“Si lo hacemos bien, este Pacto puede ser un motor democratizador brutal”. Lo dice Lucy Garrido, histórica dirigente de Cotidiano Mujer y de la Articulación Feminista Marcosur, con la seguridad de quien ha peleado la batalla durante años. Se refiere al Pacto Birregional por los Cuidados firmado por la Unión Europea y América Latina y el Caribe el pasado noviembre en la cumbre UE-CELAC de Santa Marta (Colombia). Un hito histórico en la economía de los cuidados.
La ilusionante declaración de Garrido también muestra un baño exterior de cautela. Ella y las ochenta organizaciones de la sociedad civil que están detrás del Pacto saben que puede suponer un punto y aparte en la lucha de las mujeres por el reconocimiento de los cuidados como un derecho, pero también son conscientes de las dificultades que entraña pasar del discurso a la acción. “Hemos avanzado dos puestos en el casillero, no los diez que queríamos, pero sí dos o tres y eso ya es un avance importante”, afirma Garrido con un deje de ironía.
Bajo el texto oficial late una década de esfuerzo de múltiples actores, hastiados de las profundas desigualdades sociales y de género que lastran el modelo social del cuidado. Entre todos han logrado una gran victoria: situar el cuidado como un derecho humano exigible y no como un asunto doméstico, privado o voluntarista. “Antes no había ni una línea sobre los cuidados como derecho en ningún papel gubernamental. Ahora logramos un acuerdo firmado por casi todos los países de Latinoamérica y por toda la Unión Europea. Es un avance importante”, señala la dirigente feminista.
Aunque el contexto hostil de crisis acumuladas, corrupción creciente, multilateralismo cuestionado y el avance de discursos conservadores puede llegar a asustar, la base está puesta. El Pacto representa un giro deliberado hacia la esperanza en el que ambas regiones comparten objetivos comunes: construir sistemas integrales de cuidados, cooperar en investigación y evaluación, distribuir equitativamente las responsabilidades y reconocer el trabajo de cuidado no remunerado.
Si se profesionalizaran los cuidados, se generarían entre 8 y 12 millones de empleos formales, la mayoría para mujeres
Los números no mienten, aunque duelen. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 76 % de los cuidados no remunerados a nivel mundial recae sobre los ya cargados hombros de las mujeres. La asignación tradicional de roles en las sociedades patriarcales en las que aún vivimos tiene buena culpa de ello.
Esa tradición ancestral, sumada a otros factores de índole económico, político y social, hace que las mujeres de América Latina y el Caribe dediquen, según la CEPAL, entre el 22 % y el 42 % de su tiempo a este tipo de trabajos, ni pagados ni reconocidos, lo que en promedio supone 75 horas semanales frente a las 25 que ocupan ellos.
Traducido a términos económicos, el valor de ese trabajo invisible representa entre el 20 % y el 27 % del PIB regional, según estimaciones de la CEPAL. En países como México o El Salvador supera el 25 %. La buena noticia es que, si se profesionalizara y remunerara, generaría entre 8 y 12 millones de empleos formales, la mayoría para mujeres, y reduciría la pobreza femenina entre un 10 % y un 20 %.
Un problema que empieza en la infancia
La desigualdad, sin embargo, empieza mucho antes, en la infancia. En Argentina, siete de cada diez adolescentes de 15 a 17 años realizan tareas de cuidado, y el 45 % son mujeres. “Eso debería ser una alarma tremenda”, clama Laura Pautassi, doctora en Derecho y principal impulsora de la Consulta 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIHD). “Niños y adolescentes —sobre todo ellas— cuidan a hermanos menores y a abuelos enfermos porque no hay infraestructura pública suficiente. Estamos robando su infancia”.
“Reconocer ese aporte y redistribuir responsabilidades no es un gasto, es una inversión en autonomía, bienestar y cohesión social. Sin cuidados no hay tiempo, ni salud, ni oportunidades: nada de lo que entendemos como vida social y económica sería posible”, señala Florencia Di Filippo, especialista de la División de Género de la Secretaría General Iberoamericana. No en vano, el pacto se asienta sobre valores compartidos entre ambas regiones: dignidad, justicia social e igualdad de género, y nace con vocación inclusiva.
Garrido introduce un matiz en este sentido: “Si vemos los cuidados solo como un servicio los estamos mercantilizando y entonces dejan de ser un derecho. Hay que tener prestar atención a eso. Tenemos que entender los cuidados como un bien público. Si lo reconocemos así, el paradigma cambia”.
Aunque la brecha es menor en Europa, sigue existiendo: las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres a tareas de cuidado, según Eurostat. Y el envejecimiento acelerado —uno de cada cuatro europeos tendrá más de 65 años en 2050— hace que la presión sobre los sistemas públicos sea cada vez mayor.
La Opinión consultiva 31/2054 de la CIDH reconoce por primera vez el derecho al cuidado como derecho humano autónomo
Un reconocimiento histórico
El pacto llega apenas un año después de un acontecimiento histórico: la Opinión Consultiva 31/2025 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), solicitada por Argentina y Uruguay. Además de ser uno de los procesos con mayor participación de la historia del tribunal: más de setenta amicus curiae entre gobiernos, academia y sociedad civil, lo verdaderamente relevante es que por primera vez se reconoció el derecho al cuidado como derecho humano autónomo con tres dimensiones: el derecho a cuidar en condiciones dignas, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado.
Desde la óptica jurídica, Pautassi sostiene que el Pacto debe incorporar los estándares de la Opinión Consultiva: universalidad, interseccionalidad, autonomía de la voluntad y no discriminación. No dice a los Estados cómo hacerlo –pueden ser sistemas nacionales de cuidados como los de Uruguay o Costa Rica, reformas institucionales como en Colombia o políticas específicas–, pero lo que sí deja claro es que se tienen que cumplir porque se trata de un derecho económico, social y cultural de satisfacción inmediata.
“Hay que sacar al cuidado de la lógica capacitista y de la caridad. Este es un derecho realmente transformador que sitúa a la persona en el centro, independientemente de su capacidad, edad, vulnerabilidad o condición migratoria. Hacerlo así –añade– es una forma de asegurar que niñas, niños, personas mayores, personas con discapacidad y migrantes no sean considerados como “grupos especiales”, sino como parte estructural del sistema de cuidados”.
En la misma línea se expresa Garrido: “Aunque las mujeres somos la razón principal por la que empezó todo esto, este derecho no solo tiene que ver con mujeres. Los cuidados comienzan por cuidar la paz, la ciudadanía, el planeta, la democracia. ¿Qué derechos vamos a ejercer si no hay democracia? También hay muchos niños y muchas personas migrantes sin trabajo que no hay que dejar atrás. Por eso estoy convencida de que el Pacto Birregional es bueno para todos”.
El Pacto ante tres retos estructurales: cultura, dinero y control
A pesar de la satisfacción, las organizaciones que impulsaron este proceso miran al futuro con cautela: “Hemos avanzado dos o tres puntos en el casillero, no los diez que queremos”, reitera Garrido. “Ahora toca seguir trabajando para que el Pacto no quede en una mera declaración y se transforme en acciones concretas”.
Tres frenos estructurales lo amenazan: el cultural –la tradición que sigue marcando el patriarcado–, el económico –compromisos financieros poco claros– y la falta de control real –monitoreo y rendición de cuentas. Para Pautassi, los tres van concatenados.
“Para mí el desafío cultural es quizá el más urgente. Estamos en un momento en el que se está produciendo el avance de gobiernos ultraconservadores que no solo amenazan, sino que en algunos casos ya están restringiendo derechos adquiridos por las mujeres. En algunos casos, retorna el discurso de devolver los cuidados a la familia y sacar al estado de ahí, cuando lo que hemos avanzado es, precisamente, en la responsabilidad de los estados”, explica Pautassi.
En América Latina, quince países cuentan hoy con sistemas o políticas de cuidados en distintos niveles de desarrollo, y muchos gobiernos locales han logrado avances concretos en licencias, provisión de servicios e infraestructura. Sin embargo –como argumenta la jurista argentina– ese progreso convive con una contraofensiva que busca recentrar los cuidados en la familia, erosionando no solo la corresponsabilidad estatal sino también el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.
El mecanismo de control es otra de las asignaturas pendientes. “Necesitamos un mecanismo formal donde distintos actores relevantes puedan debatir propuestas, rendir cuentas y vigilar el cumplimiento. No somos bobos. Sabemos que es imprescindible que exista ese mecanismo de control para que el pacto se concrete en acciones concretas y no quede en papel mojado”, sostiene Garrido. Para ella, es necesario que organizaciones y redes participen en el diálogo birregional.
Y luego está el dinero. Más allá del metal, Pautassi defiende que los cuidados, lejos de ser un gasto, son una inversión en términos de equidad, justicia social y productividad, tienen mucho que ver con el progreso y la democracia. Sin embargo, tanto las organizaciones civiles como los colectivos feministas son conscientes de que la mejor de las políticas es inservible si no cuenta con la financiación adecuada.
Por ahora, nadie sabe o nadie dice aún de dónde va a salir el dinero “porque los derechos cuestan dinero, no son gratis, deberían serlo, pero no lo son. Implementarlos y garantizarlos cuesta dinero. Como organización de la sociedad civil, creemos que son los Estados los que tienen que garantizar los derechos y financiar los costos”, advierte Garrido.
Sin embargo, sabedora tanto de las dificultades como de la oportunidad que supone el pacto, matiza: “Eso no significa que estemos en contra de que las empresas privadas participen también, siempre que lo hagan con responsabilidad. El Pacto puede ser un buen negocio para todos, y lo digo en sentido positivo, imagínate, el 22 % del PIB de cada país, pero ¡ojo! no puede transformarse en ‘el negocio’ porque es una cuestión de igualdad sustantiva, de derechos de la ciudadanía. Justamente por eso, cuando los Estados no están financiando, tienen que estar fiscalizando, lo mismo que la sociedad civil. Por eso es tan importante conseguir un mecanismo de control”.
ODS 10: el indicador clave para 2030
Preguntadas por el indicador que en 2030 permitirá saber si el pacto ha tenido impacto real tanto en Latinoamérica como en Europa, las respuestas convergen en la reducción de desigualdades de género y generacionales.
“Un indicador clave sería cuánto avanzamos en la participación de los varones en las tareas de cuidado no remunerado», propone Pautassi. “Si no movemos esa aguja, seguiremos teniendo mujeres sobrecargadas y democracias a medio hacer. El cuidado está íntimamente ligado al ODS 10, que busca reducir la desigualdad en y entre los países, promoviendo la inclusión social, económica y política de todas las personas, sin importar su origen, género, edad, discapacidad, raza, religión o situación económica, más incluso que al ODS 5, igualdad de género”.
El camino recorrido y el momento actual hacen pensar que el Pacto Birregional por los Cuidados no es una utopía amable ni una idea de unos cuantos grupos feministas y sociales: es un proyecto estratégico, ambicioso y profundamente transformador, que, según sus protagonistas, ha de concretarse con la participación real de la sociedad civil, una financiación justa y con mecanismos vinculantes de rendición de cuentas. Solo así, señala Garrido, se puede redefinir el contrato social entre individuos, Estados y comunidades.
Queda por ver si el Pacto logrará transformar esas 75 horas semanales que las mujeres dedican a cuidar sin cobrar en empleos dignos, en derechos exigibles, en democracia real. Por ahora, es una apuesta. Una apuesta que, cuenta con el respaldo de gran parte de los países dos continentes y la presión de cientos de organizaciones decididas a no dejarlo morir en el papel. Quizá el pensamiento de Lucy Garrido pueda servir de guía: “Si nos animamos y lo hacemos bien, este pacto puede ser un motor democratizador brutal”.
