Hasta 2023, obtener la certificación de discapacidad en Costa Rica podía demorar más de un año. Conseguir ese “papel”, indispensable para acceder a salud, educación, empleo y transporte adaptado, era objeto de una burocracia lenta y arbitraria. Hoy, el país ha logrado acortar significativamente esos plazos gracias a un modelo impulsado por el Programa Iberoamericano de Discapacidad.
Los datos avalan lo mucho que ha ganado el sistema y mientras en 2021 se emitieron 4.582 certificaciones, en 2024 la cifra superó las 13.200. El cambio se logró con un nuevo sistema de gestión que optimizó recursos de digitalización sin afectar derechos individuales.
En 2020, el sistema se vio agravado por la crisis sanitaria que provocó la pandemia y a mediados de 2023 acumuló más de 10.000 trámites pendientes, entre solicitudes y renovaciones, según datos del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), organismo adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social costarricense.
“Había personas esperando hasta más de un año para obtener la certificación”, recuerda Ana Leonor Sanabria, directora técnica de CONAPDIS y profesional especializada en derechos humanos y discapacidad. “Sin esa documentación, se les cerraban puertas para el acceso a una vida plena: empleo, vivienda, educación, salud, cultura, recreación y al transporte público…”. Para resolverlo, la directora ejecutiva del organismo, Bilbia González Ulate, lideró un plan de “medidas excepcionales” que transformó el sistema. Por una parte, se aprobaron prórrogas automáticas de certificados por 10 años para cerca de 6.500 personas, lo que liberó capacidad administrativa inmediata; se digitalizaron integralmente los trámites y expedientes, y además se activó la interoperabilidad con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS).
La certificación de personas con discapacidad se triplicó en los últimos tres años
El cambio permitió verificar diagnósticos médicos en tiempo real, evitando duplicaciones de tareas y reduciendo los tiempos de espera. En paralelo, se fortaleció el equipo de certificación con un enfoque interdisciplinario en el que participan médicos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogos. “Así se logró simplificar los trámites y reducir significativamente los tiempos de espera”, destaca Sanabria. Actualmente se procesan nuevas solicitudes de certificaciones oficiales en un promedio de dos meses. De esta manera, Costa Rica atravesó una transformación administrativa, pero también un cambio cultural. En palabras de Sanabria, la directora técnica de CONAPDIS, la burocracia comenzó a ponerse al servicio de la ciudadanía, en lugar de ser un obstáculo.
Certificar para integrar a Iberoamérica
El modelo costarricense forma parte de una estrategia regional coordinada por el Programa Iberoamericano de Discapacidad, lanzado en la XXVI Cumbre Iberoamericana para promover políticas inclusivas. A través de esta iniciativa, que cuenta con el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), Costa Rica recibió asesoría técnica, herramientas digitales y oportunidades de articulación con otros países. “Sin esa cooperación, no hubiéramos llegado tan lejos”, sostiene Sanabria. El intercambio de experiencias en esta materia ha sido clave en la región donde viven cerca de 90 millones de personas con discapacidad —el 15% de la población iberoamericana, según los datos del Banco Mundial, de la Comisión Europea y de la CEPAL.
El objetivo final no es solo acreditar una condición, sino transformar vidas, con resultados tangibles, insiste Sanabria, y menciona casos concretos detrás de las cifras: una vecina de San José, capital de Costa Rica, para quien obtener la certificación de discapacidad antes resultaba un trámite engorroso e interminable, y ahora celebra que el proceso sea en línea, rápido y accesible; un usuario de silla de ruedas que renovó automáticamente su carné sin perder beneficios de transporte y tratamiento médico; una madre que gestionó el trámite de su hijo menor desde casa sin faltar al trabajo. Según la experta, “estas historias muestran cómo el cambio estructural se traduce en autonomía y acceso real a derechos”.
El reto: poner la burocracia al servicio de la ciudadanía
Aunque gran parte del sistema de certificación de discapacidad en Costa Rica ya es digital, la transición total aún está en marcha para eliminar por completo el uso de papel y reducir más los tiempos de tramitación. Se prevé que para fines de 2025 se termine de digitalizar todo el sistema. El desafío, dice Sanabria, es avanzar hacia un país y una región plenamente accesibles: “Porque trabajar, estudiar, desplazarse con dignidad es un derecho, no un privilegio”. Y concluye con una frase que resume el espíritu del cambio de modelo en su país: “Nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad”.
