En una sociedad digital donde los algoritmos, la inteligencia artificial y la realidad virtual ganan cada vez más protagonismo, ¿cómo garantizar el pleno ejercicio de derechos y responsabilidades? ¿Cómo desdibujar la línea que separa a ganadores y perdedores de esta digitalización imparable? ¿Cómo frenar exclusión digital de quienes no tienen ni la conectividad ni los conocimientos para aprovechar los beneficios de este presente y futuro tecnológico?
Ante una transformación digital que avanza más rápido que la regulación, Iberoamérica impulsa un acuerdo principios y objetivos comunes para una digitalización inclusiva, justa y centrada en las personas. La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, que se presentará en la XXVIII Cumbre de Jefes/as de Estado y de Gobierno, propone estándares comunes para aplicar al entorno digital los derechos humanos ya reconocidos en el mundo presencial, así como elaborar nuevos derechos para responder a los desafíos que plantean tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial o las neurotecnologías.
Aunque esta Carta no es vinculante ni afecta la aplicación de leyes nacionales, sí propone un punto de partida y un marco de referencia para desarrollar leyes y/o políticas públicas en los países que la suscriban, así como principios actualizados que puedan aplicar las empresas y la sociedad civil al momento de desarrollar y utilizar nuevas tecnologías.
“La adopción de esta Carta convertiría a Iberoamérica en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para poner a la persona en el centro de las políticas públicas digitales y garantizar sus derechos”, explica el Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, que ha hecho de la digitalización para un desarrollo justo e inclusivo uno de los principios guías de su gestión.
Iberoamérica podría convertirse en una de las primeras regiones del mundo en contar con estándares comunes para una digitalización centrada en las personas
Representantes de los países iberoamericanos trabajaron y afinaron la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales a partir de una propuesta de España, cuya Secretaria de Estado de Digitalización, Carme Artigas aseguraba en entrevista con el Portal Somos Iberoamérica que “nos encontramos ante la oportunidad histórica de protagonizar un desarrollo tecnológico ético y comprometido con los derechos humanos”.
Derecho a la inclusión digital
Para una región como América Latina, donde más de 244 millones de personas—el 32% de la población—no tiene acceso adecuado a la conectividad, la inclusión digital es un tema ineludible para garantizar que la transformación tecnológica no genere nuevas brechas ni profundice las ya existentes.
En este sentido, explica Alejandro Kawabata, director de Asuntos Jurídicos e Institucionales de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la inclusión digital es más que solo el acceso y calidad de conexión, sino que involucra también las posibilidades de las personas y de los países de aprovechar las ventajas y oportunidades de la transformación digital, algo que a su vez habilita el ejercicio de los derechos en el entorno digital.
Por tanto, también la inclusión digital se considera un derecho en sí misma, al posibilitar formas de ejercer derechos básicos como la educación, la salud, el acceso a la justicia o la información. Por ello, la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos Digitales, invita a adoptar políticas públicas inclusivas que atiendan a situaciones de vulnerabilidad de distintos colectivos y grupos sociales, partiendo de la relación entre inclusión digital e inclusión social.
En una región como América Latina, donde 244 millones de personas (32% de la población) carece de conectividad adecuada, la inclusión digital es un derecho y una asignatura pendiente
En este sentido, los países que suscriban esta hoja de ruta regional se comprometen a que la digitalización potencie el acceso a la educación, la cultura y la salud, así como a impulsar políticas públicas que promuevan un medio digital saludable que proteja a los más vulnerables, especialmente a la niñez de “entornos digitales abusivos y adictivos”, algo que celebran desde UNICEF al considerarlo “un paso en la dirección correcta para hacer realidad un mundo mejor para la infancia”.
El documento que suscribirán los países iberoamericanos en la próxima Cumbre también especifica que la falta de medios, habilidades o competencias digitales no puede suponer una discriminación para quienes no pueden o no están en disposición de integrarse en el proceso de transformación digital.
Protección de datos y ciberseguridad
Una digitalización centrada en las personas pasa también por un entorno digital seguro, donde se respete la privacidad y la protección de los datos personales, tanto en la relación con el Estado como en el ejercicio de actividades profesionales, lúdicas o sociales. Los países iberoamericanos se comprometen a ampliar la cooperación regional en esta área, así como avanzar en la interoperabilidad de los datos.
En lo que respecta a ciberseguridad, se impulsarán normas políticas y acciones educativas que conviertan la ciberseguridad y la lucha contra el cibercrimen en una causa común.
Participación y administración electrónica
Reconociendo que el entorno digital también puede ser terreno fértil para la desinformación, la polarización y acciones que afecten la convivencia social, los Estados que suscriban la Carta también se comprometen a garantizar el derecho de las personas a recibir libremente información veraz, tener protección legal contra la desinformación y consolidar la libertad de expresión en estos nuevos medios.
El acceso telemático a los servicios públicos debe ser inclusivo, accesible y seguro
Asimismo, en lo que respecta a las administraciones públicas, se entiende que la transformación digital debe servir para acercar los servicios del Estado hacia la ciudadanía, por lo que se establece que el acceso telemático a los servicios públicos sea inclusivo, accesible y seguro, que garantice el anonimato de los datos y que las personas no tengan que presentar reiteradamente documentos que ya estén en poder de la Administración y han sido suministrados telemáticamente.
Tecnologías emergentes
Ante los riesgos potenciales de una mala aplicación de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, el metaverso o las neurotecnologías, la Carta de Principios y Derechos Digitales propone un abordaje humanista de estos desarrollos tecnológicos emergentes, en sintonía con la Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial que suscribieron en noviembre de 2021 los 193 estados miembros de la UNESCO.
En el plano iberoamericano, la Carta que se presentará en la próxima Cumbre de Jefes/as de Estado, supone el compromiso de abordar colectivamente los desafíos que suponen para la integridad de la persona tecnologías en ascenso como el metaverso o las neurotecnologías. En este sentido, se impulsará un trabajo conjunto a nivel iberoamericano para el reconocimiento y diálogo sobre nuevos derechos asociados a la Inteligencia Artificial y los algoritmos de decisión automatizada.
Sobre el particular, la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, Carme Artigas, pone en valor que la Carta Iberoamericana refleje la protección de los derechos derivados del uso de estas tecnologías emergentes, cuyo mal uso puede tener “consecuencias irreversibles”, destaca.
Los países iberoamericanos realizarán un abordaje colectivo de los desafíos de tecnologías en ascenso como el metaverso o las neurotecnologías.
Artigas es partidaria de “una regulación inteligente, que no mate la innovación” y explica que “no se trata de regular todo, sino aquellos usos que pueden representar riesgos para las personas, las empresas y la sociedad en su conjunto.”
Como ejemplo de ello a nivel de la región está Chile, que en septiembre de 2021 se convertía en el primer país del mundo en contar con una ley para regular el uso de las neurotecnologías. Asimismo, reformó su Constitución para establecer “un desarrollo científico y tecnológico al servicio de las personas” y se consagra a nivel supralegal la protección de los neuroderechos.
Por su parte, la Carta de Derechos Digitales de España, aprobada en julio de 2021 también desarrolla derechos ciudadanos relativos a la Inteligencia Artificial, como el de no ser objeto de decisiones basadas únicamente en procesos automatizados, incluyendo procesos jurídicos, administrativos o diagnósticos de salud. La Carta española prohíbe expresamente el uso de sistemas de Inteligencia Artificial dirigido a manipular o perturbar la voluntad de las personas.
Mercados digitales justos, inclusivos y seguros
Los gobiernos iberoamericanos se comprometen también a impulsar una digitalización respetuosa de los derechos de las personas en el entorno virtual, tanto en su papel de consumidores como de trabajadores. Por ello la Carta recoge la importancia de que el proceso de digitalización respete los derechos laborales recogidos en las legislaciones nacionales, proteja a los consumidores de posibles abusos, promueva la libre competencia y prevenga prácticas monopólicas.
Al suscribir la Carta, los gobiernos iberoamericanos reconocen que la digitalización debe impulsar un modelo de desarrollo sostenible, que promueva la desconcentración demográfica y fortalezca el entorno rural. Todo ello, aseguran, abre oportunidades de generar más riqueza, fortalecer los sistemas productivos y las capacidades regionales compartidas, lo que a su vez se convierte en un elemento más de unión entre nuestros países.
El potencial de la digitalización para el desarrollo y la integración ha estado constantemente presente en los debates de la Conferencia Iberoamericana y se convirtió en un tema prioritario tras la acelerada transformación digital que impuso la pandemia. Ya en 2021, en la Declaración de la Cumbre de Andorra, se advertía la importancia de “alcanzar una sociedad digital inclusiva, regulada, segura y transparente para un desarrollo sostenible que permita eliminar las brechas digitales entre los países y dentro de ellos”.
La prioridad que la Secretaría Protémpore de República Dominicana otorga al tema, los desarrollos legislativos sobre digitalización y derechos digitales a ambos lados del Atlántico, así como la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 impulsan la voluntad política de los gobiernos iberoamericanos para adoptar una hoja de ruta común para una digitalización humanista, en forma de Carta de Principios y Derechos Digitales.
La XXVIII Cumbre Iberoamericana abre una ventana de oportunidad para hacer de la digitalización un vehículo de transformación y desarrollo.
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