Se da una paradoja inquietante. En un momento en que el espacio cívico se estrecha en buena parte de Iberoamérica —entre restricciones legales, vigilancia sobre activistas y presión financiera y política severas—, miles de espacios participativos pueblan la geografía latinoamericana. Sin embargo, la participación de la sociedad civil se queda en un acto meramente simbólico en la mayoría de los casos. “Te invitan a opinar, escuchan amablemente y luego hacen lo que ya tenían decidido”, afirma Inés M. Pousadela. Ante esa situación, la experta señala la próxima Cumbre como una oportunidad para que los Gobiernos vean a la sociedad civil como aliado, y no como un enemigo.
Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Argentina) y analista de CIVICUS —alianza de la sociedad civil que trabaja para reforzar la acción ciudadana en todo el mundo—, Pousadela ha estudiado este fenómeno durante años y su diagnóstico es claro: “La región ha construido una abundante arquitectura participativa que en el papel parece sólida, pero que rara vez se traduce en decisiones reales”. Las cifras lo corroboran: según CIVICUS Monitor 2025, el 60 % de los países de la región tienen espacio cívico obstruido o reprimido.
En esta entrevista para Somos Iberoamérica, la analista disecciona las causas que a su juicio pueden estar detrás de este fenómeno persistente y sugiere caminos, ideas y opciones para avanzar hacia esa participación significativa que la sociedad civil persigue desde hace décadas.
¿Cómo pueden los países avanzar hacia modelos de participación que vayan más allá de la consulta simbólica y promuevan una colaboración real en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas?
El gran problema en Iberoamérica es que seguimos atrapados en el nivel más bajo de la escalera participativa. La mayoría de los mecanismos existentes son espacios donde el gobierno informa a la ciudadanía o, en el mejor de los casos, recoge sus opiniones, pero sin obligación de actuar en consecuencia. En la práctica, te invitan a opinar, escuchan amablemente y luego hacen lo que ya tenían decidido.
Para avanzar hacia una participación real se necesitan tres cosas. Lo primero es institucionalizar estos espacios de participación que muchas veces se crean por decreto, lo que quiere decir que dependen de la voluntad del presidente de turno. Como consecuencia, cambian, desaparecen o se vacían cuando entra un gobierno con diferente orientación. Un caso muy obvio es el de Brasil. Bajo gobiernos del Partido de los Trabajadores se crearon decenas de consejos participativos a nivel federal, estadual y municipal, pero cuando llegó Bolsonaro, los disolvió todos por decreto.
Después es necesario definir claramente su funcionamiento. Hay que plantearse para qué sirven esos espacios y asegurarse de que abarquen todo el ciclo de las políticas públicas: diseño, implementación, monitoreo y evaluación. Las consultas que llegan solo al principio o al final no sirven casi para nada. Además, debe existir obligación de rendir cuentas, con explicaciones claras sobre qué se toma en cuenta y qué no.
El tercer elemento consiste en garantizar una composición equilibrada entre los gobiernos y la sociedad civil, donde los representantes no sean designados por el gobierno, sino elegidos de manera autónoma por las propias organizaciones. Si la designación depende del Estado, muchas veces se favorece la cooptación y se excluyen voces críticas o independientes.
Existen, no obstante, algunos ejemplos que pueden servir de referencia para mejorar la participación, como la experiencia de la Alianza para el Gobierno Abierto, con foros multiactor paritarios entre gobierno y sociedad civil, reglas claras, mecanismos de retroalimentación y obligación de explicar por qué se acepta o rechaza una propuesta. No es perfecto, pero está varios escalones por encima de la mera consulta. También países como Colombia cuentan con marcos participativos a todos los niveles con un buen diseño participativo, sin embargo, la implementación y el funcionamiento fallan. Esto demuestra que, sin voluntad política sostenida, recursos y resultados visibles, incluso los mejores diseños no sirven y la ciudadanía abandona esos espacios.
Aprovechar las ventanas de oportunidad exige preparación. Cuando se abre una, hace falta contar previamente con propuestas sólidas
CIVICUS habla desde hace años de ventanas de oportunidad para la incidencia. ¿Cómo se detectan y de qué manera puede aprovecharlas la sociedad civil?
Las ventanas de oportunidad son momentos excepcionales que hacen posible lograr avances que en condiciones normales no ocurrirían. Las crisis son uno de ellos. La pandemia, por ejemplo, permitió poner en la agenda pública temas como la salud pública, las desigualdades estructurales, la protección social, incluso las desigualdades de género en las tareas de cuidado.
También pueden abrirse tras elecciones cuando llegan gobiernos con compromisos de reforma, o tras protestas masivas que obligan a abrir diálogos antes bloqueados —como pasó en Chile, donde el estallido social produjo un proceso de reforma constitucional, aunque después no salió como se esperaba, pero eso es otro tema.
Los compromisos internacionales y, retomo aquí la Alianza para el Gobierno Abierto, abren también ventanas para generar nuevas oportunidades de participación institucionalizada. Ecuador es buena prueba de ello. Aunque entró tarde en la Alianza, consiguió abrir espacios de cocreación que antes no existían.
Pero aprovecharlas exige preparación. Normalmente, cuando se abre la ventana no hay tiempo para empezar desde cero, de modo que las organizaciones que tienen ya diagnósticos elaborados, propuestas técnicas sólidas, coaliciones construidas son las que más efectividad logran. En este sentido, es importante insistir en que la incidencia efectiva no es una carrera de velocidad, sino una maratón: los cambios verdaderos suelen ser lentos y acumulativos y la persistencia es la clave. Además de esto, las organizaciones que consiguen aprovechar la ventana de oportunidad desde múltiples frentes —litigio estratégico, movilización, trabajo mediático, incidencia internacional— logran más y mejores resultados.
Las señales de alerta temprana son bastante reconocibles y empieza por algo que muchas veces pasamos por alto: las narrativas
¿Cómo puede la sociedad civil identificar temprano las limitaciones al espacio cívico y activar acciones eficaces de defensa?
Hay que construir sistemas de alarma temprana. El cierre del espacio cívico nunca ocurre de un día para otro; es gradual y sigue patrones reconocibles. El problema es que muchas organizaciones civiles no reaccionan hasta que es demasiado tarde, cuando revertir esos procesos es mucho más difícil.
Actualmente estamos lidiando con gobiernos que están usando herramientas de represión severas. En Iberoamérica, las señales de alerta temprana son bastante reconocibles y empiezan por algo que muchas veces se pasa por alto: las narrativas. Cuando los gobiernos cuestionan sistemáticamente la legitimidad de las organizaciones y tratan de debilitarlas acusándolas, por ejemplo, de ser agentes extranjeros o de estar financiadas por potencias imperialistas, eso es una alerta. Esa retórica que aparentemente no hace demasiado daño porque “son solo palabras”, prepara el terreno para después desarrollar acciones más profundas que muchas veces acaban con ellas. Por eso es sumamente importante pelear la lucha de las narrativas desde el inicio.
Luego viene el control abusivo del financiamiento, con leyes que exigen registro de fondos internacionales, la aprobación gubernamental para recibir ayudas o incluso la prohibición directa. Después la burocracia asfixiante: leyes de ONG –que la sociedad civil muchas veces llama leyes antiONG por su dureza–, inspecciones arbitrarias, multas, cancelación de personalidad jurídica. Y finalmente la criminalización de la protesta, la persecución judicial y, lo más grave, la violencia contra activistas.
La respuesta efectiva requiere actuar ante las primeras señales y tiene que ser multidimensional, documentada y, si se puede, mejor colectiva que individual. Herramientas como el CIVICUS Monitor permiten evaluar las libertades cívicas de cada país y activar la presión internacional. Las plataformas nacionales y las redes regionales e internacionales son clave para amplificar denuncias, y también los mecanismos internacionales de derechos humanos como el sistema interamericano o los procedimientos de Naciones Unidas, entre otros. Muchos gobiernos que no responden mucho a la presión interna sí son sensibles a la internacional, especialmente si afecta a su reputación o a sus relaciones diplomáticas y, sobre todo, comerciales.
La sociedad civil hace cosas increíbles en circunstancias adversas, pero necesita superar la fragmentación y comunicar mejor
¿Cómo evalúa el estado actual del movimiento de la sociedad civil en la región y qué margen de mejora cree que tiene?
La sociedad civil latinoamericana está haciendo cosas increíbles en condiciones cada vez más adversas. ¿Cómo?: evitando la fragmentación, afinando las estrategias, planificando a largo plazo y, definitivamente, mejorando la comunicación.
El tema de la fragmentación es muy importante. Muchas organizaciones trabajan de forma aislada y, además, luchan entre ellas por lograr fondos, visibilidad, protagonismo. Todo ello, lejos de ayudar, debilita al movimiento. Hace falta articular redes amplias que crucen sectores, temas e incluso que incluyan diferencias ideológicas para ser más fuertes.
También están las estrategias. Está más que demostrado que las organizaciones más exitosas son las que combinan distintas tácticas a la vez: presencia institucional, movilización, investigación, comunicación. Pero la falta de planificación a largo plazo es un lastre para el movimiento social. Muchas organizaciones operan en modo supervivencia, reaccionando a cada crisis en lugar de construir agenda.
Y luego está la comunicación, quizá el punto clave. Se usa jerga técnica, se producen informes que nadie lee, se habla para los convencidos… Falta comunicación estratégica que genere mensajes que conecten con la gente. Hace falta construir una narrativa positiva, que comunique el valor concreto de la sociedad civil: qué logros se alcanzan, a cuántas personas benefician, por qué importan. Cuando la ciudadanía entiende el valor de la sociedad civil, es más difícil la represión para los gobiernos. Todo ello, sin duda, potenciaría el impacto de la sociedad civil.
Cuando la ciudadanía entiende el valor de la sociedad civil, es más difícil la represión gubernamental
El informe Espacios de la sociedad civil del que usted es autora, detecta que muchos mecanismos participativos están bien diseñados normativamente, pero no funcionan en la práctica. ¿Qué lo explica? ¿Ha cambiado algo desde la publicación del estudio en 2024?
Lamentablemente no. Si acaso, lo que vemos es una regresión democrática en muchos países y la causa principal es la falta de voluntad política.
Los motivos que en mi opinión explican este fenómeno son varios, por ejemplo, algunos espacios se crean solo para cumplir con estándares internacionales, demandas de donantes o movilizaciones ciudadanas, pero luego no se reglamentan, no se convocan o se hacen sin recursos reales. Además, cuando el mecanismo depende de un decreto o resolución administrativa, es muy fácil que esa fragilidad institucional acabe provocando la paralización o desaparición de los espacios en cada cambio de gobierno.
Otros factores a tener en cuenta son los diseños defectuosos de los espacios. En la mayoría de los casos son meramente consultivos, sin capacidad de decisión, y las autoridades no tienen obligación de explicar qué hacen con los aportes que reciben.
También está la cooptación: incluso cuando los espacios existen, su composición queda sesgada cuando es el gobierno quien elige a los representantes o excluye directamente las voces críticas.
Y por supuesto, la escasez presupuestaria. Participar implica costos que muchas organizaciones, sobre todo las pequeñas, no pueden asumir. El resultado: espacios que parecen bien hechos sobre el papel, pero que terminan no funcionando en la práctica.
¿Qué riesgos implica que la participación se limite a opinar sin capacidad de influir?
El riesgo principal es la desafección: cuando la gente invierte tiempo, expectativas, esfuerzo, y no ve resultados, renuncia. Y eso genera deserción ciudadana, empobrecimiento del movimiento cívico, pérdida de diversidad. Los espacios efectivos se convierten en cámaras de eco del discurso gubernamental. Además, existe un riesgo grave de legitimación espuria: los gobiernos usan esos espacios para dar apariencia de democracia participativa, cuando en realidad las decisiones ya están tomadas. También hay un peligro de despolitización cuando la participación se reduce a un ejercicio técnico, sin cuestionar relaciones de poder.
Un espacio consultivo puede tener valor, pero solo si hay diálogo real, construcción colectiva, deliberación genuina y obligación de responder públicamente.
Las leyes deben establecer mandatos claros, composición equilibrada y capacidad de autoconvocarse
¿Qué deberían hacer los Estados para garantizar estabilidad y autonomía a los espacios participativos?
Primero, legislar creando espacios permanentes, no por decreto coyuntural. La ley debe definir con claridad el mandato, composición, atribuciones, procedimientos, periodicidad, obligación de rendir cuentas…. También debe permitir la autoconvocatoria, ya que muchos gobiernos simplemente dejan de reunir los espacios sin más explicación, asignar presupuestos y algo más esencial aún: que los representantes de la sociedad civil sean designados por la propia sociedad civil —con convocatorias abiertas o elecciones internas—, no por el Estado. Esa autonomía es la base para un diálogo real y democrático.
Por último, la composición de los espacios debe ser equilibrada. Si los gobiernos los dominan, no hay deliberación real. Además, debe existir obligación de publicar informes periódicos que expliquen cómo se adoptan las recomendaciones, por qué se aceptan o se descartan, y qué mecanismos habrá para monitorear su cumplimiento.
¿Hasta qué punto la falta de recursos (humanos, institucionales, financieros) frena que la participación sea real y no meramente formal?
De forma determinante. Recursos no significa solo dinero, implica tiempo, personal capacitado, infraestructura, acceso a información, tecnología, desplazamientos. Por ejemplo, la mayoría de los espacios participativos de la región carece de secretaría técnica, muchos de presupuesto propio, sede física, plataformas digitales para participación remota… Para una organización pequeña de base rural, participar en un espacio nacional implica altos costos de traslado, personal, acompañamiento técnico. Si el Estado no los cubre, terminan participando solo organizaciones grandes urbanas, lo que sesga la voz hacia las élites.
Además, sin recursos no hay sostenibilidad. Muchas organizaciones comienzan con entusiasmo, pero no pueden mantener la participación en el tiempo. Y cuando dependen de fondos estatales condicionados, se corre el riesgo de cooptación: la independencia se sacrifica por la supervivencia.
Una participación significativa implica el ciclo completo, diálogo, información, inclusión y consecuencias visibles
¿Qué criterios considera indispensables para que un mecanismo sea realmente significativo y no simbólico?
Primero, que cubra todo el ciclo de políticas públicas: identificación, diseño, ejecución, monitoreo, evaluación. No basta con consultar al inicio o al final.
Segundo, el carácter bidireccional: debe haber deliberación real, intercambio de argumentos, construcción conjunta. Las consultas que simplemente recogen sugerencias de forma unilateral no valen.
Tercero, información completa, accesible, oportuna: datos claros, estudios de contexto, escenarios, alternativas, en formatos comprensibles y tiempo suficiente para analizarlos. No informes técnicos de 500 páginas dos días antes de la reunión.
Cuarto, inclusión real: los espacios deben estar abiertos a todas las organizaciones relevantes, no solo a las afines. Eso implica crear condiciones para que organizaciones pequeñas, comunitarias o rurales participen: cubrir viáticos, permitir participación remota, horarios compatibles, interpretación cuando sea necesario.
Quinto, obligación de rendición de cuentas: las autoridades deben publicar cómo consideraron las propuestas ciudadanas, cuáles adoptaron, cuáles rechazaron y por qué. Todo esto debe ser público y con mecanismos de seguimiento.
Si un espacio cumple con todos esos criterios, puede generar cambios reales; si no, seguirá siendo solo un buzón de sugerencias vacío.
La Cumbre es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Se necesita el compromiso político al más alto nivel
De cara a la XXX Cumbre Iberoamericana, ¿qué debería cambiar para que la participación civil sea un elemento estructural?
La Cumbre es una oportunidad que no debemos desperdiciar. Se necesita compromiso político al más alto nivel, de presidentes y jefes de Estado, que reconozca a la sociedad civil como aliada, no como molestia. Ese reconocimiento debe convertirse en compromisos concretos, medibles, con mecanismos de seguimiento.
Por ejemplo, la Cumbre podría aprobar una declaración iberoamericana de colaboración ciudadana con estándares mínimos: garantías plenas de libertades de asociación, expresión y reunión pacífica; creación de mecanismos de alerta temprana; un sistema regional de solidaridad y presión diplomática ante restricciones del espacio cívico; recursos compartidos.
También podría establecerse un fondo regional para fortalecer a la sociedad civil: para litigios estratégicos, apoyo en redes, capacitación, comunicación, emergencias. Ese fondo debería gestionarse de forma conjunta entre Estados y sociedad civil, con criterios transparentes.
Y algo fundamental: institucionalizar la presencia de la sociedad civil en la Cumbre, con derecho a presentar agenda, intervenir y a dar seguimiento a los compromisos adoptados. No como invitados simbólicos, sino como actores con voz y voto real.
Finalmente, debe haber monitoreo riguroso, con indicadores públicos, informes periódicos, mecanismos de rendición de cuentas. Sin consecuencias, cualquier compromiso corre el riesgo de quedar en papel mojado.Pousadela concluye que, si en la próxima Cumbre los Estados se comprometen y la sociedad civil se organiza, se podría estar ante una transformación histórica: pasar de la consulta simbólica a la participación real, de la exclusión estructural a la democracia compartida.
