¿Cómo sería Iberoamérica si no hubiera brecha salarial, si las mujeres pudieran elegir libremente su empleo? ¿Qué pasaría si realmente hubiera igualdad en las tareas domésticas y de cuidados o se equiparasen a las licencias de maternidad-paternidad para que no existan diferencias entre contratar a un hombre o a una mujer?
Cada uno de los porcentajes reflejados en la infografía anterior representa una oportunidad para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres, ya que todos los países iberoamericanos tienen una o más leyes discriminatorias o protecciones legales insuficientes que limitan la igualdad económica de las mujeres. Existen, de media, al menos dos leyes por país discriminatorias contra las mujeres en cuanto a salarios, condiciones laborales, pensiones, oportunidades de emprendimiento, trabajo doméstico, entre otros.
Así lo ha documentado la plataforma ”Legislación en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres” de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y ONU Mujeres, un trabajo que analiza la legislación vigente en cada uno de los 22 países de la región e impulsa una agenda de reformas legislativas.
Un 45% de los países iberoamericanos cuentan con una ley específica para promover la igualdad entre hombres y mujeres
Con una Iberoamérica todavía enormemente golpeada por la crisis económica derivada de la pandemia, aumenta la desigualdad entre hombres y mujeres expresada en lo económico, el aumento de la violencia y la carga doméstica y de cuidados.
En este escenario, cabe preguntarse ¿por qué acabar con la desigualdad jurídica en materia de igualdad significa también disminuir la pobreza y encaminar recuperación con perspectiva de género? Marta Carballo, responsable del área de género de la Secretaría General Iberoamericana explica que el empoderamiento económico de las mujeres es un pilar fundamental de la igualdad de género , que es a su vez una precondición para alcanzar el resto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Las leyes sí importan
“Las leyes conforman una maquinaria idónea para poner fin a la discriminación directa que sufren las mujeres a lo largo de la vida y en su día a día. En este sentido, la agenda legislativa es requisito para allanar el camino hacia la igualdad real y sustantiva” explica el informe “Avances y Retos Legislativos en Materia de Autonomía y Empoderamiento Económico de la Mujer”, resultado del trabajo conjunto que desde 2018 realizan SEGIB y ONU Mujeres.
Conocer los cambios legales en cada uno de los países iberoamericanos está propiciando avances clave en varios países. Es el caso de Costa Rica, que este mismo año reformó dos artículos de su código laboral para eliminar restricciones a la libertad de elección de empleo de las mujeres. También el de Ecuador, que en 2021 ratificó el Convenio 190 de la OIT sobre violencia y acoso laboral o México, que ratificó el Convenio 189 de la OIT sobre trabajo doméstico, explican desde el área de género de la SEGIB.
La web también refleja cómo, desde 2019, al menos 4 países iberoamericanos (Colombia, España, Panamá y Uruguay) han introducido reformas para ampliar y mejorar la protección de la licencia por paternidad, por mencionar algunos ejemplos recientes. Legislación en pro de la igualdad.
Áreas de acción
El análisis de la legislación vigente en cada uno de los 22 países iberoamericanos en materia de autonomía y empoderamiento económico de las mujeres se sustenta en fuentes legislativas, convenios internacionales ratificados por cada país. Identifica también las prioridades legislativas basadas en los ocho ejes de acción según la estrategia “Igualdad ante la Ley para las Mujeres y las Niñas para el año 2030” que impulsó la SEGIB en conjunto con ONU Mujeres.
Hoy, un 45% de los países de la región cuentan con una ley específica para promover la igualdad entre hombres y mujeres y un 4,5% han promulgado una legislación específica en material de igualdad en línea con las recomendaciones de la iniciativa SEGIB-ONU Mujeres.
Reformas recomendadas
Aunque desde 2019 a la fecha se han producido algunos avances jurídicos, todavía queda mucho camino por recorrer en materia legal para paliar el efecto de la crisis y evitar más retrocesos en igualdad de género. Por ello, aunque la situación específica es diferente para cada país, las principales recomendaciones de la Iniciativa abarcan seis puntos clave:
- Ratificar los convenios de la OIT que promueven la igualdad de derechos entre hombres y mujeres.
- Revocar todas las leyes que promuevan la segregación ocupacional y las restricciones de las mujeres en la elección de empleo.
- Introducir o ampliar el principio de igual remuneración a trabajo de igual valor para eliminar la discriminación salarial, especialmente en profesiones tradicionalmente feminizadas.
- Adoptar textos legales que subrayen el pleno reconocimiento, redistribución y corresponsabilidad del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado y revisar las normas sobre licencias parentales para mujeres y hombres.
- Eliminar las leyes discriminatorias que socavan los derechos y la protección de las mujeres que realizan trabajos de cuidados y del hogar remunerados y promover medidas que supongan la equiparación de las condiciones laborales de las trabajadoras domésticas a las del resto de trabajadores/as.
- Revisar la densidad de cotización en el derecho a la pensión por vejez haciéndola proporcional a las edades de retiro diferenciadas por sexo, para evitar discriminaciones en la cobertura de las pensiones.
