Desde hace más de medio siglo, el Derecho a la Ciudad propone ciudades y asentamientos humanos libres de discriminación por motivos de género, estado de salud, ingresos, nacionalidad, origen étnico, condición migratoria u orientación política, religiosa o sexual en los que todos los habitantes, permanentes y temporales, sean considerados ciudadanos y sean tratados con igualdad. Se trata de habitar la ciudad en toda su amplitud.
Hablamos de un derecho colectivo que aboga por la democratización del espacio urbano, la justicia social, la inclusión y la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan la vida urbana y que tiene en el espacio público una de sus manifestaciones más concretas.
Según el Programa de Espacio Público de ONU-Habitat que dirige el arquitecto peruano José Chong, plazas, parques y calles son lugares de encuentro, interacción y actividad comunitaria, fundamentales para garantizar la inclusión. Bajo ese espacio, la ciudadanía ejerce su derecho a la libre expresión, la organización colectiva y la participación política y cultural de la ciudad,
La calidad, accesibilidad y equidad de los espacios públicos son indicadores directos del cumplimiento del Derecho a la Ciudad y las intervenciones urbanas pueden convertirse en una herramienta eficaz para mejorar la cohesión social y abordar la desigualdad en las ciudades, como se debatió en el VI encuentro de Placemaking Latinoamérica en Bogotá y el IX Festival Internacional de Intervenciones Urbanas en Medellín que organiza el movimiento Espacios Vivos.
Activistas del espacio público
Múltiples arquitectos, urbanistas, sociólogos y activistas han contribuido a la reflexión y transformación de los espacios públicos en Iberoamérica demostrando que, a pesar de las dificultades, los entornos comunitarios son vitales para la interacción social, la cultura y la organización política.
Desde la sociología, el argentino Javier Auyero estudia la dinámica social en asentamientos marginales en Argentina, enfocándose en cómo los espacios públicos se utilizan para la organización política y social en contextos de pobreza.
En su obra clave El Mito de la marginalidad: favelas y política en Río de Janeiro (1979), Janice Perlman expuso cómo las favelas de Brasil y cómo las comunidades marginadas utilizan el espacio público para crear redes sociales y resistir la exclusión.
En el campo de la sociología urbana, la brasileña-estadounidense Teresa Caldeira abordó en Ciudad de muros: crimen, segregación y ciudadanía en São Paulo cómo la segregación urbana y las dinámicas de violencia afectan el uso del espacio público en la ciudad brasileña y cómo los residentes interactúan con estos espacios a pesar de las barreras sociales.
Desde la arquitectura, el argentino afincado en Brasil Jorge Mario Jáuregui Jáuregui ha trabajado en la integración de espacios públicos en las favelas de Brasil, diseñando proyectos que mejoran la calidad de vida en áreas marginales a través de la creación de plazas, parques y áreas recreativas.
El arquitecto chileno Alejandro Aravena, ganador del Premio Pritzker en 2016, es conocido por su enfoque innovador en el diseño arquitectónico y urbanístico, centrado en la sostenibilidad, la participación comunitaria y la inclusión social. A través de su estudio Elemental, ha desarrollado varios proyectos de espacio público que buscan mejorar la calidad de vida en áreas urbanas, especialmente en contextos de pobreza y marginalidad. El Parque Bicentenario de la Infancia en Santiago, el Plan Urbano de Calama y el conjunto habitacional Quinta Monroy en Iquique, todas en Chile, son ejemplos de ello.
Raquel Rolnik, arquitecta y urbanista brasileña, exrelatora de la ONU sobre vivienda adecuada en Guerra urbana: la vivienda bajo el imperio de las finanzas examina el derecho a la ciudad y cómo los espacios públicos son esenciales para la vida urbana en América Latina, especialmente en contextos de crisis de vivienda.
Peatones y personas con movilidad reducida
Otro desafío urgente de las ciudades que afecta a la gestión del espacio público es garantizar el derecho a la movilidad de todos sus habitantes: desde la mejora del transporte público y la infraestructura vehicular a la promoción de modos activos como caminar, que constituye la base de una movilidad urbana sostenible, segura e inclusiva.
En México, diversas organizaciones de la sociedad civil han propuesto un documento para que las autoridades locales tomen medidas concretas en favor de los peatones: la Carta de los Derechos Peatonales. En ella, los integrantes del movimiento Liga Peatonal han identificado 10 aspectos básicos que se deben cumplir en nuestras ciudades.
España cuenta con una legislación sólida en materia de accesibilidad para personas con discapacidad y movilidad reducida y Portugal ha desarrollado estrategias nacionales como el que establecen normas para garantizar la accesibilidad universal en espacios públicos y privados.
Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, México y Perú también han promulgado leyes que fomentan la accesibilidad y la inclusión, aunque la implementación y el cumplimiento de estas normativas varía en función de los recursos y la voluntad política de cada región.
La arquitecta, activista y académica Ana Falú ha centrado su carrera en el feminismo urbano abordando la relación entre género y espacio público, trabajando para hacer los espacios urbanos más inclusivos y seguros para las mujeres. Falú fue pionera de la arquitectura con visión de género y una de las referencias mundiales del tema.
Alfredo Brillembourg y Hubert Klumpner, Fundadores de Urban-Think Tank (U-TT) se centran en el desarrollo de soluciones urbanas para comunidades marginales en Latinoamérica, especialmente en Caracas, Venezuela, donde han propuesto infraestructura urbana que revitaliza espacios públicos en barrios desfavorecidos. Ejemplo de ello son el Gimnasio Vertical, el Metro Cable de San Agustín y la sede de la escuela Fava para personas con autismo, todas en la capital venezolana.
Lucía Capanema Alvares, arquitecta especializada en urbanismo y profesora en la Universidad Federal Fluminense (UFF) de Brasil centra su enfoque de investigación en la planificación urbana, los movimientos sociales y el uso de los espacios públicos desde una perspectiva crítica. En Espacios públicos urbanos: de políticas planificadas a políticas cotidianas 2018, Capanema coeditó con Jorge Luiz Barbosa cómo las políticas urbanas afectan los espacios públicos y cómo los ciudadanos los utilizan para manifestar y confrontar las desigualdades impuestas.
Turistificación
El fenómeno creciente de la turistificación empieza cada vez más a transformar el espacio público para privilegiar su uso por parte de los visitantes, con las consecuentes reconfiguraciones en la economía, la estética y las dinámicas sociales de las áreas afectadas.
El experto en urbanismo Jorge Sequera destaca cómo este fenómeno “ha transformado el uso del espacio público, generando efectos como la masificación, la reconversión de barrios en zonas orientadas al turismo y la elitización de ciertos espacios urbanos. Estos cambios han provocado una pérdida del carácter local de muchos barrios, donde los residentes pierden acceso a viviendas asequibles y a espacios públicos que anteriormente les pertenecían”. Para el experto, esta reconfiguración del espacio público genera desigualdades significativas, desplaza a las comunidades locales y crea entornos más exclusivos y menos inclusivos
El tema resulta polémico, dado el peso del turismo -no solo el urbano- en el PIB de los 22 países iberoamericanos: 7,9% en Latinoamérica y Caribe, 9,5% en Portugal y 12,8% en España.
En la declaración de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Guatemala nació la Estrategia Iberoamericana de Turismo y Desarrollo Sostenible, impulsada por la SEGIB, UN Tourism y la UCCI. Su meta concreta: promover políticas públicas y herramientas que impulsen el turismo como factor clave para alcanzar la Agenda 2030. La apuesta implica un modelo turístico que potencie el desarrollo económico y social de las comunidades locales desde la innovación, la sostenibilidad y la accesibilidad.
“La llamada gentrificación amenaza la convivencia y mina la sostenibilidad de las ciudades, expulsa a los habitantes de los centros urbanos ante el incremento masivo de viviendas turísticas e incluso cuestiona la supervivencia de la cultura sobre la que se desarrollan. El turismo de proximidad, sin embargo, contribuye al reequilibrio territorial que beneficia a los sectores populares”, señala el arquitecto y urbanista mexicano Carlos Moreno, creador del concepto de la Ciudad de 15 minutos.
Economía de próximidad
Las múltiples crisis que afronta una sociedad global están gestando cambios estructurales en los modelos de producción y consumo. En ese sentido, las economías de proximidad dan prioridad a la producción, el consumo y la circulación local de bienes y servicios y presentan varias ventajas sobre las economías a gran escala en cuanto a los impactos generados: crean puestos de trabajo, reducen las tasas de pobreza y propician una mayor cohesión social.
Se generan también conexiones sociales más fuertes y comunidades más participativas al animar a los productores y consumidores locales a interactuar entre sí y a generar confianza y capital social dentro de la comunidad. Con la reducción de las cadenas de suministro de bienes y servicios, se modera también el impacto medioambiental de las actividades económicas, se favorece la circularidad de la economía y se promueve un aprovechamiento más eficiente de las infraestructuras.
Bogotá ha desarrollado una red de mercados móviles de proximidad que conecta directamente a los productores rurales con los consumidores urbanos, reduce la intermediación y fortalece la economía local. Estos mercados ofrecen productos frescos y de calidad y promueven el comercio justo y el desarrollo rural.
En los mercados de trueque de Ciudad de México la ciudadanía puede intercambiar residuos reciclables por productos agrícolas frescos. Se fomenta así el reciclaje y el apoyo a los pequeños agricultores locales. Este modelo ha sido muy exitoso en promover el consumo responsable y la reducción de residuos, además de fortalecer la economía circular a nivel comunitario.
Con 25 hectáreas, cultivables, 155 huerteros y un centro agroecológico de investigación, la ciudad argentina de Rosario es un ejemplo destacado en el despliegue de huertas urbanas como parte de su estrategia de economía de proximidad. El programa ha transformado espacios urbanos subutilizados en huertos productivos, gestionados por las comunidades locales. Las huertas proporcionan alimentos frescos y orgánicos a la comunidad, además de generar empleo y fortalecer los lazos comunitarios. Se ha promovido también la comercialización directa de estos productos en mercados locales y ferias que impulsan la autosuficiencia alimentaria y la economía local.
