El ciclo de webinars “Prevenir la Violencia Digital contra las Mujeres en Iberoamérica”, organizado por la SEGIB, el PNUD y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM) analizó el efecto de los discursos de odio, las alternativas legislativas y la reparación para las víctimas.
Una chica queda en una cita, la filman desde un celular sin permiso, el video circula por el colegio. Una señora sextea con un amante y se mandan fotos consentidas, pero él las expone en el trabajo. Un matrimonio se separa y la esposa exige división de bienes, pero él le dice que va a publicar en un sitio porno los videos de la cámara de seguridad donde se la ve desnuda. Un chico queda en un hotel con otro, le dice que vende contenido erótico y que tiene que filmar para que valga la pena o le devuelva el dinero de la habitación y la cena. Una chica trans se saca una foto en la playa y la crueldad de los comentarios le cambian el sol del verano por una nube de pensamientos que la inhiben de seguir mostrando su vida igual que sus compañeras de facultad. Una periodista le tiene que decir a sus hijos que no puede saludarlos más por su cumpleaños porque está amenazada y no quiere ponerlos en riesgo, pero ellos sienten que ya su mamá no está orgullosa y que no les demuestra su cariño frente a sus amigos y que su trabajo les robó ese posteo de aniversario que disfrutaban tanto.
La violencia digital toma múltiples formas pero convierte la información en lapidación; el sexo en pesadilla; la violencia machista en normalidad y la exposición en una inquisición.
En este contexto, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (IIPEVCM), realizaron el ciclo de webinars “Prevenir la Violencia Digital contra las Mujeres en Iberoamérica”, a fines del 2024.
“Esta violencia trasciende las pantallas y afecta la vida de las mujeres de manera integral. Necesitamos respuestas coordinadas que incluyan prevención, sanción y reparación”, enfatizó Florencia Difilippo, Especialista en Género de la SEGIB. En los tres encuentros virtuales -con 350 asistentes- se abordó la complejidad de los discursos de odio, las estrategias de protección y reparación y la preservación de evidencia digital.
A continuación, una breve reseña de los tres webinars.
La abogada colombiana Catalina Botero alertó sobre el riesgo para la democracia por la erosión que produce en las mujeres tener protagonismo político, periodístico o cultural. La jurista consideró que es importante aplicar el Código Penal en los casos más graves de difusión de imágenes privadas, incitación directa a la violencia y en sucesos que afecten a menores. La violencia digital afecta directamente a periodistas, defensoras de derechos humanos y políticas. Las mujeres en la primera línea, las que tienen muchos seguidores, las que causan impacto, las que tienen incidencia social, están expuestas a agresiones que no son inocuas: generan un retroceso tangible en la participación de mujeres en espacios públicos. La era del empoderamiento se desaceleró y hay “mujeres que se corren de los lobos” porque es preferible la paz y el perfil bajo al hostigamiento constante. No es el síndrome de la impostora, pero sí es el síndrome de la inhibida. No son las que creen que no saben, sino las que se ven forzadas a silenciarse para no quebrarse.
Por su parte, Alejandra Negrete, experta mexicana en derechos humanos, subrayó que las agresiones no son casuales ni espontáneas, sino orquestadas por grupos que buscan silenciar voces femeninas en la política, el periodismo y la defensa de los derechos humanos. No se trata de movimientos espontáneos (orgánicos en términos digitales) sino grupos organizados que buscan callar a las mujeres y que tienen en sus usuarios a funcionarios públicos, autoridades políticas y el crimen organizado. Por otra parte, Negrete expresó que se pueden buscar reparaciones desde el derecho civil, pero, por sobre todo, instó a promover un cambio cultural. Es una batalla que se da en todos lados, pero frente a la que no todos tienen la misma capacidad de atacar y defenderse. Desde Panamá, Leopoldo Alfaro, director del Centro de Estudios y Monitoreo Digital (CEMD), reflexionó sobre los desafíos que enfrentan los Estados más pequeños frente a gigantes tecnológicos que se escudan en la libertad de expresión para evitar sanciones. También advirtió que, en nombre de la libertad de expresión, no se puede permitir la agresión sistemática.
Estrategias de protección y reparación (impartido el 10 de diciembre)
La activista mexicana Marcela Hernández Oropa relató el impacto del movimiento que generó la Ley Olimpia en México y replicó la norma en Argentina en un dominó latinoamericano que sabe aprender de las experiencias y hermanar la lucha, sin dejar de adaptarse a los contextos para buscar soluciones. «Cada reforma es un paso hacia la desnaturalización de la violencia,» alentó.
Desde el ámbito jurídico, Pilar Badillo Virués alertó sobre el impacto de la inteligencia artificial y los riesgos de perpetuar formas de violencia contra las mujeres. La comunicadora Paz Peña subrayó: «El diseño de las políticas de ciberseguridad debe comenzar con la inclusión de las voces de las mujeres”. Mientras que Liz Velarde, activista feminista de CiberWarmis, reparó sobre la necesidad de promover la igualdad digital: «para cerrar estas brechas a través de la sororidad y la formación comunitaria”, afianzó.
Otro desafío complejo es cómo llegar a los varones jóvenes en un escenario de crecimiento extremo de la polarización con la machosfera de combustible para fomentarles odio y con mucha dificultad para crear productos que tengan tanto impacto como las recetas de proteínas, las apuestas deportivas y los consejos de finanzas para tiburones aunque no tengan aletas.
Apenas en Ecuador, España, México, Perú, República Dominicana y Argentina hay iniciativas legislativas. Pero, aún así, las herramientas actuales no alcanzan para enfrentar a un fenómeno que, en nombre de la libertad de expresión, está silenciando a las mujeres, fomentando el racismo, tolerando la discriminación y generando la exhibición sin consentimiento de las jóvenes o la inhibición para no ser grabada o compartida.
“Evidencia digital, cibercrimen y ciberseguridad” (impartido el 17 de diciembre)
La fiscal argentina, especializada en delitos informáticos, Daniela Dupuy, explicó cómo la falta de cooperación entre países y plataformas dificulta la resolución de casos: “El tiempo es crucial para preservar la evidencia”. Ella destacó la importancia de avanzar con una guía regional para la preservación de la evidencia digital contra las mujeres; afianzar la cooperación internacional entre países para la investigación de delitos trasnacionales y avanzar en campañas y estrategias de prevención en el marco del sistema educativo.
La comunicadora peruana Marieliv Flores detalló cómo las víctimas suelen recurrir a métodos caseros para documentar agresiones digitales en acciones que incrementan su revictimización y alertó que los marcos legales no aseguran que las víctimas obtengan un proceso reparador ni justo. La abogada Adilia de las Mercedes profundizó en los riesgos de tecnologías como los algoritmos sesgados que perpetúan las desigualdades de género y el racismo. Y alertó: “Es clave un abordaje integral, no sólo penal”. Además apuntó que la discriminación algorítmica reproduce sesgos de género y raciales en contra de las mujeres racializadas que pueden ampliar las brechas sociales.
