La financiación internacional para el desarrollo está en un punto de inflexión. Eva Granados Galiano, Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, advierte que el sistema actual “se ha quedado corto” del siglo XXI, y defiende una arquitectura financiera más justa.
En vísperas de la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo de Sevilla, España propone reforzar el multilateralismo inclusivo y movilizar recursos sin agravar el endeudamiento de los países más vulnerables de Iberoamérica. En esta entrevista, respondida por correo electrónico, la política española impulsa un nuevo enfoque basado en la equidad, la sostenibilidad y la eficacia, con propuestas concretas para fortalecer el sistema, reformular los criterios de acceso a financiación y ampliar las alianzas entre sectores.
¿Cuál es el objetivo concreto de esta cumbre en Sevilla y qué resultados espera el Gobierno de España que salgan de ella?
La Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD4), que acoge España en la ciudad de Sevilla, tiene como objetivo renovar profundamente el marco global de financiación para el desarrollo sostenible. Partimos de una premisa clara: el sistema actual se ha quedado corto frente a los desafíos del desarrollo y la implementación de la Agenda 2030.
España, como país anfitrión, ha impulsado que esta Conferencia no sea solo una revisión técnica de la Agenda de Acción de Addis Abeba, sino un momento político que permita reafirmar un compromiso colectivo con el multilateralismo y la cooperación internacional, y reforzar las capacidades de movilización de flujos financieros (públicos y privados) hacia el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible.
El sistema actual se ha quedado corto frente a los desafíos del desarrollo y la implementación de la Agenda 2030
En ese sentido, esperamos que la Conferencia culmine en un nuevo marco de financiación global ambicioso y operativo, que sirva como guía para todos los actores implicados: gobiernos a todos los niveles, organismos multilaterales de desarrollo e instituciones financieras internacionales y sector privado, con importantes contribuciones desde la sociedad civil organizada y la academia; refuerce un multilateralismo inclusivo, eficaz y efectivo; impulse una arquitectura financiera internacional más inclusiva que refuerce la voz y la representación de los países en desarrollo; asegure compromisos tangibles en áreas críticas como la lucha contra la pobreza y las desigualdades, la sostenibilidad de la deuda, la financiación climática, la justicia fiscal y la lucha contra los flujos ilícitos y la corrupción, la protección social, la igualdad de género y la transformación digital con enfoque de derechos.
En el proceso preparatorio hacia la Conferencia de Sevilla, España, en su calidad de Secretaria pro Tempore de la Conferencia Iberoamericana, pronunció en Nueva York una intervención conjunta en nombre de los 22 países iberoamericanos. Allí hizo un llamado claro a favor de un sistema de cooperación tome en cuenta una métrica multidimensional del desarrollo, más allá del PIB per cápita. ¿Nos puede ampliar un poco más sobre este posicionamiento iberoamericano y la importancia de medir el desarrollo de manera multidimensional?
En nombre de los 22 países iberoamericanos, el pasado 30 de abril en Nueva York -en el marco de la cuarta sesión del Comité Preparatorio de la Conferencia de Sevilla, hicimos un llamado firme y coordinado para replantear la forma en que entendemos y medimos el desarrollo sostenible. El PIB per cápita ha sido durante décadas el indicador hegemónico, pero ha demostrado ser insuficiente. No captura de forma completa las múltiples dimensiones que afectan a la vida de las personas: desigualdades, acceso efectivo a servicios básicos, vulnerabilidades ambientales y climáticas, o desafíos en materia de gobernanza democrática, entre otras.
Defendemos acuerdos con métricas que capturen la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible y recojan consideraciones sobre capacidad institucional, impactos del cambio climático y dinámicas demográficas
Por todo ello, defendemos acuerdos sobre el uso de métricas que capturen la naturaleza multidimensional del desarrollo sostenible, que incluya: indicadores de vulnerabilidad estructural, como el índice de vulnerabilidad multidimensional (MVI); medidas contra la desigualdad y la pobreza, de acceso a derechos y resiliencia frente a las crisis y consideraciones sobre capacidad institucional, impactos del cambio climático y dinámicas demográficas.
Además, en Sevilla lanzaremos la Alianza Global Más Allá del PIB, compuesta por países y entidades interesadas como OCDE o UNCTAD, comprometidas con la integración de métricas más completas del desarrollo sostenible en las políticas y en la práctica financiera.
¿Qué diagnóstico hace del sistema actual de financiación al desarrollo?
El diagnóstico es claro y compartido: el sistema actual de financiación para el desarrollo sostenible requiere de cambios y de un impulso renovado al más alto nivel para ser capaz de responder adecuadamente a las necesidades reales de los países en desarrollo. Aunque ha habido avances desde las anteriores conferencias sobre financiación del desarrollo de Monterrey, Doha y Addis Abeba, las brechas de financiación para cumplir con las metas acordadas en el marco de la Agenda 2030 son inmensas, y no hemos sido capaces de avanzar con la debida celeridad en la movilización real de la financiación del sector privado y en la implementación plena de la agenda de eficacia.
¿Por qué esa necesidad de revisión del sistema?
Porque los desafíos han cambiado y se han intensificado: crisis climáticas, pandemias, conflictos, desigualdades crecientes, sobreendeudamiento y pérdida de confianza en el sistema multilateral. Hoy, la financiación al desarrollo debe responder a un contexto de policrisis, donde los modelos tradicionales, basados en transferencias de Norte a Sur o únicamente en la cooperación bilateral, resultan insuficientes. Es urgente un sistema más inclusivo, representativo y flexible, que canalice recursos públicos y privados hacia los verdaderos retos del desarrollo sostenible, priorizando las necesidades de los países y comunidades más vulnerables, más allá de su nivel de renta.
¿Qué cambios estructurales son necesarios para que la financiación al desarrollo sea más eficaz, sostenible y centrada en las prioridades regionales de Iberoamérica?
Desde la perspectiva iberoamericana creemos que la Cuarta Conferencia constituye una oportunidad para presentar una propuesta renovada y adaptada a los desafíos globales actuales capaz de contribuir al avance del diálogo multilateral en el ámbito del Sistema de las Naciones Unidas y de las instituciones financieras internacionales.
Los Estados miembros de la Comunidad Iberoamericana defendemos un sistema de cooperación internacional para el desarrollo que tome en cuenta una métrica multidimensional que defina los “criterios de medición del desarrollo, la asignación de la cooperación internacional para el desarrollo y la generación de instrumentos adecuados para acompañar a los países, que así lo deseen, en su transición hacia el desarrollo sostenible”.
Esta crisis de confianza puede ser el catalizador para repensar el sistema, fortalecer la solidaridad y avanzar hacia un multilateralismo más inclusivo, democrático y eficaz
¿Peligra esa cooperación con la actual situación geopolítica y las críticas al multilateralismo y al propio sistema de cooperación?
El contexto actual es complejo y plantea riesgos reales, tanto para la financiación del desarrollo como para el multilateralismo en su conjunto. La fragmentación geopolítica, el auge de discursos proteccionistas y la desconfianza en las instituciones multilaterales pueden debilitar aún más la cooperación internacional.
Pero también hay una oportunidad. Esta crisis de confianza puede ser el catalizador para repensar el sistema, fortalecer la solidaridad entre pueblos, países y regiones, y avanzar hacia un multilateralismo más inclusivo, democrático y eficaz, que escuche y responda a las realidades de los países en desarrollo, en toda su diversidad.
Como Gobierno de España estamos apostando sin ambages por esa renovación del sistema multilateral. Proponemos un sistema de cooperación que se base en la corresponsabilidad, en la escucha activa de las prioridades de los países socios, y en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible.
¿Qué propone España para acortar la desigualdad en el acceso a la financiación de países en desarrollo, y en especial para Iberoamérica?
España ha asumido un compromiso firme con las brechas en el acceso a financiación concesional, que afectan a muchos de los países que conforman la mayoría del espacio iberoamericano y que, pese a sus logros en desarrollo humano, siguen enfrentando grandes vulnerabilidades. Nuestra propuesta se basa en varios ejes clave:
- Reformar los criterios de acceso a financiación internacional: más allá del PIB per cápita. Uno de los aportes centrales de España ha sido liderar el llamamiento a favor de una medición del desarrollo que sea multidimensional. Apostamos por incorporar criterios como la vulnerabilidad estructural, la desigualdad interna, la resiliencia al cambio climático y la fragilidad institucional para determinar el acceso a recursos concesionales. Esto permitiría que países iberoamericanos que hoy quedan excluidos del financiamiento en condiciones favorables, puedan acceder a mecanismos adecuados a sus necesidades reales.
- Promover una arquitectura financiera más inclusiva y representativa.
- Movilizar alianzas público-privadas para una financiación sostenible con impacto social.
- Trabajar hacía una mayor justicia fiscal con sistemas fiscales progresivos y eficaces, capaces de invertir en las políticas sociales necesarias para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.
Iberoamérica, con su diversidad y potencial, debe estar en el centro de ese nuevo pacto financiero global.
¿Qué opina de la creciente presión para canalizar la financiación al desarrollo a través del sector privado? ¿Hay suficiente control sobre esos fondos?
La movilización del sector privado es necesaria, pero no puede ser ni la única vía ni una solución automática. Es innegable que los recursos públicos, por sí solos, no bastan para cerrar las brechas de financiación de la Agenda 2030, y que necesitamos multiplicar esfuerzos, también desde el capital privado. Pero esa movilización debe hacerse bajo reglas claras, transparencia y con garantías de impacto real.
La posición española parte de una visión equilibrada en la que el sector privado puede y debe ser un socio estratégico, especialmente en áreas como innovación, tecnología, energías renovables o emprendimiento social. Sin embargo, esa financiación debe estar alineada con prioridades nacionales y demostrar impacto en el desarrollo sostenible, no solo rentabilidad financiera.
Por ello, proponemos fortalecer la regulación y estandarización de los instrumentos financieros mixtos, priorizando la transparencia y la participación local; reforzar los criterios de condicionalidad social y ambiental en el uso de fondos públicos para atraer inversión privada e impulsar el desarrollo de métricas comunes de impacto, y promover su adopción entre bancos multilaterales y agencias de desarrollo.
En definitiva, el sector privado tiene un papel, pero no puede sustituir el liderazgo del sector público ni el compromiso político con los bienes públicos globales. La financiación al desarrollo debe estar guiada por los principios de solidaridad, justicia social y sostenibilidad.
- ¿Qué mecanismos innovadores se están discutiendo en Sevilla para movilizar recursos a gran escala sin aumentar la deuda de los países más vulnerables?
Este es uno de los temas más centrales en la Conferencia: cómo movilizar recursos de manera masiva, pero sin agravar el sobreendeudamiento que ya enfrentan muchos países. Hay consenso en que no basta con más financiación, sino que esta debe ser más justa, accesible y sostenible. Entre los mecanismos discutidos destacan:
- Instrumentos financieros innovadores, como fondos de garantía y mecanismos de protección frente a riesgos climáticos o económicos.
- Explorar un uso estratégico de los derechos especiales de giro del FMI, canalizados a través de los bancos de desarrollo, para proyectos con impacto en desarrollo y resiliencia.
- Financiación en moneda local para reducir riesgos cambiarios, una prioridad especialmente para las pequeñas economías.
- Fomento de los canjes de deuda por ODS.
- Aumentar el apoyo a los países para que mejoren la movilización de los recursos públicos nacionales y luchen contra la corrupción y los flujos financieros ilícitos
¿Cree que los impuestos globales (a transacciones financieras, emisiones, multinacionales) son una solución viable para financiar el desarrollo sostenible?
Desde España apoyamos avanzar hacia un marco fiscal global más justo. La viabilidad política dependerá de la voluntad colectiva, pero la necesidad es innegable, y ya estamos viendo avances en la discusión sobre un marco fiscal internacional en Naciones Unidas, que busca garantizar que las multinacionales tributen donde generan valor. También los hay en cuanto al impulso a impuestos sobre emisiones de carbono del transporte internacional o sobre transacciones financieras, que podrían alimentar fondos globales para bienes públicos como el clima o la salud.
España defiende que estos instrumentos deben tener carácter redistributivo, y que los países iberoamericanos deben participar activamente en su diseño y gobernanza.
En términos prácticos, ¿cómo pueden los países iberoamericanos acceder a fuentes innovadoras de financiación, como bonos sostenibles, blended finance o canjes de deuda por acción climática?
La clave está en crear capacidades locales e institucionales para estructurar proyectos bancables, sostenibles y alineados con los ODS. En este sentido:
Apoyamos el desarrollo de Marcos Nacionales de Financiación Integrada (INFFs) que permiten alinear estrategias nacionales con instrumentos financieros innovadores.
- Impulsamos la asistencia técnica para el diseño y emisión de bonos verdes, sociales o climáticos, incluyendo al nivel subnacional.
- Trabajamos con socios multilaterales para facilitar acceso al blended finance, asegurando que los proyectos tengan impacto real, participación local y rendición de cuentas.
Además, instamos a los bancos multilaterales a simplificar y acelerar sus procedimientos, y a los donantes tradicionales a asumir más riesgos para desbloquear inversión privada en proyectos de alto impacto.
¿Qué peso están tomando los nuevos actores (como la banca multilateral regional, fondos verdes o inversión privada con impacto social) frente a los donantes tradicionales?
Cada vez más, el sistema de financiación al desarrollo es más multipolar y multiactor. Bancos regionales, fondos verdes y la inversión privada con impacto están creciendo en protagonismo, y eso es positivo si se garantiza coherencia, alineación con prioridades nacionales y transparencia. Los bancos regionales de desarrollo (como CAF o BID) son esenciales para Iberoamérica por su cercanía, conocimiento del contexto y capacidad de movilizar capital local. Los Fondos como el Fondo Verde para el Clima o el Fondo de Pérdidas y Daños ofrecen nuevas oportunidades, aunque aún hay barreras burocráticas que deben eliminarse. Asimismo, la inversión de impacto crece, especialmente en sectores como energías renovables, inclusión financiera y economía del cuidado.
¿Cuáles son los mecanismos de financiación impulsados o a implementar para garantizar una participación real de estos países en desarrollo, por ejemplo, para la sociedad civil y en su relación con el sector privado?
Creemos en un enfoque de financiación inclusiva y participativa. Por eso proponemos y apoyamos:
- Plataformas nacionales de coordinación de la financiación, lideradas por gobiernos y abiertas a la sociedad civil, sector privado, agencias internacionales y bancos de desarrollo.
- Mecanismos de presupuestos participativos y transparencia fiscal, para garantizar que los recursos lleguen a quienes más los necesitan.
- Apoyo a ecosistemas de innovación y emprendimiento social, especialmente liderados por jóvenes y mujeres, como motores de desarrollo territorial.
- Promoción de alianzas público-privadas de nuevo tipo, centradas en impacto, corresponsabilidad y sostenibilidad, no solo en rentabilidad.
Todo se puede resumir en la idea de que la innovación no es solo técnica o financiera: también es política e institucional. La región iberoamericana tiene un gran potencial para ser laboratorio de soluciones de desarrollo que combinen justicia social, sostenibilidad y participación real.
Si tuviera que priorizar una sola medida para mejorar el acceso de los países iberoamericanos a recursos para el desarrollo, ¿cuál sería y por qué?
Reformar los criterios de acceso a la financiación internacional para que reflejen la desigualdad y la vulnerabilidad medioambiental, y no solo el nivel de renta. Hoy en día, la gran paradoja que enfrentan muchos países iberoamericanos es que son “demasiado ricos” para acceder a financiación concesional, pero demasiado vulnerables para enfrentar por sí solos los desafíos del desarrollo sostenible, especialmente en un mundo profundamente interconectado con desafíos profundamente transnacionales. Sería, en esencia, reconocer que el desarrollo no es solo una cifra: es una realidad compleja que exige justicia financiera, coherencia política y solidaridad internacional.
