros países latinoamericanos y las tasas de mortalidad de niños menores de cinco años siguen siendo altas (31 por 1.000 personas a partir de 2015). Para hacer frente a esto, el país necesita esfuerzos continuos para expandir servicios educativos, incentivos profesionales, y servicios sociales más eficientes e integrados que ayuden a garantizar la cobertura de los más vulnerables. Asimismo, hay que garantizar una cobertura de calidad a bajo precio en el suministro de agua y saneamiento, así como la electricidad y las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).Aumento de la resiliencia al cambio climático y los desastres naturales, y mejora en el manejo de recursos naturales para sostener los altos niveles de crecimiento. República Dominicana está muy expuesta a eventos climáticos extremos y al impacto del cambio climático. La inclusión de los riesgos climáticos en las estrategias de gestión de riesgos fiscales, la promoción de la agricultura inteligente para el clima y los servicios de los ecosistemas será clave para ayudar al país a estar mejor preparado para el cambio climático y los desastres naturales. Para conocer el trabajo del Banco Mundial en América Latina y el Caribe visite: www.bancomundial.org/alc Visítenos en Facebook: http://www.facebook.com/bancomundial Manténgase informado via Twitter: @WBCaribbean Nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/bancomundiallac

Más de 90 mil alumnos y docentes de educación inicial y primaria se verán beneficiados por un préstamo por US$40 millones aprobado por el Directorio Ejecutivo del Banco Mundial (BM). Parte de los desembolsos del préstamo dependerán del logro de metas específicas, representando así el primer préstamo que incorpora un enfoque basado en resultados para el sector de educación en el Uruguay.  El proyecto beneficiará en forma directa a 86 mil estudiantes y 4 mil maestros, inspectores y directores de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), y favorecerá en forma indirecta a 350 mil estudiantes y maestros del sistema de educación inicial y primaria mediante la implementación de nuevos y mejorados mecanismos de monitoreo y evaluación. “Uruguay ha hecho importantes esfuerzos para mejorar el acceso y la calidad de la educación de los niños y niñas del país, pero aún persisten importantes desafíos. A través de este nuevo proyecto, el Gobierno de Uruguay ha decidido continuar enfrentando las dificultades en materia de tasas de repetición, los cuellos de botella críticos en el proceso de transición entre primaria y secundaria, el acceso incompleto a la educación temprana, así como la necesidad de evaluación adecuada, afirmó Danilo Astori, Ministro de Economía y Finanzas de Uruguay. El Proyecto Mejora de la calidad de la educación inicial y primaria en Uruguay continuará apoyando la expansión del modelo de Escuelas de Tiempo Completo (ETC), al tiempo que apuntará a mejorar las prácticas de enseñanza y la evaluación en la educación inicial y primaria. Asimismo, financiará proyectos pilotos orientados a fortalecer la transición entre primaria y secundaria. El modelo de Escuelas de Tiempo Completo inició en Uruguay a mediados de la década de 1990, con el apoyo del Banco Mundial. Su valor agregado proviene principalmente de una extensión del número de horas de clase (de 4 a 7,5), que da tiempo para consolidar lo aprendido, las habilidades no cognitivas, y apoyar a los estudiantes en riesgo de fracaso escolar. Además, este modelo pedagógico apoya una nutrición adecuada (especialmente para los más vulnerables) y permite que los padres, y especialmente las madres, trabajen. Aproximadamente la mitad de los estudiantes que asisten a Escuelas de Tiempo Completo pertenece al 40 por ciento de menores ingresos de la población.  “Las habilidades de los escolares uruguayos – lo que aprenden y saben – determinará el futuro del país. Este proyecto adopta un enfoque integrador en la preparación de los estudiantes, especialmente a los más vulnerables, para la secundaria”, aseguró Jesko Hentschel, Director del Banco Mundial para Argentina, Paraguay y Uruguay. “Apoyamos la expansión del modelo de escuelas de tiempo completo de Uruguay, pero el enfoque va mucho más allá, empezando por los más pequeños, capacitando a los maestros y apoyando las transiciones escolares”, agregó. El proyecto se enfocará en: Educación inicial. Contribuirá a que más niños de tres años se incorporen al sistema educativo y reciban educación de calidad. Se prevé la construcción de nuevas aulas y la creación del sistema de formación en servicio para docentes de educación inicial. Contempla también la consolidación del Sistema de evaluación inicial temprana, un mecanismo de retroalimentación para que los maestros comprendan el progreso y las etapas de desarrollo de sus estudiantes y cuenten con información que les permita actuar para que los alumnos alcancen el nivel de desarrollo que corresponde a su edad. Educación primaria. Financiará la expansión de Escuelas de Tiempo Completo, así como mejoras en las edificaciones y fortalecimiento de la capacidad docente, con especial énfasis en atender a aquellos estudiantes que están rezagados. En materia de infraestructura, se prevé la construcción, rehabilitación y ampliación de aproximadamente 20 ETC, además del mantenimiento de construcciones ya existentes. Se capacitará a supervisores, directores de escuelas y maestros de educación primaria en ETC para fortalecer el desarrollo de competencias cognitivas y las habilidades socioemocionales de los estudiantes rezagados. Transición primaria – secundaria: Se brindará apoyo a los estudiantes en riesgo durante su transición a la educación secundaria. Específicamente, se brindará entrenamiento a los docentes de sexto grado de ETC en aquellas habilidades necesarias para el éxito de los estudiantes en la educación secundaria tales como organización y técnicas de estudio y fortalecimiento de conocimientos clave como escritura y lectura. Asimismo, el proyecto introducirá un conjunto de alianzas piloto entre colegios de Primaria y Secundaria, con el objetivo de fortalecer la transición de los estudiantes entre dichos niveles. Monitoreo y evaluación.  El proyecto procurará contribuir a la mejora de la capacidad de monitoreo y evaluación del sistema educativo. Entre las acciones previstas se cuenta la creación de un Sistema de Alerta Temprana que permitirá la detección oportuna de los estudiantes en riesgo y la focalización de los programas específicos de prevención del abandono. El préstamo del Banco Mundial de US$ 40 millones es de margen variable, y el plazo de pago es de 20.5 años, con un período de gracia de 15 años.  — Para conocer el trabajo del Banco Mundial en Uruguay visite: www.bancomundial.org/uy   Visítenos en Facebook: http://www.facebook.com/bancomundial Manténgase informado via Twitter: http://www.twitter.com/BancoMundialLAC Nuestro canal de YouTube: http://www.youtube.com/BancoMundialLAC

WASHINGTON, December 29, 2016 — World Bank Group Vice President for Latin America and the Caribbean Jorge Familiar today released the following statement on the untimely passing of Sir Dwight Venner, former Governor of the Eastern Caribbean Central Bank. “On behalf of the many World Bank staff who recall Sir Dwight Venner with great respect and fondness, I would like to express our deepest sympathy to his family and to the people of the Eastern Caribbean. Sir Dwight was a true champion of regional integration and played a leading role in the establishment of the OECS Economic Union. During his tenure as Governor of the Eastern Caribbean Central Bank (ECCB), our respective institutions have established a strong collaboration. The Caribbean has lost one of its influential economists and thinker. We mourn his loss.”

América Latina no es ajena a los conflictos sociales, si bien hubo gran crecimiento económico, reducción de pobreza y de inequidad en la década pasada. Es por ello que conocer de antemano las necesidades y aspiraciones de los sectores más vulnerables son clave para reducir potenciales crisis y mejorar la calidad de vida de aquellos con menores ingresos. En este sentido, el Perú se ha colocado a la vanguardia y aprobó una ley de alcance nacional que regula el proceso de consulta previa con poblaciones indígenas. Sus primeros resultados se han recopilado en el reporte ¨La Consulta Previa en el Perú: Aprendizajes y desafíos¨. German Freire, especialista en Desarrollo Social del Banco Mundial, explica cómo funciona el proceso de la consulta previa, por qué es importante tanto en el Perú como en la región y qué futuro le espera a las comunidades indígenas y rurales de América Latina: Pregunta: ¿Qué es la consulta previa y cuando se realiza? Repuesta: La consulta previa es un derecho internacionalmente reconocido, enmarcado en el convenio 169 de la OIT y ratificado por 15 países latinoamericanos, incluido el Perú, país donde ha sido convertida en una ley desde 2011. Pero más allá de ser un derecho, es una herramienta de diálogo que permite conciliar los intereses de las poblaciones mayoritarias con los de la población indígena. La consulta previa es un mecanismo de inclusión y un espacio para darle voz y voto a los pueblos indígenas en los programas, proyectos, planes y leyes que potencialmente pueden afectar sus intereses, sus culturas o sus modos de vida. La consulta previa se lleva a cabo cuando hay una potencial afectación de los derechos colectivos de los pueblos indígenas. La ley peruana no incluye en este proceso la prestación de servicios públicos, como agua y saneamiento o electricidad, por ejemplo, a menos que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas. En cambio, cuando por ejemplo se declara en el Amazonas un parque nacional, y este parque se sobrepone al territorio tradicional de una población indígena, ahí existe una afectación del derecho colectivo, pues la regulación podría limitar su acceso a recursos que han utilizado durante siglos y de los que dependen para subsistir. Esto se convierte en materia de consulta previa. Lo mismo sucede al desarrollar un proyecto de hidrovías, una “carretera” fluvial, que atraviesa un territorio indígena. La consulta previa se complementa con otros mecanismos de participación ciudadana, sensibles a las diferencias culturales y las cosmovisiones de los pueblos indígenas. P: ¿Por qué es importante la consulta previa? R: La consulta previa es erróneamente vista por algunos sectores públicos y privados como un requisito que no agrega valor a sus actividades. A su entender es un proceso largo y costoso, por lo que hace más lento el desarrollo de proyectos y, ultimadamente, desincentivan la inversión. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado que en territorios indígenas el desarrollo ¨convencional¨ no siempre tiene los efectos esperados, y los indígenas no se benefician tanto como el resto de la población o son adversamente impactados por proyectos que en teoría debían beneficiarlos. Esto explica en parte la persistencia de brechas, por ejemplo. Regionalmente los indígenas son casi tres veces más propensos a ser pobres. La consulta previa es un espacio de participación que toma en cuenta a los pueblos indígenas en el diseño de proyectos, planes o leyes que podrían afectarlos.Permite a las comunidades transmitir sus propias visiones de lo que es el desarrollo, la pobreza y el bienestar. La inclusión de estas voces tiene muchos beneficios, no solo para ellos. Si bien la consulta no es un mecanismo de resolución de conflictos, el desarrollar un proyecto que es sensible a las visiones y expectativas locales, culturalmente pertinente, donde la población indígena tiene un espacio para expresarse en sus términos, tiene muchas menos probabilidades de generar un conflicto social. Si se analizan las razones para la mayor parte de los conflictos sociales en el Perú, sea que estén relacionados con proyectos mineros o de otro tipo, la población local rara vez se opone a los proyectos en sí, sino que se opone a los términos de su inclusión, o a su exclusión de los beneficios. Lo que la mayor parte de las comunidades involucradas en un conflicto demandan es diálogo. Encarar el dialogo tiene un costo para las empresas y para el Estado, no hay duda, pero hoy sabemos que el costo de no realizar consultas es mucho mayor, principalmente en el mediano plazo, cuando aparecen conflictos o desacuerdos que paralizan obras y planes de desarrollo. P: ¿Por qué el Perú es un referente para América Latina en el tema de la consulta previa? R: Actualmente, en toda América Latina existe una gran legislación pro indígena y en prácticamente todos los países se realizan consultas. Perú, sin embargo, fue el primer país en promover una ley de alcance nacional y en reglamentar el derecho a la consulta previa. Además, ha venido innovando en la definición práctica del derecho a la consulta, así como en las cuestiones operativas de cómo, qué, dónde, cuándo y a quién se debe consultar una medida determinada. Ninguna de esas preguntas tiene una sola respuesta, pero el Perú ha estado dando muestras de estrategias concretas y bien operativas. El país plantea la consulta previa de forma estructurada. Esto se ve reflejado en los protocolos, materiales de apoyo y la literatura generada por el Ministerio de Cultura sobre los procesos de la consulta previa, así como la Base de Datos sobre Pueblos Indígenas del Ministerio de Cultura, que es una de las más completas que yo haya visto en la región. También han creado un registro nacional de traductores y facilitadores en temas de consulta, que es una herramienta clave tanto para el estado peruano como para las empresas privadas, que ya hacen uso de este registro y de los servicios del personal que ha venido formando el Ministerio. Además, acaban de lanzar un sistema de monitoreo de las consultas, clave para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los acuerdos. Estas herramientas no existen en otros países de la región. P: ¿Cuántos procesos se han realizado en el Perú y cuál es un ejemplo de los acuerdos tomados en las consultas previas? R: En el momento en que realizamos el estudio junto con el Ministerio de Cultura eran 24, pero ahora son varios más. Aunque no parece un número grande, ha tomado mucho esfuerzo llegar ahí, debido principalmente a la especulación que siguió a la aprobación de la ley y su reglamento. Las voces que se oponían a la implementación de la ley argumentaban que al consultar a los pueblos indígenas se iban a generar más conflictos sociales, aletargar los proyectos consultados y paralizar la inversión. La principal lección que dejan estos primeros procesos de consulta es que todos esos temores eran infundados. Los 24 procesos realizados hasta principios del 2016 llegaron, en su totalidad, a acuerdos, y se dieron en plazos razonables. Por ejemplo, algunos pueblos indígenas pidieron participar en el diseño de los términos de referencia de los estudios de impacto ambiental, pues argumentaban que, si ellos no eran involucrados desde ese momento, las preguntas que eran importantes para ellos no iban a ser incluidas en los estudios, por lo que luego no tienen información ni datos clave para estructurar sus argumentos. El problema es que si se hace una interpretación demasiado inflexible de la legislación, luego no tendrían participación en la discusión de los resultados. El argumento que nosotros hacemos es que la consulta previa tiene que ser vista como parte de un diálogo mas amplio y sostenido con los pueblos indígenas, no como un momento en el tiempo o como un requisito administrativo más. Hay que recordar que en el Perú los acuerdos de la consulta previa son de cumplimiento obligatorio. Este no es un dato menor, porque otras instancias de diálogo o de resolución de conflicto, como las mesas de diálogo, no tienen este carácter. De ahí que la mayor parte de los conflictos sociales del Perú tienen otro conflicto como antecedente, pues muchas veces se olvidan los acuerdos luego de resuelta la crisis. P: ¿Cómo beneficia la consulta previa el futuro de los indígenas? R: La razón por la cual la consulta previa existe es porque los mecanismos de participación ciudadana convencionales le suelen fallar al sector indígena de la población. Personalmente, considero que Latinoamérica deber aspirar a integrar los mecanismos de diálogo intercultural que están en la consulta previa en las actividades de los estados, y con esto crear estados verdaderamente inclusivos y respetuosos de la identidad y la dignidad de los pueblos indígenas. El Ministerio de Cultura del Perú ha propuesto que la consulta previa no debe sustituir otros mecanismos de participación ciudadana que ya existen, sino complementarlos. El reto es integrar los resultados de estos procesos de consulta en los planes de autodesarrollo de los pueblos consultados, para que estos procesos no se conviertan en trámites puntuales para lograr aprobar una ley o un proyecto, sino que sean una ventana real para la inclusión social. El desarrollo de todas las regiones del país debe continuar en ese camino de diálogo intercultural para que los pueblos indígenas puedan participar y puedan ser escuchados siempre.

Although Latin America has experienced strong economic growth and a reduction in poverty and inequality over the past decade, it is no stranger to social conflicts. Consequently, it is necessary to become familiar with the needs and aspirations of the most vulnerable sectors in advance to reduce potential crises and improve the quality of life of lower-income populations. To this end, Peru has taken the initiative of adopting a national law that regulates the process of prior consultation with indigenous populations. The first results of this law have been compiled in the report ¨Prior Consultation in Peru: Lessons and Challenges" (Spanish).  German Freire, a social development expert at the World Bank, explains how the prior consultation process works, why it is important for Peru and the region and what future indigenous and rural communities of Latin America can expect: Question: What is prior consultation and when does it take place?  Answer: Prior consultation is an internationally recognized right established in ILO Convention 169 and ratified by 15 Latin American countries, including Peru, where it has been a law since 2011. But more than a law, it is a dialogue tool that helps conciliate the interests of majority populations with those of the indigenous population. Prior consultation is an inclusion mechanism and a channel for giving a voice and vote to indigenous peoples with respect to the programs, projects, plans and laws that potentially affect their interests, cultures or lifestyles. Prior consultation is implemented when the collective rights of indigenous peoples are potentially affected. In Peruvian law, this process does not include the delivery of public services, such as water and sanitation or electricity, for example, unless they affect their collective rights. But, for example, when a law is proposed to establish a national park in Amazonas Region and that park overlaps traditional indigenous lands, collective rights are affected since the regulation could limit that population’s access to resources it has used for centuries and that it depends on for survival. This becomes a topic for prior consultation. This also occurs when a proposed waterway, or river “highway” project would cross through indigenous lands. Other mechanisms of citizen participation that are sensitive to the cultural differences and world views of indigenous peoples complement prior consultation processes. Q: Why is prior consultation important? A: Some public and private sectors mistakenly view prior consultation as a requirement that does not add value to their activities. They perceive it as a long, costly process that slows project development and ultimately discourages investment. However, experience has shown that on indigenous lands, “conventional development” does not always have the desired impact, and indigenous peoples may not benefit as much as the rest of the population or are adversely affected by projects that in theory should benefit them. This partly explains the persistence of gaps, for example. Indigenous peoples in the region are three times more likely to be poor than the rest of the population. Although consultation is not a mechanism for resolving conflicts, developing a project that is culturally pertinent and sensitive to local visions and expectations, where indigenous peoples have an opportunity to speak for themselves, is much less likely to create social conflict. If the reasons behind most social conflicts in Peru are analyzed, it becomes clear that regardless of whether they are related to mining projects or other activities, the local population rarely opposes the projects themselves, but rather the terms of their inclusion, or their exclusion from the benefits. Dialogue is what most communities involved in a conflict demand. Engaging in dialogue undoubtedly comes at a cost for companies and the government, but today we know that the cost of not implementing prior consultation is much greater, especially in the medium term, when conflicts or disagreements arise that delay works and development plans. Q: How did Peru become a reference for prior consultation in Latin America? A: Currently, there is considerable pro-indigenous legislation throughout Latin America and consultations are carried out in practically all the countries. However, Peru was the first country to promote a national law and to regulate the right to prior consultation. It has also been innovating the practical definition of the right to consultation, as well as the operational questions of how, what, where, when and who should be consulted about a specific measure. None of those questions has a single answer, but Peru has developed some concrete, functional strategies. The country proposes a structured form of prior consultation. This is reflected in the protocols, support materials and literature produced by the Ministry of Culture on prior consultation processes. These materials include the Ministry’s Database on Indigenous Peoples , one of the most complete I’ve seen in the region. They’ve also created a national registry of translators and facilitators on consultation issues, a key tool for both for the Peruvian government and private firms, since they use this registry and the services of the personnel that the Ministry is training. Additionally, they have just launched a consultation monitoring system, which is crucial for guaranteeing transparency and compliance with agreements.  These tools do not exist in other countries of the region. Q: How many prior consultations have taken place in Peru and what is an example of the agreements made during these processes? A: There were 24 when we carried out the study with the Ministry of Culture, but there are now several more. Although that doesn’t seem like a lot, it took considerable effort to get there, mainly because of the speculation following the passage of the law and its regulations. Critics of the law argued that consulting indigenous people would lead to more social conflicts, delay the projects consulted and halt investment. The main lesson of these initial consultation processes is that those fears were unfounded. The 24 processes completed until early 2016 all resulted in agreements that were achieved within a reasonable period. For example, some indigenous peoples asked to participate in the design of the terms of reference of the environmental impact studies since they felt that if they were not involved beginning in that phase, the questions that were important to them would not be included in the studies and they would not have the key information or data to structure their arguments. The problem is that an inflexible interpretation of the law would impede them from participating in the discussion of the results. We believe that prior consultation should be viewed as part of a broader, ongoing dialogue with indigenous peoples, not just as a moment in time or another administrative requirement. In Peru, prior consultation agreements are legally binding. This is no minor detail because other dialogue or conflict resolution mechanisms, such as dialogue roundtables, are not binding. Consequently, most of the social conflicts in Peru stem from a previous conflict since agreements are frequently forgotten once the crisis is resolved. Q: How does prior consultation benefit the future of indigenous peoples? A: The reason prior consultation exists is because conventional citizen participation mechanisms tend to fail the indigenous sector of the population. Personally, I think that Latin America should strive to integrate the intercultural dialogue mechanisms that are part of the prior consultation process into government activities to create truly inclusive states that respect the identity and dignity of indigenous peoples. Peru’s Ministry of Culture has stated that prior consultation should complement rather than replace other mechanisms of citizen participation. The challenge is to integrate the results of these consultation processes into the self-development plans of the peoples consulted so that those processes will not become one-time procedures to adopt a law or project. Instead, they should become a real window for social inclusion. The development of all regions of the country should continue down this path of intercultural dialogue so that indigenous peoples can participate and can always be heard.

Para la mayoría de las mujeres, trabajar y cuidar niños son tareas difíciles de compatibilizar. Sin embargo, lo hacen funcionar. Malabares logísticos; abuelos, tíos, amigos y vecinos que dan una mano, así como dinero invertido en personal de cuidado son parte del combo de una madre trabajadora. Y si algo falla, muchas se plantean la posibilidad -o la necesidad- de renunciar o reducir horas de trabajo. Actualmente, en América Latina y el Caribe hay casi 46 millones de mujeres de 25 años de edad o más con algún nivel de estudios terminado pero que están fuera del mercado laboral. Si bien la brecha de participación en el mercado laboral está presente durante todo el ciclo de vida y es superior a los 30 puntos porcentuales, se amplía durante los años fértiles (entre 24 y 45 años). Este grupo, que concentra la proporción más grande del capital humano disponible y no aprovechado en el trabajo remunerado, también es el que tiene la mayor parte de madres con niños pequeños. Esta brecha no tiene que ver con una cuestión educativa. A pesar de las similitudes en las cifras de niños y niñas que logran completar su educación – especialmente en la escuela primaria -, se estima que hay un 7% más de mujeres en escuelas secundarias y un 30% en niveles terciarios, de acuerdo al Banco Mundial. Sin embargo, los altos niveles de acceso a la educación de las mujeres no se traducen en el ámbito laboral. Las mujeres tienen los empleos más vulnerables: a tiempo parcial o por cuenta propia, que usualmente responden a la necesidad de flexibilidad, ya que la mayoría tiene una demanda desproporcionada del cuidado de niños y ancianos. De acuerdo al sitio de investigación periodística Chequeado, el ingreso masivo de las mujeres en el mercado laboral no fue acompañado con una división más equitativa de las tareas dentro de los hogares (lo que se conoce como la “revolución estancada”). Esta situación actualmente recae en los hombros de las mujeres, quienes en países como Argentina, dedican casi el doble de tiempo que los hombres a las tareas no remuneradas de cuidado. Justamente, la investigación “Educación que rinde. Mujeres, trabajo y cuidado infantil en América Latina y el Caribe” realizada por el Banco Interamericano de Desarrollo y publicada en la serie del Banco Mundial, “Latin American Development Forum Series”, establece una luz al final del túnel: más y mejores servicios de guardería brindan una opción fundamental de política pública para incrementar la oferta de mano de obra femenina. Aproximadamente un 8% de niños entre 0 y 3 años tiene acceso y usa servicios formales de cuidado; al mismo tiempo se estima que en la región un 5% de los hogares reportan que los niños se quedan solos en casa, al cuidado de otro menor, o se los llevan las mamás al trabajo. Esa es la realidad en la que tienen que concebirse estos programas y que nos ha motivado a estudiar cómo se puede llegar al mayor número asegurando los estándares de calidad necesarios,explican las autoras Mercedes Mateo Diaz, especialista en Educación del Banco Interamericano de Desarrollo, y Lourdes Rodríguez Chamussy, economista de la práctica de pobreza y equidad del Banco Mundial. Guarderías como política pública El estudio recolecta numerosas experiencias en países como Suecia, Canadá, Dinamarca y Estados Unidos que prueban que las guarderías subsidiadas por el estado ayudan a incrementar la participación femenina en el trabajo y al mismo tiempo, esa inversión vuelve con creces debido al aumento de la productividad, como consecuencia de la incorporación a tiempo completo de la mujer al entorno laboral. Las experiencias que existen en América Latina muestran efectos positivos de la participación laboral de la mujer en la economía. Las mujeres tienen entre 2 y 22% más oportunidades de estar empleadas si cuentan con guarderías subsidiadas por el estado, además de que pueden acceder a mejores empleos. La evidencia que se sintetiza en este estudio revela que en Argentina, por ejemplo, si un niño pequeño va a preescolar, su madre trabaja casi ocho horas más por semana. En México, el efecto de las guarderías subsidiadas incrementó en seis horas por semana la dedicación de las mamás en el trabajo. En Chile, un estudio encontró que guarderías con ubicaciones cercanas al trabajo y horarios compatibles con la jornada laboral aumentan la participación de las mujeres. Sin embargo, el estudio de Díaz y Rodríguez hace algunas salvedades. “La hipótesis central es que el éxito de las políticas de cuidado infantil depende de sus niveles de uso, y esto a su vez depende de cómo se integren en los programas ofertados los aspectos de calidad y conveniencia” explica una de las autoras. “Por muy bueno que sea un programa educativo no podrá contribuir a cerrar las brechas existentes si los niños no están inscriptos o no asisten a los centros porque están muy lejos, cuestan muy caros, o los horarios no son compatibles con la jornada laboral de la madre”concluye. Inversión que rinde Pero este no solo es un tema de igualdad de género, también es una cuestión económica. Las guarderías aumentan la participación laboral femenina. Y la entrada de la mujer al trabajo puede aumentar en un 7%, en promedio, el PIB de la región. Por otro lado, el estudio establece que el aumento de la participación y los ingresos económicos de las mujeres puede reducir la pobreza actual y futura elevando los niveles de consumo y de ahorro. Las autoras sostienen que los países de la región están frente a una oportunidad única de aprovechar su estructura demográfica y cosechar las inversiones en educación de las últimas décadas para capitalizar el potencial de su fuerza laboral.